El rebrote de casos de coronavirus está llevando a otro rebrote igual o más peligroso. Una demanda creciente de imposición por parte del Estado de medidas restrictivas de la libertad personal.

El discurso es claro: la apelación a la “libertad responsable” no es suficiente, y no podemos dejar el bienestar colectivo en manos de gente irresponsable y egoísta.

Basta darse una vuelta por el asfixiante mundo de las redes, para escuchar esta demanda de firmeza, asombrosamente en muchos casos de parte de las mismas voces que denuncian que estamos al borde de una dictadura, porque la Policía fue a pedirle a una gente que no se aglomerara, y recibió piedras e insultos.

Pero, y acá viene la tesis arriesgada de esta columna, el fenómeno de exigencia de una autoridad fuerte, que limite las libertades y ponga coto al “egoísmo”, asociado a una desconfianza visceral en la capacidad de la gente de entender lo que está bien y lo que está mal, va más allá de la pandemia.

Hace unos meses ocurrió un fenómeno llamativo, que en apariencia no tendría nada que ver con lo que estamos hablando, pero que tiene y mucho. Resulta que el diario The New York Times, ese faro de la libertad de expresión global, despidió a su editor de opinión. ¿La razón? Haber publicado una columna de un senador republicano, donde se hacían afirmaciones inexactas o falsas.

¿Por qué esto es polémico? Porque hasta ahora, cuando un medio publicaba la opinión de un funcionario público, y más si es electo, se entendía que si allí hay errores o falsedades, es el ciudadano quien debe juzgarlo. Usted publica ese texto, porque a ese señor lo votaron varios miles de personas. Y si esa persona miente, la responsabilidad será suya, y la sanción debería venir de la gente.

Vale aclarar que no hablamos de información, sino de opinión, que viene identificada como tal, y con un autor responsable claro.

Casi tan llamativo como esto, es la forma en que se procesó la salida del editor, James Benett. Todo comenzó con una revuelta de los propios periodistas del Times, indignados porque el diario le hubiera cedido el espacio al senador, y no hubiera chequeado su contenido.

Este fenómeno calza a la perfección con lo que viene pasando en sectores de elite del primer mundo, que se ha dado en llamar la “cultura de la cancelación.” Esto es un movimiento que clama por acallar cualquier voz que no encaje con el canon políticamente correcto, impuesto por grupos de presión que dicen defender a las minorías y desvalidos. Un movimiento que encaja con el tradicional desprecio que tiene por la inteligencia individual, el nicho intelectualoide que marca agenda en medios y redes.

El problema es que esta visión se da de trompa con un concepto central en la cultura occidental. Es lo que se llama “el mercado de ideas”, y que sostiene que en una sociedad abierta se deben poder debatir todas las visiones, para que la gente pueda ir seleccionando según su leal saber y entender.

Y acá entramos en el meollo del asunto. La concepción que pone el “mercado de ideas” como centro del debate social, no lo hace porque asuma que la mayoría de la sociedad siempre tendrá razón. Como bien dijo una vez el ex presidente Vázquez, las mayorías a veces se equivocan. Y alcanza revisar la historia de resultados electorales, en EE.UU. y en Uruguay, para comprobarlo.

El problema no es un asunto de resultados, sino de legitimidad. Si la mayoría de la gente, expuesta a la información correcta, toma decisiones que terminan siendo negativas, tendrá que asumir las consecuencias. Pero lo que se considera injusto es lo inverso, que la mayoría de la sociedad pague las consecuencias de una decisión tomada por una elite.

Hay un libro apasionante sobre esto que se llama “Los mejores y los más brillantes”, y que cuenta como un grupo de gente seleccionada por Kennedy para asesorarlo, los mejores cerebros de su época, fueron los responsables de desatar la tragedia de Vietnam.

Pero volvamos al virus y a Uruguay. Es probable que un porcentaje importante de la sociedad no esté actuando con la consciencia que la hora exige. Y después de ocho meses, ante una enfermedad con un ratio tan bajo de letalidad, es si se quiere comprensible. Ahora, ¿cual debería ser el rol del Estado? Dar información, explicar, fiscalizar lo que viola las normas.

Como dijo el infectólogo Álvaro Galiana, el gobierno ya hizo lo que tenía que hacer, ahora la responsabilidad está en manos de la gente.

Porque asumir un rol paternal, imponer medidas draconianas despreciando la capacidad de la sociedad de entender lo que está bien y lo que no, implica dos peligros enormes: el primero que vulnera derechos centrales. Y, el segundo y tal vez más importante, que implica tratar a los ciudadanos como incapaces.

El impacto que tiene eso en una sociedad, puede ser mucho más grave a largo plazo que ninguna pandemia.