Julio María Sanguinetti
Julio María Sanguinetti

El Estado desertor

Si las autoridades anuncian que esta semana no habrá custodia policial en los bancos, ¿qué cabe esperar? Si anticipan que tal o cual día, no habrá policías en el barrio Malvín y que la comisaría permanecerá cerrada, ¿alguien duda sobre lo que puede pasar?

Si las autoridades anuncian que esta semana no habrá custodia policial en los bancos, ¿qué cabe esperar? Si anticipan que tal o cual día, no habrá policías en el barrio Malvín y que la comisaría permanecerá cerrada, ¿alguien duda sobre lo que puede pasar?

No otra cosa es lo que ocurre en las tribunas de los estadios de fútbol, en que obstinadamente el Ministerio del Interior -y ahora, al parecer, todo el FA- insiste en que no habrá policías. Es notorio que una empresa privada de seguridad, con funcionarios que carecen de toda autoridad para inspeccionar o eventualmente detener a alguien, no ofrece la menor disuasión y -mucho menos- para aquellos grupos más proclives al desorden o a la violencia.

Las tribunas son tierra de nadie y puede allí ocurrir cualquier cosa: el robo, la venta de drogas, el alboroto y, eventualmente, la violencia.

Por supuesto, el Ministerio del Interior no es el responsable de una sociedad fragmentada, en que la marginación cultural, la inadaptación al mercado laboral, la caída de las instituciones educativas, el debilitamiento familiar y el consumo y comercialización de drogas están produciendo una situación cada día más peligrosa.

Esta situación se ha acelerado en la última década y todo indica que seguirá proyectándose peligrosamente hacia adelante. Particularmente, cuando advertimos que los jóvenes del 20% más pobre de la población están en una situación tan baja de rendimiento escolar que su futuro tiene por delante una amenaza cierta de marginación.

De este modo, así como decimos que el Ministerio del Interior no es el responsable del deterioro social, sí afirmamos que es responsable de no manejar adecuadamente el tema del fútbol, respondiendo siempre a ese extraño reflejo de alejarse de la situación, como si nada tuviera que ver. Es recordado de modo amargo el reciente caso del asesinato del señor Heriberto Prati, que en versión ministerial fue el culpable de haber resistido el asalto a una señora que acababa de dejar en su domicilio. O el de una Senadora cuya residencia fue asaltada varias veces, en ese caso con fractura de un portón, pero también la versión oficial le endilgaba haber dejado una ventana abierta. Siempre la actitud es esa: las víctimas resultan ser culpables de su propia desgracia.

En la última reunión que se realizó entre el Ministerio y la dirigencia del fútbol, el Subsecretario fue clarísimo: los dirigentes que se ocupen del fútbol, que nosotros nos ocupamos de perseguir a los delincuentes.

¿Cómo se entiende, entonces, que se nieguen una y otra vez a controlar las tribunas de los estadios en un espectáculo público por definición?

Es risible el argumento de que se trata de una actividad privada. Es como si un señor que tiene un quiosco de diarios o un puesto de comida al paso en la vía pública, no tuviera derecho a reclamar que la autoridad asegure la libertad y seguridad de esa vía pública. Su actividad es privada, pero se desarrolla en un ámbito público y eso es responsabilidad del Estado.

No se trata de un cumpleaños de 15, en que se realiza una fiesta en un local privado, con invitación exclusiva. Aquí estamos ante una actividad pública, multitudinaria y abierta a quien quiera pagar la entrada. Históricamente, la Policía se hizo cargo del tema, no sin dificultades en más de un caso, pero siempre asumiendo la responsabilidad.

Se trata de la actividad primera y esencial del Estado como Estado: el monopolio de la fuerza, que explicó luminosamente Max Weber. Es una tarea indelegable. Por eso dijimos, en su momento, a raíz de un episodio en el Barrio Marconi, que sobraba Estado en la burocracia, engordada en el período pasado en 60 mil funcionarios nuevos, y faltaba Estado, en cambio, en esos lugares difíciles. Lo repetimos ahora: no es aceptable que el Estado baje los brazos en los estadios y , como siente que no puede o no quiere actuar, diga entonces que no debe hacerlo.

Ahora se instalan como panacea las cámaras de identificación facial. Son importantes, sin duda, pero constituyen una herramienta más y no otra cosa. Si no se acompaña con una efectiva acción policial y se organiza una fiscalización muy estricta del derecho de admisión, tampoco se producirá el milagro.

Algo parecido ocurre con las famosas entradas de favor a las “barras”. Hay que recordar una vez más: que ese fue un invento del Ministerio y no de los clubes y que ese sistema se aplicó hasta hace relativamente poco, con la idea de que colaboraran en la seguridad. Lo peor es que, encargada la seguridad interna a empresas privas, éstas recurrieron a algunos llamados “referentes”, ante la imposibilidad absoluta de su gente de, por lo menos, enterarse de lo que estaba pasando.

Como todo asunto complejo, éste no acepta soluciones sencillas. Episodios trágicos como el de Santa Lucía, en que muere un joven a manos de un grupo armado que viajó 60 kilómetros desde Montevideo, en tres automóviles, nos están diciendo que no se trata solo de pasiones de momento. Todo es difícil. Pero el Estado debe asumir cabalmente la situación. Previniendo, haciendo una acción permanente de inteligencia y reprimiendo, llegado el caso. No hay soluciones parciales, parches o cataplasmas. O se encara con decisión o seguiremos empantanados en este desastre, que no es el del fútbol sino el de toda la sociedad.

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