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La confianza en juego

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Una buena señal dio en las últimas horas la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al sumariar y trasladar a la jueza especializada en Crimen Organizado de 1er. Turno, Adriana Chamsarian, que había dispuesto la prisión domiciliaria sin tobillera del fugado narcotraficante Miguel Leal.

El máximo tribunal habría encontrado “errores” en el expediente de Leal y “sin fundamentación” su excarcelación. Leal es un narco, que estuvo tan solo tres meses y 15 días en la cárcel cuando había sido condenado a cuatro años y siete meses de penitenciaría por trasladar 15 kilos de cocaína en su automóvil.

La jueza Chamsarian fue quien, en agosto de 2022, absolvió al empresario Martín Mutio de los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos. Mutio había sido encarcelado en 2019, cuando se incautaron 4,5 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo que se hallaban en el interior de un contenedor despachado por el empresario en el puerto de Montevideo con soja.

Las autoridades policiales y judiciales de Alemania calificaron de “histórica la requisa”. La absolución de Mutio generó un gran malestar diplomático. En junio pasado el Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno revió la resolución de Chamsarian y condenó a Mutio a 15 años de prisión por exportación de sustancias estupefacientes y lavado de activos,

El caso Leal se sumó al de Juan Antonio González Bica, otro narcotraficante que tras cumplir 45 días de reclusión en la cárcel de Maldonado, logró la prisión domiciliaria con tobillera y se fugó semanas más tarde.

La fuga de González Bica, y la posterior investigación llevaron a descubrir una red de falsificadores de certificados médicos, encabezada por el hoy encarcelado Matías Campero, un individuo con antecedentes por estafa y secuestro.

El Ministerio del Interior informó en los últimos días que suman 52 los narcotraficantes que obtuvieron prisión domiciliaria por distintas presuntas enfermedades. La fiscal Mónica Ferrero y las fiscales adjuntas Gabriela Fernández y Patricia De Amorín, se encuentran abocadas a determinar cuántos narcotraficantes fueron liberados por la documentación falsa aportada por Campero.

Estos hechos han puesto en el ojo de la tormenta a la Justicia. Se sabe, el poder y los recursos del narcotráfico suelen ser ilimitados. Nada ni nadie parece ser indemne a organizaciones que crecen y se expanden en todo el continente.

Como en muchos otros temas, en el Uruguay pensamos que aquí no llegaría. Y una vez más nos equivocamos. De la fuga de la Cárcel Central de Rocco Morabito a la fuga de González Bica y Leal transcurrieron cuatro años. Lo terrible es que en el caso Morabito no hubo responsabilidad judicial y en los episodios recientes sí.

La Justicia en el Uruguay ha sido siempre respetada por su independencia no solo consagrada en la Constitución, sino por su accionar. Sería muy duro para el sistema democrático que perdiéramos la confianza en nuestro sistema judicial.

Es por eso que resulta tan importante la resolución adoptada en las últimas horas por la SCJ y la revisión que llevan adelante los fiscales de los casos en que se otorgó prisión domiciliaria a narcotraficantes. Se juega la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

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