Esta no es una columna en contra de la ley "trans". Bien. Aclarado eso, y viendo el revuelo público que el tema ha generado, incluso en una semana en la que el asesinato del niño Inti Nahuel nos escupe en la cara la situación de abandono total de amplios bolsones de población, el autor hizo los deberes: fue y leyó el proyecto de la ley. La sensación, por más simpatía que le genera la causa, no es de entusiasmo.

Para empezar, vale decir que parecen haber sido retirados los artículos más polémicos. Los que permitían que menores de edad, con autorización judicial, iniciaran tratamientos hormonales sin autorización de sus padres.

Dejemos de lado el disparate de que el Estado pueda imponer a un padre un proceso así respecto de su hijo. Pero... ¿no luchamos cuando el "no a la baja" para evitar que los menores de edad pudieran ser juzgados como adultos? El argumento era que un menor no está en condiciones de valorar las consecuencias de sus actos. Ahora ¿no puede valorar el impacto de asesinar a alguien, pero sí el de tomar hormonas para cambiar de sexo? Algo no cierra cuando los mismos activistas y dirigentes políticos defienden las dos posturas.

Un segundo aspecto de la ley que hace ruido es la obligación del estado de reparar económicamente las personas "trans" que hayan nacido antes de 1975 y que "por causas relacionadas a su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional o hayan sido privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad y/o por disposición judicial". Esto es muy confuso. ¿Se trata de compensar daños producidos por la dictadura? ¿Se va a compensar por el impacto de sentencias judiciales legítimas? ¿Por qué 1975? ¿Es un subsidio de 12 mil pesos mensuales por ser "trans"? ¿El Mides lo va a definir y controlar?

Otro elemento de la ley es el establecimiento de cuotas, que obliga a que el 1% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año en el estado sean ocupados por personas "trans". Según un censo del Mides, la población "trans" es de 800 personas. ¿Cómo obligamos al Estado a contratar al 1% cuando solo en 2017 las vacantes fueron 26.000? En 4 años, todos los "trans" serían funcionarios públicos. ¿Esa es la idea? ¿Y después?

Hay también sendos artículos consagrando el derecho de estos ciudadanos al acceso a la educación, a la salud y a la cultura, como si fueran grandes aportes de la nueva ley. Pero ¿no tenían derecho a estas cosas las personas "trans" por el simple hecho de ser uruguayos?

Esto habilita ingresar a analizar dos temas más conceptuales en torno a esta ley.

La primera tiene que ver con su pertinencia. ¿Por qué nos ponemos a discutir esto ahora? La respuesta cantada es que es una "población vulnerable", que tiene una esperanza de vida mucho menor al resto de los uruguayos, y que es parte de la "agenda de derechos". Ok, pero alguien muy cínico podría preguntar ¿por qué el derecho de la "persona trans" se discute, por ejemplo, años después que la legalización de la marihuana? ¿Por qué no antes?

La pregunta viene al caso porque vivimos en un país plagado de urgencias y dilemas existenciales. Seguridad, marginalidad, educación, empleo etc., etc., etc. ¿Por qué de un día para otro todos los estamentos políticos y mediáticos se enfrascan en un tema que afecta a 800 personas? Algo que, además, si le sacaran 4 o 5 cosas polémicas al proyecto, debería aprobarse sin mayor ruido en 10 minutos. Sinceramente, es muy difícil de entender. A menos que se acepte una visión medio conspiranoica de que es una acción del gobierno y grupos afines para movilizar a su base, y galvanizar divisiones internas apelando a una causa políticamente correcta y con la cual vestirse de progresista y moderno.

Por último, hay un tema más conceptual que inquieta del tono de esta ley. Y de otras previas también. Se trata de una forma de pretender regular la sociedad no en base a la persona, al individuo, tal como prevé la Constitución, sino en base a grupos. Usted ya no es importante por ser un ciudadano uruguayo, vale según sea parte de un "colectivo". Y esa es la forma corporativa en la que han intentado organizar la sociedad siempre los sectores autoritarios, de derecha o de izquierda.

La realidad es que el Uruguay ya tiene una "ley trans". Es la misma ley que ampara a las personas de raza negra, a los que tienen capacidades intelectuales diferentes, a los zurdos, y a los que les gusta dormir hasta tarde. Es la Constitución. Y allí se prohíbe toda forma de discriminación y se consagran todos los derechos que precisa un ser humano para realizarse. Para la Constitución, todos somos "trans". Y así debería de ser. En todo caso la discusión debería centrarse en cómo asegurarse que esos derechos sean efectivamente realizados, cosa que parece tener más que ver con decisión política y cambios culturales que con nuevas leyes.

Lo demás son detalles que no deberían generar mayores discusiones. Esas, hay que guardarlas para los grandes temas nacionales, esos que siguen pendientes de solución desde hace décadas, mientras nos peleamos por cualquier otra cosa.