El exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, fue condenado este miércoles a cuatro años y medio de prisión, además de una multa económica y la inhabilitación para ocupar cargos públicos, luego de un juicio abreviado en el que ambas partes llegaron a un acuerdo.

La fiscal Gabriela Fossati pidió la condena por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, violación de secreto y conjunción de interés público con privado. La defensa del exfuncionario, Marcos Prieto, aceptó los cargos y el juez Alejandro Asteggiante aprobó el acuerdo y condenó con esa pena y por esos delitos a Astesiano.

En el pedido fiscal, al que accedió El País, la fiscal enumera los hechos considerados en su acusación y las pruebas reunidas.

En su relato, la magistrada señala que todo comenzó en el año 2021 cuando la Dirección Nacional de Identificación Civil recibió desde el exterior una noticia que señalaba que ciudadanos rusos utilizaban documentación uruguaya apócrifa. Luego de investigar la denuncia, la DNIC presentó una denuncia ante Fiscalía.

Los trabajos para la extracción de la documentación comenzaron en el año 2013 y se extendieron hasta el año 2022. Los primeros análisis vincularon a estas maniobras con el escribano Álvaro Fernández, quien inició su contacto con Astesiano en el 2021.

En ese momento, Fernández contactó al exjefe de la custodia presidencial como un “facilitador”, dados sus contactos por su “condición de jefe de seguridad móvil del presidente de la República y su familia”. Ambos se reunieron en varias oportunidades para “afinar su rol”, tanto en el despacho de Astesiano en Torre Ejecutiva, el estudio de Fernández o en bares.

Astesiano recibió como adelanto de pago la suma de U$S 10.000, abonada en dos partes. Los “socios” de Fernández le entregarían la documentación que debía “facilitar o agilizar”. Según la fiscal, Astesiano “recibió alguna documentación pero no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo”.

La fiscal rechazó el delito de suposición de estado civil y le imputó un delito de asociación para delinquir, ya que entendió que Astesiano no hizo ninguna “acción positiva” para efectivizar las ciudadanías apócrifas.

La fiscal relata que el exfuncionario mantenía comunicaciones fluidas con múltiples jerarcas policiales, como el exsubdirector de la Policía, Héctor Ferreira; el exdirector ejecutivo, Jorge Berriel; el director del Sistema de Información, Fabricio Fagúndez; y el director de Inteligencia, Claudio Correa. En ocasiones, durante esas conversaciones se referían a aspectos “que no eran propios de su función”. Berriel es único imputado a causa de las derivaciones de este caso.

Fossati específica que Astesiano tenía acceso a las cámaras de videovigilancia ubicadas en Presidencia y que extraía desde allí “información de su interés o de terceros”. También accedía con los mismos fines al Sistema de Gestión en Seguridad Pública (SGSP) y solicitaba registros fílmicos de las cámaras de video vigilancia del Ministerio del Interior.

“Recibía información de interés de terceros por parte de funcionarios públicos; pedía y hacia ´favores´, gestionaba el traslado de un agente de Policía que le había proporcionado información en un caso familiar, solicitaba la intermediación de autoridades para la intervención de otro caso familiar; recibía en su despacho de trabajos personas que le realizaban planteos de toda índole, ajenos a su rol, que no siempre solucionaba”, añade el texto fiscal.

Entre los episodios que Astesiano no solucionaba, la fiscal enumera el pedido de un exjugador de Peñarol, que le solicitó al exfuncionario que agilizara el proceso para que la Policía diera el visto bueno a los permisos de Bomberos y la Intendencia y así poder abrir un boliche bailable.

El grueso de los pedidos ilícitos, según la magistrada, fueron los que le realizó a Berriel. “Algunos bordean la apariencia delictiva, otros inequívocamente son ilícitos”, señala la magistrada.

En ese marco, relata que el 3 de abril del 2022 Astesiano le pidió a Berriel información sobre el caso de un presunto abuso sexual en grupo contra una adolescente durante una fiesta de jóvenes del Partido Nacional. En esa información se identificaba el nombre de la menor de edad, el de su madre, el lugar del hecho, datos de los presuntos responsables y testigos, circunstancias y demás. “Esa información nunca debió ser entregada”, dice la fiscal citando el artículo 159.2 del Código del Proceso Penal.

La fiscal añade el pedido de información por un delito cometido por un integrante de la seguridad presidencial, además de cambios de favores con un policía que le aportó información sobre una investigación en la que el hijo de Astesiano estaba siendo investigado. Astesiano le pidió a Berriel que gestionara el traslado de ese policía al departamento a Rivera.

“Astesiano proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía a su entorno de presidencia, como por ejemplo al secretario personal del presidente, Nicolás Martínez, o al propio presidente Luis Lacalle Pou. En ocasiones, y dado que siempre obtenía información, era consultado sobre distintos hechos”, relata la fiscal.

La magistrada señala que el imputado “recibía pedidos de información” de parte de civiles y funcionarios públicos, y se comprometía a brindarla, “pero la mayoría de las veces no lo hacía”. Sí “procuraba beneficios para sus actividades civiles y particulares a partir de la información que obtenía”, sentencia.