EDITORIAL

Las revelaciones de supuestos audios entre el exjuez Moro y el fiscal del caso Lula, revivieron la indignación de algunos políticos locales que siguen defendiendo al expresidente brasileño, demostrando su laxitud a la hora de condenar la corrupción.

El anuncio del sitio web de periodismo político The Intercept, generó una tormenta en Brasil. Al parecer, el polémico sitio poseía audios “hackeados” al teléfono del exjuez, y hoy ministro Moro, que comprobarían que la condena al expresidente Lula era parte de una operación para sacar de la carrera electoral al antiguo dirigente sindical, y poner en el poder a Jair Bolsonaro, arrasando así con las conquistas sociales de las masas populares de ese país.

La primera consecuencia de esto fue reverdecer el apoyo fanático e incondicional de buena parte del gobierno uruguayo y sus satélites mediáticos hacia el PT y su líder caído en desgracia. Dejando en evidencia su falta de estudio de los temas, así como su relativismo moral cuando se trata de corrupción.

Empecemos por el principio. Los audios, pasados ya varios días del epi-sodio, hasta ahora no muestran nada significativo. Solo diálogos entre un juez y un fiscal, de igual tenor a los que podía haber cotidianamente en Uruguay con el anterior proceso penal. Esto podrá chocar a quien está acostumbrado a un proceso penal acusatorio, pero en uno inquisitivo, este tipo de diálogo es habitual.

El segundo tema a analizar es qué es The Intercept, algo que mucha gente en Uruguay no tiene muy claro. Se trata de un sitio web de periodismo extremadamente ideologizado y volcado a la izquierda. Cuyas piezas suelen tener dosis equivalentes de especulación como de paranoia política. Entre otras cosas, fueron los que publicaron hace ya unos años una pieza sobre cómo grupos de ultraderecha de EE.UU., mediante entrega de fondos y apoyo logístico, habían lanzado una campaña para derrumbar a los gobiernos populares en América Latina, eso que algunos aquí llamaron el “Plan Atlanta”. ¿Pruebas? Ninguna. Eso no evitó que un medio local publicara una versión traducida de esa pieza, implicando además con nombre y apellido a algunos profesionales uruguayos como parte de esa conspiración. Hay que agregar que el director de ese medio en Brasil es el esposo de un diputado de los más radicales de la izquierda anti Bolsonaro.

Hay un tercer tema que es clave, y que es la legalidad de usar conversaciones privadas, “robadas” mediante espionaje tecnológico, como forma de probar algún delito. Algo que, por ejemplo, en Uruguay es estrictamente ilegal, y que no sería nunca aceptado en un juzgado. Pero ni siquiera eso es determinante, ya que los diálogos, aunque se aceptaran, no prueban ningún delito ni falta ética.

Pero no sigamos con formalidad, vayamos al fondo del asunto. Si hay algo que está fuera de toda discusión es que los gobiernos del PT en Brasil armaron la mayor red de corrupción de la historia de ese país. Y una historia muy rica en esa materia, vale señalar. Las figuras más representativas de esos gobiernos, tal vez con la única excepción de Dilma Rousseff, han ido a la cárcel, y nadie, ni siquiera los más fervientes militantes del PT, han señalado que eso fuera una conspiración. A lo sumo han dicho que era la única forma de gobernar el país, y que solo expandieron una práctica que ya era habitual.

¿Alguien cree que el PT, el partido que fundó y dirigió con mano de hierro Lula da Silva, pudo montar semejante esquema de corrupción, sin que él estuviera al tanto? Todas sus figuras más cercanas lo han confirmado en la Justicia, pero justo Lula no sabía nada. ¡Vamos!

Entonces llega la causa que lo implica directamente. Y es una causa que prueba por testigos, y prueba documental que un apartamento de tres pisos de superlujo, en el balneario top de Guarujá, que Lula y su familia usaban todo el tiempo, había sido comprado y remodelado con plata de una empresa de construcción implicada en corrupción. Lula jura y perjura que no es de él, aunque hay documentos que dicen que sí. Pero lo que nadie duda es que lo usaba, y que no lo pagó con su dinero. ¿Entonces?

En el fondo, se trata de un tema interno de Brasil. Y desde este mismo espacio se han hecho análisis muy duros de las posturas públicas del actual presidente Jair Bolsonaro, cuya llegada al poder solo se explica por la tremenda crisis económica y moral en la que sumió al país el PT. Así que las teorías binarias y conspirativas pueden quedar de lado.

Pero la cuestión es ¿cómo puede ser que haya dirigentes políticos y figuras de los medios en Uruguay que sigan defendiendo al expresidente? Esto solo se explica o por ignorancia, o por pereza a la hora de leer lo que hay que leer. O lo que es peor, una laxitud en cuanto a la moralidad pública, que hace temer por lo que puedan haber hecho estas figuras a la hora de manejar dineros públicos en Uruguay.

¿Qué opción es peor?