Digamos que fue entre 1990 y 94 cuando se produjo una de las mayores transformaciones del S. XX impulsadas desde un gobierno.

Digamos que fue entre 1990 y 94 cuando se produjo una de las mayores transformaciones del S. XX impulsadas desde un gobierno.

Reducción de la inflación, del déficit y del endeudamiento, reordenamiento de la banca pública; eliminación de subsidio; planes de desburocratización y desregulación (ej. sector agropecuario y comercio exterior); desregulación laboral (con aumento del empleo y del salario); estatuto del funcionario; desmonopolizaciones; privatizaciones; apertura comercial; desindexaciones (ejs., alquileres y transporte interdepartamental), planes de electrificación y caminería rural, construcción o refacción de hospitales y centros de enseñanza; Programa de Inversión Social (PRIS); duplicación de construcciones: Mevir; creación Ministerio de Vivienda... etc.

Impactante, pero voy a detenerme en dos piezas legislativas de cuya génesis y contenido vale la pena acordarse: la ley de Empresas Públicas y la Ley General de Puertos.

Ambas materias fueron iniciativas directas del entonces candidato, Luis Alberto Lacalle.

A cierta altura de su campaña, armó lo que en broma pasó a llamarse “la Craneoteca”: un grupito de personas que lo ayudaba a pensar, imaginar, criticar y corregir, las grandes líneas de la campaña. Sus reuniones tenían la densidad y adrenalina que Lacalle imprime a sus desafíos.

Un día desembarcó en la Craneoteca con su primer menú de temas gubernamentales. Lo que después derivó en las temidas listas presidenciales, con las que torturaba a sus colaboradores.

Había que ponerse a trabajar en una ley que abarcara la actividad de los entes autónomos, la supresión de algunos, ciertas desmonopolizaciones y una transformación de los puertos.

La primera, permitía conceder servicios públicos a privados; contratar otras actividades que no fueran esenciales o servicios públicos, impedía a los entes inventar actividades ajenas a su objeto (como fabricar perfumes) y otorgar subsidios encubiertos (tipo ALUR), terminaba con Pluna como aerolínea estatal y con ILPE (SOYP), abría el espectro en materia de telecomunicaciones y permitía la generación de energía en manos de privados (la iniciativa era liberalizar toda la actividad, pero solo conseguimos los votos para el primer eslabón).

Significó una durísima negociación en el Senado, fragmentado políticamente: había que negociar con el Movimiento de Rocha y Por la Patria; el P. Colorado estaba dividido en cuatro, con la fracción de Millor en contra de casi todo, los de Jorge buscando marcar un perfil de ultraavanzada (que nadie más acompañaba) y el Foro tironeando y tratando de zafar en todo lo posible. Restaba Batalla, que nunca decía que no, ni daba el sí y el Frente que se opuso absolutamente a todo, con argumentos que iban desde lo ideológico-apolillado, a la demagogia, (los piratas que venían a robar las joyas de la abuela).

No terminó ahí. El Frente, con ayuda de Sanguinetti, la llevó después a un plebiscito que terminó derogando los primeros artículos de la ley, amputando así la posibilidad de otorgar concesiones y de contratar actividades secundarias.

¿Cómo se ve todo esto hoy?

El FA, en el gobierno y con mayoría, no solo se abstuvo de cambiar nada de la “revolución regresiva y privatizadora”, sino que por un lado se bate el parche con temas como “la nueva matriz energética” -imposible si no fuera por el Cap. V de la ley- y por otro se lanzó a privatizar con loco frenesí y al margen de la Constitución, con una chorrera de sociedades anónimas propiedad de entes autónomos. Astori, cuando la discusión legislativa, preguntaba si “vamos a entregar incontrarrestablemente la posibilidad de controlar y conducir la diseminación tecnológica?” por el empuje privatizador. Y parece que sí. No te digo nada si algún día consiguen hacer caminar las PPP.

Más vergonzoso todavía es el caso de la Ley de Puertos. Una realidad de atraso, corporativismo, burocracia y corrupción que el Frente se negaba a reconocer (como lo de Venezuela hoy día).

En definitiva, la ley era un ejercicio de sentido común: estatuto de puerto libre, separación de la prestación estatal de actividades de las funciones de fomento, control y regulación, descentralización, posibilidad de contratar con privados, fin del desorden y la burocratización por multiplicidad de organismos intervinientes, fin del corporativismo que controlaba la estiba y a través de ella al propio puerto... eran sus temas centrales.

“Se vendrá una lucha salvaje”; “una verdadera guerra”; “proyecto regresivo, conservador y negativo”; “en peligro el trabajo de 800 trabajadores”... y, por supuesto: “neoliberal”, son algunas de las cosas que los senadores frentistas dijeron contra el proyecto.

¿La realidad? Una transformación fantástica: reducción de costos y del tiempo de espera de los buques, aumento de la carga, fortalecimiento de Montevideo como puerto hub, desarrollo de actividades, aumento del empleo... son algunas de las cosas que siguieron a la reforma portuaria.

¿Y qué más? Pues, que, en casi trece años de gobierno, el Frente se cuidó muy bien de echarla para atrás.

25 años: tiempo suficiente para pensar y para aprender, para constatar quiénes dicen qué cosas y después, hacen qué.

Más importante aún: se vienen tiempos en que será necesario contar con este tipo de imaginación y de coraje.