La historia empezó con charlas informales entre algunos músicos y el presidente de la República. Allí, en esas conversaciones un año atrás, lograron hacerle entender a Luis Lacalle Pou que algo funcionaba mal en el sistema de regalías de las plataformas como Spotify. El asunto es así: en Uruguay por cada clic de un usuario, cobra una empresa distribuidora digital que está en el exterior, cobra el sello discográfico, cobra el artista principal que interpreta la canción y cobra el autor del tema a través de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu). Pero por esa reproducción -acá y en la mayoría de los países- no cobran quienes puedan haber participado en la grabación como músicos de sesión, que están representados por la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes (Sudei).

Vamos a llamarlos “intérpretes secundarios”, para diferenciarlos de los principales. Esos no ven un peso por la música en las plataformas, a diferencia de lo que sucede con los derechos por la reproducción en la tele, radios, en conciertos y fiestas, donde Agadu recauda el dinero y le cede un porcentaje a Sudei y a la Cámara Uruguaya del Disco (CUD, que agrupa a las disqueras).

Tras aquellas conversaciones, Lacalle se convenció de que había que ir por una modificación legal, lo que Sudei respaldó desde el arranque. “Le dijeron que esto era favorable para los artistas”, resume un legislador nacionalista que pide no ser identificado, “pero le habían contado solo una parte de la historia”.

Porque no todos los artistas iban a quedar contentos.

El presidente encomendó al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) la elaboración de artículos que luego entrarían en el proyecto de Rendición de Cuentas y que con algunos cambios terminaron siendo el 329, 330, 331 y 332. Entre otras cosas, establecen que el intérprete de una obra tiene “el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, internet o redes digitales”. Y que las entidades de gestión “debidamente autorizadas a funcionar, ejercerán la representación de artistas intérpretes o ejecutantes”.

Sigue la historia. Los diputados de la comisión de Presupuestos y Hacienda analizaron los artículos y vieron que podían traer problemas. Por eso, acordaron sacar el tema del proyecto de Rendición para analizarlo más adelante en otra comisión. Pero, relatan fuentes legislativas, que en una reunión en Torre Ejecutiva, Lacalle Pou preguntó a los representantes de la coalición qué había pasado con aquellos artículos. Y pidió volver a incluirlos.

Ellos cumplieron. Ya en el Senado, los legisladores confirmaron que el tema era más complejo de lo que parecía al principio, porque Spotify no estaba dispuesta a pagar un peso más que hoy, lo que —como veremos más adelante— ronda el 70% de sus ingresos: eso es lo que destina a la industria de la música. La plataforma, a través de abogados, hizo contacto con los senadores y luego lanzó una amenaza en forma pública: si la ley se votaba así, se retiraría de Uruguay, porque entendía que se generaba un peligroso precedente para sus intereses.

Así las cosas, el senador nacionalista Jorge Gandini propuso una redacción que, él creía, iba en la línea fijada desde Torre Ejecutiva, pero a la vez dejaba la puerta abierta a definir todo en una reglamentación. Esos artículos se votaron por unanimidad.

Ya con la ley aprobada y la advertencia sobre la mesa de que Spotify se iba del país, hubo negociaciones lideradas por el entonces secretario de Presidencia Álvaro Delgado, que terminaron en un decreto reglamentario que evitó la salida de la empresa de streaming, ya que dejó bien claro que las plataformas no estarán obligadas a pagar a esos músicos de sesión, sino “la parte con la que el respectivo artista intérprete haya contratado, tales como los productores de los correspondientes fonogramas”. Y, a la vez, se encomendó al Ministerio de Industria a crear una comisión con representantes de los intérpretes y productores, que se supone deben ponerse de acuerdo en cómo y quién paga a Sudei por las reproducciones digitales. Esta comisión sesionará por primera vez el 30 de enero, según la invitación que recibió la agremiación de intérpretes. No hay plazo de funcionamiento.

Foto: Freepik.

Hasta aquí lo conocido. El futuro es incierto pero lo resume así un senador oficialista: “El gran lío es entre los sellos y los artistas. El dinero debe salir de los sellos”. Pero no todo es tan simple. ¿Qué hay detrás? Para empezar una larga historia de desconfianza entre muchos músicos y Sudei. De un lado, artistas que pusieron el grito en el cielo por la amenaza de que Spotify se retiraba del país porque perdían así su vidriera, así como parte de sus ingresos (por más modestos que estos sean, en algunos casos). Del otro lado, una organización tradicionalmente dirigida por músicos asociados al movimiento tropical y acusada de ser muy poco transparente por la forma en que reparte el dinero. En el medio, las discográficas que tampoco quieren pagar más y están dispuestas a dar la lucha para no ceder parte de sus ingresos a esos intérpretes secundarios.

La batalla de la música está instalada.

“Si hablás con casi cualquier músico que no sea de una orquesta de cumbia, te va decir que no cobran casi un mango de Sudei y no entienden qué les pagan”, dice a El País un referente de la industria de la música. Otro, un músico popular, dispara: “Sudei es una mafia y miente”. Algunos hablan de una asamblea de Sudei en el Palacio Sudamérica, allá por 2014, donde hubo enorme tensión. “Éramos 50 de la música popular y el rock contra 400 de la música tropical y el carnaval. Fue muy violento”, cuenta un músico.

Por aquel entonces, Emiliano Brancciari, líder de No Te Va Gustar, dijo en una entrevista en El Observador, en medio de un conflicto en el cual habían desplazado al entonces presidente Carlos Weiske, que “Sudei es una asociación que siempre se manejó con un manto de misterio en cuanto a los datos, las formas de distribuir los derechos”. Y que muchos que la integran se dedican a “vivir y a chupar sangre de los artistas que trabajamos”. Entonces reclamó: “Tiene que terminar el misterio y la oscuridad”.

Foto: Juan Manuel Ramos.

Casi 10 años después, Nicolás Fervenza -manager de No Te Va Gustar y a esta altura un miembro más del grupo- dice a El País que el gobierno “debería intervenir para que esta gente transparente su operativa” porque “hay muchas suspicacias y Sudei no tiene la representatividad de todo el sector de intérpretes”. Y Laura Canoura tuiteó hace algunas semanas: “Me pregunto si todos (los músicos) estamos conformes, no ya con esta movida en particular (de Sudei), sino en que esa institución obre en nombre nuestro. Antes de la pandemia, dos veces al año nos encontrábamos en la puerta tratando de cobrar nuestros derechos de intérpretes. Nunca me encontré con nadie que estuviera conforme con la cifra. Nunca recibí documentación que justificara la cifra”. Y cerró: “Sé que esto no me beneficiará, pero alguien tiene que empezar a opinar”. Consultada por El País, Canoura prefirió no profundizar en el asunto.

Las acusaciones cayeron mal en Sudei, que tiene unos 4.500 agremiados, muchos de los cuales también son autores y productores. La cantante tropical Marihel Barboza, prosecretaria de la asociación, responde que es “completamente fuera de lugar” que Canoura se haya quejado en redes. “Capaz Laura no tiene muchos discos nuevos grabados como la gurisada. Si ella pide los comprobantes, están todos. Apretás un botón y tenés tu fichero”, dice a El País. “El que tenga dudas, que venga a Sudei, escuchamos los reclamos”. Barboza llama a todos los músicos a participar de la asamblea anual: “A Laura Canoura no la vi en la última asamblea hace unas semanas ni en las anteriores; me encantaría que vaya”.

Alejandro Spuntone —cantante del dúo Spuntone & Mendaro y voz de la mítica banda La Trampa— recuerda que en una elección de Sudei se presentó una lista de músicos del rock pero “fue menos gente a votar de la que estaba en la lista”, lo que muestra “desidia”.

Foto: Darwin Borrelli.

Algo parecido afirma otro músico, que pide no ser identificado: “Todos los que se quejan después no van a votar y no participan. Que se callen la boca, estamos en una democracia, las cosas se cambian desde adentro. Cada uno tiene el gobierno que se merece”.

En esta batalla, Sudei está asesorada por la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE), que hace unos años logró que en ese país se aprobara una comisión que deben pagar las plataformas y cobran los intérpretes. Se pretende replicar el modelo en América Latina y lo han intentado en varios países. En Uruguay es donde más lograron avanzar. De hecho, el 1 de setiembre Sudei asistió a la comisión de Presupuesto del Senado con el abogado español Álvaro Hernández-Pinzón, asesor jurídico de la Federación Iberolatinoamericana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes.

Desde los primeros días de enero la abogada Martha Caviglia, especializada en derechos de autor y conexos, es asesora legal de Sudei. Pero ya venía trabajando con ellos desde antes en forma más informal. Hasta octubre fue secretaria del Consejo de Derechos de Autor, autoridad nacional que depende del MEC. También redactó el primer borrador de los artículos polémicos. Para las discográficas, Caviglia era “juez y parte”.

Por el contrario, ella dice a El País que “cree” en el reclamo de remuneración en el entorno digital, que lleva ya unos 10 años. Pero el decreto reglamentario del gobierno, dice la abogada, “es un poco vago; salió apurado con fragmentos que muestran que no se entiende el negocio” tras una ley que a su juicio puso a Uruguay a la vanguardia y genera un impacto para América Latina.

Las gestiones de Sudei no son nuevas. En el período anterior, la directiva se reunió con la entonces ministra de Educación María Julia Muñoz, según recuerda Barboza. “Hasta le presentamos un proyecto, que no tuvo respuesta”, dice Barboza, “pero en este gobierno sí nos escucharon”. La cantante tropical dice que la pelea “es por todos los compañeros que graban pero no reciben ni medio peso por todas las obras que se transmiten por internet, lo cual es una real injusticia”.

¿Y qué dice Agadu? Nada. La postura de la agremiación de autores es clara: ellos ya cobran su dinero de las plataformas y no tienen que ver en este conflicto. Cuando aún no se había resuelto el tema, emitieron un breve comunicado: “Nuestra asociación no tiene ninguna injerencia, es un tema que corresponde directamente a artistas, a intérpretes o ejecutantes y a productores fonográficos”.

Agadu “hábilmente” se hizo a un lado y “marcó la cancha”, opina un referente de la industria musical, que interpreta así el comunicado: “Lo que quiso decir Agadu es ‘no me vengan a pedir a mí porque del porcentaje que cobro no tengo margen’. Eso es discutible porque de algún lado tiene que salir lo que quiere Sudei. Se supone que será de los sellos, que se llevan la mayor parte”.

Los integrantes de la CUD, que agrupa a los sellos, están negociando por estos días la redacción de un comunicado y por ahora acordaron no hacer declaraciones. Ellos consideran que los intérpretes secundarios ya cobran al grabar los discos o canciones, ese es su cachet, y que no deben recibir dinero por cada reproducción digital. Según supo El País, creen que el decreto y la ley del gobierno “se meten” en contratos entre privados.

Desde Sudei, Barboza dice que es un error comparar “el cachet del músico” por grabar con los derechos por la reproducción de la obra. “Por lo analógico sí cobran y lo pagan los productores de los discos, ¿por qué por lo digital no?”, pregunta la cantante. En la misma línea, la abogada Caviglia apunta: “El streaming hoy es el ‘Aquí está su disco’ de antes”.

En una carta dirigida a la vicepresidenta Beatriz Argimón el 29 de agosto, la CUD alertaba que los artículos propuestos ponían “en peligro” su actividad.

Fervenza de No Te Va Gustar cuenta que vivió todo el proceso “con profunda preocupación”, al punto de que le envió un mensaje a Delgado, entonces secretario de Presidencia, porque entendía que era un error permitir “que Spotify se fuera del país, por lo que significa para los artistas uruguayos”. Para el grupo, que controla casi todo su catálogo y no depende de un sello, la plataforma de Spotify “es una unidad de negocio superimportante”.

El manager opina que la raíz del problema es que en Uruguay en ningún gobierno “se ha tomado la música en serio”, como un negocio “que en el mundo factura 50.000 millones de dólares” y que “puede generar un enorme potencial de desarrollo de marca país”. Y, dice entre risas, en este caso “se dieron cuenta de que la cura era peor que la enfermedad y tuvieron el tino de ir para atrás”. Pero “no hay legisladores que se formen sobre el negocio de la música”.

Spuntone lamenta que todo el conflicto termine generando “una división en los músicos” y para peor Spotify “embarró la cancha al amenazar con irse”. La realidad, argumenta, es que “sigue sin solucionarse el tema del cobro de los derechos” de los intérpretes por las reproducciones en las plataformas y que en Uruguay formar una comisión “es como un entierro de lujo”. Hoy, dice el cantante de rock, si los músicos no tocan, no hacen dinero. “Yo, con 30 y pico de años de carrera y 18 discos arriba, lo que cobro por año (de las plataformas) es una risa”, admite, “me da para comprar un regalo para mi familia en las fiestas y no mucho más”. Spuntone trabaja como administrador de empresas: de eso vive. “En este país siguen considerando que la música es un divertimento y que nadie tiene derecho a cobrar. Te preguntan: ‘¿cómo vas a reclamar plata? ¿Estás para la guita?’ Eso es muy desagradable”, dice.

Fotos: Guillermo García

Y Hugo Fattoruso se sincera: “No tenemos control. ¿Quién diablos decidió qué cobramos y qué no? A mí no me preguntaron nada, te pasan por arriba”. El legendario músico no entiende “nada de nada de plataformas” pero sí que la situación planteada es “en desventaja” de un sector que él integra. “Alguien recauda pero paga raro o no paga”, ironiza, “yo ni hablo de esto porque es para calentarse la cabeza, todo esto causa un descalabro bien estrafalario, ¿viste?”. Mientras tanto, Fattoruso tocará mucho en estos días, que eso sí le da algo de dinero: desde el 8 hasta el 28 de enero en Valizas, Punta del Este, La Pedrera, El Pinar, Punta del Diablo y La Paloma.

Ahora bien, ¿cuánto reciben los músicos de las plataformas? Spotify no les paga directo a los artistas y ni siquiera a los sellos: el sistema es bastante más intrincado.

La plataforma genera ganancias de dos fuentes: las tarifas de suscripciones de los oyentes “premium” y los anuncios en la versión gratuita. De sus ingresos, el 70% lo vuelca a la industria de la música. Un porcentaje pequeño de eso, el 12%, va al derecho de autor (ver recuadro más abajo) y el resto a lo que se llama agregadores digitales. Se trata de empresas tecnológicas multinacionales que son distribuidoras de música en esa plataforma y en las demás, ya sea Amazon Music, Apple Music, Deezer y cualquier otra.

Ningún artista ni sello puede subir la música en forma directa a los servicios de música digital, salvo a YouTube.

Desde los grandes sellos hasta los más pequeños artistas independientes, deben entrar a la web de un distribuidor digital para llegar a las plataformas.

Estefania Leal/Archivo El País.

Spotify les paga a esos distribuidores y envía una lista con el detalle de las reproducciones de cada artista. El distribuidor digital se queda con su comisión y luego les hace el giro bancario a los sellos. ¿Con cuánto se queda y cuánto transfiere? No hay una norma para las regalías, depende de lo que se negocie. Pero la comisión puede variar entre un 10 y un 30% según el caso. “Si vos tenés reproducciones, podés negociar mucho mejor”, explica un representante de la industria.

El sello también se queda con su comisión y le paga su parte al artista, que muchas veces termina siendo el que menos cobra a pesar de generar el contenido. A un artista reconocido debería llegarle entre el 25 y el 50% de lo que cobra el sello, según supo El País.

Los artistas independientes, que no tienen sello, es decir, que son dueños de sus discos, cobran directo del agregador digital y se evitan la comisión del sello. El negocio, entonces, cierra más para los dueños de sus obras. El enfoque de los nuevos músicos es tener el “control del máster” y pensar como productores fonográficos.

En el mundo en general se estima que los artistas cobran entre 0,007 y 0,003 dólares por cada reproducción. Pero, como se ha dicho, en realidad depende de muchos factores.

Para Fervenza, manager de No Te Va Gustar, la situación actual es notoriamente mejor que la del período que él ubica entre 2007 y 2015, antes del auge de Spotify, cuando la piratería había arrasado con la industria discográfica “y era la nada”. Ahora, a su juicio, la industria está fortalecida. “Vos estás a un clic de distancia de tener audiencia en un montón de lugares”, resalta, “hay un empoderamiento real de los creadores”. Pero también admite que es un arma de doble filo porque “sobreasalir” en medio de tanta oferta (y a pesar del algoritmo, que siempre le muestra la misma música al usuario) “se hace más complejo”.

Con este panorama, Sudei luchará en las próximas semanas para que las empresas discográficas cedan y paguen a los intérpretes secundarios: “Que pongan al menos un 5%... pero ellos no quieren”, pide un músico. Marihel Barboza dice que debe haber “una redistribución interna entre productores e intérpretes”.

Si tienen éxito y logran cobrar por las reproducciones, se abrirá otro debate. Pregunta un referente de la industria: “¿Cómo le va a pagar Sudei, por ejemplo, al “Lobo” (Fernando) Núñez, que tocó los tambores en tal disco de Jaime, o a Hugo Fattoruso, que tocó en un tema de No Te Va Gustar? ¿Cómo se reparte esa plata?”. Y responde: “Nadie lo sabe”.