Las noticias económicas de las últimas semanas coinciden en señalar que la desaceleración dominará el panorama del presente año. El contexto internacional, y el regional en particular, así como las novedades de la actividad interna, marcan la nueva realidad a la que deberá responder la política económica.

Hay señales de que el gobierno reconoce esta situación, pero no es tan evidente que vaya a actuar en consecuencia, y este es el asunto de fondo.

Los errores acumulados en los últimos 10 años nos condenaron a estar atados a las condiciones internacionales, cercenando las posibilidades de actuar sobre los temas estructurales, pero aún queda margen para las medidas de corto plazo.

En buen romance, ya no tiene marcha atrás el tiempo perdido en falta de inversión en infraestructura, en mejorar la calidad de la educación, en diversificar el destino de nuestras exportaciones o en crear una regla fiscal que permita aplicar políticas anticíclicas. Todos estos temas (y algunos más) que son fundamentales para el desarrollo a largo plazo y que son a los que el gobierno debería haberle hincado el diente durante la bonanza ya entran dentro del cajón de nuestras frustraciones.

En estos asuntos, lo que no se hizo cuando se podía, ahora no se podrá hacer y eso limita fuertemente la capacidad de maniobra del gobierno para capear las actuales circunstancias. Esta falta de visión nacional de largo plazo la vamos a pagar cara, y sus responsables no pueden sacar la pata del lazo por las consecuencias de sus decisiones.

Ahora bien, sobre las políticas de corto plazo sí se puede actuar y aunque la casa tenga problemas de estructura aún se pueden pintar las paredes y limpiar un poco.

¿Qué implica eso? Primero y antes que nada, coordinar las distintas políticas macroeconómicas, a saber: monetaria, fiscal, salarial y de tipo de cambio. Uno de los principales problemas de la política económica de los últimos 5 años fue ya no solo la falta de coordinación entre sus distintas áreas sino directamente su contradicción que explica las cifras absurdas de aumento de la deuda pública, del déficit fiscal o de la inflación en tiempos sin perturbaciones. Seguir así ahora es jugar con fuego, deben alinearse y seguir un plan serio, consistente y coherente.

En segundo lugar, reducir rápidamente el déficit fiscal apelando a la disminución del gasto público superfluo (que lo hay en el crecimiento exponencial de los últimos años y las islas de poder de Ministerios y empresas públicas) pero de ninguna manera aumentando impuestos. Poner nuevos impuestos o aumentar los existentes es pegarse un tiro en un pie cuando la economía se enfría y es un círculo vicioso que debemos evitar de todas formas. Naturalmente que esto hubiera sido más sencillo si tuviéramos un fondo de estabilización (un ahorro que generara un colchón) acumulado durante los años de crecimiento excepcional.

Como tercer punto, ser cautos y prudentes este año con la ley de presupuesto, dejando de lado la paparruchada del "espacio fiscal" y la parafernalia pseudotécnica que ha caracterizado al equipo económico encabezado por Astori. No va más. Ahora que la supuesta capacidad técnica y la superioridad moral del o los equipos económicos frentistas se ha evaporado, o más probablemente nunca existió, se necesita una política fiscal sensata y de sentido común en forma inmediata.

En cuarto lugar darle mayor prioridad al control de la inflación. No solo porque implica un deterioro del nivel de vida de los uruguayos, sino porque disminuirla ayudará a incrementar la credibilidad del Banco Central y generará un mejor clima para los consejos de salarios.

En quinto término, exigir responsabilidad a los protagonistas de las negociaciones colectivas que se desarrollarán este año. Es necesario poner en práctica de una vez los aumentos por productividad, así como avanzar en su estimación es clave para darle objetividad a la discusión. Hace mucho que se habla del tema, es hora de sentarse a ver cómo se puede implementar.

El sexto punto es aplicar un paquete de medidas que mejoren la competitividad de las empresas, que han sufrido un aumento colosal de costos sin obtener la menor misericordia por parte del Estado. Basta oír a los empresarios de cualquier rubro para saber que aquí se juega buena parte de las posibilidades de seguir creciendo en el futuro inmediato.

Hay otras medidas posibles y necesarias, pero con las esbozadas tenemos lo esencial. Si el gobierno quiere y puede implementarlas es la gran pregunta para los próximos meses.

Editorial