EDITORIAL

¿Justicia para todos?

Así se explica que no haya habido ninguna reparación para las víctimas de los guerrilleros, y las reivindicaciones de justicia han sido, y siguen siendo, una injusticia que los partidos de la oposición han querido corregir en varias instancias infructuosamente.

Una legisladora del MPP, Manuela Mutti, que el año pasado saltó a la palestra al protagonizar un escándalo reñido con una investidura que es evidente que le queda grande, perdió la compostura cuando la diputada Graciela Bianchi recordó, al discutirse una ley sobre sitios de memoria del pasado reciente, que también los tupamaros habían torturado y no solo los militares. Las interrupciones de Mutti a quien estaba en uso de la palabra ¿se deberán a que esta joven nunca ha pensado en que esas personas que pasaron meses y meses sin ver la luz del sol, confinados en una mazmorra pestilente ubicada sobre los caños de las cloacas, vigilados de continuo y con la angustia de no saber si al día siguiente morirían, como el embajador británico Jackson quien quedó afectado para siempre por la experiencia vivida, no fueron objeto de tortura? ¿O no habrá querido darse por enterada de que otras personas como el Sr. Frick Davies o Pereira Reverbel también fueron secuestrados y sufrieron bajo esas mismas horribles condiciones hasta que la policía descubrió la llamada "cárcel del pueblo" y los liberó?

Pero lo más grave de esa actitud es la constatación de que los tupamaros, finalmente derrotados en 1972 tras haber impuesto el terror con bombas, secuestros, robos y asesinatos, a partir de su participación en la vida política a la que se les abrió la puerta, han logrado inculcar una historia a su gusto, favorable a su imagen de héroes en lucha contra la dictadura.

A pesar de que el aparato subversivo empezó a hacer daño y sembrar pánico en los sesenta bajo gobiernos democráticos, en un país que se destacaba en América por su apego a la institucionalidad, en llamativo contraste con muchos vecinos de la región sudamericana. Para imponer su relato han contado con la complicidad de intelectuales y autoridades oficiales en áreas vitales como la enseñanza y si, como suele decirse, los vencedores son los que escriben la historia, hoy parece que la victoria estuvo de su parte.

Así se explica que jamás haya habido ningún tipo de reparación para las víctimas de los guerrilleros y las reivindicaciones de justicia han sido y siguen siendo hemipléjicas. Una injusticia que los partidos Colorado y Nacional han querido corregir en varias instancias infructuosamente. El diputado Jaime Trobo lo intentó con Lucía Topolansky mientras la Sra. de Mujica ejercía interinamente la Presidencia, planteando la necesidad de reparar también a las víctimas de la subversión.

En el 2007 Vázquez dijo aceptar esa demanda, en momentos en que el Ejecutivo enviaba otro proyecto de ley reparadora, aunque muy fugazmente, según luego se vio. Fue una promesa que se la llevó el viento, tras la negativa reacción de varios grupos del conglomerado frentista, y los perjudicados por los terroristas quedaron nuevamente dejados de lado. Tampoco tuvo andamiento la reiteración del Partido Nacional en 2011 de contemplar a los familiares de las 66 personas que perdieron la vida por obra de la sedición, para los cuales se pedía un resarcimiento de US$ 150.000 por única vez, en cada caso. Una exigencia rematadamente equitativa, que esta semana la diputada Bianchi oportunamente volvió a plantear a la bancada frentista, ante los oídos sordos, la intransigencia y reacciones extremas.

De acuerdo a los datos obtenidos del BPS por un pedido de informes del diputado colorado Conrado Rodríguez (Búsqueda), dicha institución lleva entregados US$ 60 millones a las personas damnificadas por la dictadura. En base a las primeras leyes votadas durante el gobierno de Sanguinetti y de Batlle, y la última de Vázquez, en 2007. Entre las personas que han accedido a jubilaciones y pensiones especiales de acuerdo a artículos varios como el 8°, el 9°, el 11°, figuran todos aquellos que por motivos políticos, ideológicos o gremiales, fueron detenidos, despedidos por su actividad sindical, debieron abandonar el país o estuvieron en la clandestinidad entre febrero de 1973 y febrero de 1985, según cómputos fictos. Las personas sin causal jubilatoria tienen derecho a una jubilación especial y, en caso de fallecimiento, la pensión va para sus deudos, a no ser que ya contaran con una jubilación previa.

La avalancha de jubilaciones por cómputos fictos ha ido aumentando por estas razones y por los cambios aperturistas introducidos a la Ley de la Seguridad Social, todo lo cual ha contribuido a que el déficit del BPS hoy ande por encima de los US$ 600 millones.

Y mientras las víctimas del terrorismo continúan ignoradas, se da el absurdo de que como la ley habla de procesados por la ley civil, un delincuente que cometió un delito común puede argumentar que lo hizo por razones políticas y conseguir ser amparado por el beneficio.

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