Hay varios organismos de gobierno en primera infancia, pero no hay gobierno mirando a la primera infancia en conjunto. Los recursos y las acciones muestran que es una prioridad política efectiva, pero fragmentada en su conducción y gestión. Las varias modalidades de coordinación interinstitucional intentadas hasta ahora, no logran comprometer a los organismos existentes. Hay que pensar en alternativas más de fondo.

La solución evidente es crear un nuevo organismo. El problema es que aumenta costos (funcionarios, infraestructura y demás) sin beneficio directo para niños y familias. Y conlleva un riesgo importante. Si se crea un nuevo actor, pero no se le da competencia por sobre los existentes, en realidad el problema de la fragmentación se agrava. Es la falsa solución incremental, consistente en ir yuxtaponiendo organizaciones, sin reformar y menos eliminar a las preexistentes.

Se ha recurrido a ella en múltiples ocasiones en Uruguay y en el mundo, porque es la que cuesta menos en términos políticos para los gobernantes, pero es la más costosa para los ciudadanos, sobre todo por ineficaz.

Por lo tanto la mejor alternativa es darle la responsabilidad global de la política a uno de los organismos existentes, en tanto muestre capacidad para asumirla.

Analizando los actores presentes en el escenario de primera infancia, el Ministerio de Educación y Cultura tiene en esta área muy débiles capacidades. Asignarle mayores competencias equivaldría prácticamente a crear un organismo nuevo.

La ANEP adolece de un enfoque y una cultura escolarizante, que se valora como inadecuada en estas edades, o sea desde el nacimiento hasta los cinco años. Además se le han identificado carencias críticas en su capacidad de supervisión. Siendo más precisos, la estructura, las prácticas y hasta la propia denominación de las inspecciones se han evaluado como anacrónicas e ineficaces. Ellas se corresponden con la forma de gobierno de la ANEP, que diseñada para la administración de sus propios servicios educativos, no parece capaz de ejercer roles de rectoría, supervisión y evaluación de otros organismos.

En contraste, el INAU muestra una vocación decidida por asumir un enfoque integral de los niños a la vez que ha desarrollado la capacidad de gobernar los centros más y mejor evaluados en la primera infancia, que son los CAIF, junto con otras diversas modalidades de atención. Su reestructura reciente resuelve adecuadamente los conflictos de “juez y parte”. Cuenta con un sistema de supervisión moderno, frecuente, apoyado en la evaluación de calidad de los centros, que contrasta con el de ANEP, feudalizado y referido principalmente a los docentes, más que a la institución supervisada.

Esta alternativa supone unificar el gobierno de las políticas de primera infancia (por lo menos entre 0 y 3 años), asignando el rol rector y supervisor al INAU.

Se mantendría así la diversidad de prestadores actuales, en especial los CAIF y la ANEP, pero con el gobierno (no la gestión), a cargo de un solo organismo que será el INAU. No es la solución más evidente, pero en educación hace demasiado tiempo que estamos entrampados en las medidas obvias.