UN 14% MÁS QUE EL AÑO PASADO

El caso de Balcedo se investiga en dos juzgados diferentes.

La polémica por el estilo de vida ostentoso de un sindicalista argentino abrió un debate en el sistema político en relación al lavado de activos. El año pasado se reportaron en Uruguay alrededor de 550 operaciones sospechosas de lavado, un 14% más que el año anterior y la tendencia es creciente.

"En el 2015, las operaciones reportadas como sospechosas fueron 480 más o menos y el año pasado andan en el entorno de unas 550. Eso lo investiga el Banco Central y cuando encuentran elementos se los traslada a la Justicia", explicó a El País el secretario Antilavado Daniel Espinosa.

La cifra de reportes de actividades sospechosas viene en aumento, ya que en 2014 se habían detectado 363. En promedio, entre 10 o 15 casos se ponen en conocimiento de la Justicia Penal por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. La ley antilavado, aprobada en diciembre del año pasado, también designa como nuevos sujetos obligados de hacer reportes a los abogados y contadores, los que se suman a los escribanos. En todos los casos, las obligaciones recaerán únicamente cuando dichos profesionales actúen por orden del cliente en tareas vinculadas a la administración de activos.

El caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo será instruido por al menos dos juzgados y dos fiscalías letradas, una de Montevideo y otra de Maldonado. Por un lado una sede penal de Montevideo deberá tramitar el pedido de extradición solicitado por Argentina y la otra de Maldonado investigará si efectivamente se trata de un caso de lavado de activos.

En caso de oponerse a la extradición, los abogados de Balcedo podrán apelar el dictamen ante la Suprema Corte de Justicia.

Argentina tiene un plazo de treinta días para presentar la documentación que establece el tratado firmado entre ambos países en el año 1999.

Por otro lado, la fiscalía letrada de 2º turno de Maldonado a cargo de la doctora Sabrina Flores, deberá establecer si Balcedo cometió algún delito en territorio nacional.

Si bien Uruguay cuenta con una nueva ley de lavado, que establece delitos precedentes, en el caso de Balcedo se aplicarán las normas vigentes antes del pasado 1 de enero. La pena tiene un mínimo de dos años a un máximo de quince años de penitenciaría. Si es condenado por este delito, la situación generará una controversia con el pedido de las autoridades argentinas. En este caso existe el principio de "non bis in ídem". Es decir, que no podrá ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Hasta ahora se identificaron dos inmuebles de Balcedo en Piriápolis. El primero conocido como la chacra "El Gran Chaparral" y una segunda propiedad es la llamada "Sounión" a 2,7 kilómetros de la primera. Propietarios del camping ecológico El Edén aclararon que no es propiedad de Balcedo y tampoco tienen ningún vínculo con él.

La pareja de Balcedo, Paola Fiege, de 33 años fue trasladada de una cárcel en Fray Bentos a Campanero, en el departamento de Lavalleja, informó el diario argentino Clarín.

Una crónica del diario señala que Fiege tenía gustos costosos. Por ejemplo, se incrustaba piedras preciosas en los dientes y solía usar el pelo mitad rubio y mitad rosa.