POLÉMICA EN LA COALICIÓN

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Ya no se pueden ocultar las diferencias a la interna del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). En un directorio de tres miembros, la mayor parte de los temas son aprobados solo con el voto de la presidenta Rosanna de Olivera (Cabildo Abierto), en desacuerdo con la directora del Partido Nacional Sandra Etcheverry. Los cortocircuitos obligaron a la intervención del Mides y en el Ejecutivo no descartan cambios a nivel de autoridades.

“La presidenta del Inisa tiene que gobernar en minoría”, dijo en sala el pasado lunes el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone. Sus comentarios se hicieron en el marco de un balance del tratamiento de la Rendición de Cuentas y ante cuestionamientos de la bancada del Frente Amplio, que reclamó la renuncia de la jerarca.

Desde el sector del senador Guido Manini Ríos se salió a cuestionar a la directora nacionalista en el organismo. Perrone dijo a El País que la presidenta del Inisa “tiene un rumbo, un compromiso y es profesional”, pero la vicepresidenta del Partido Nacional “no la acompaña” en muchas resoluciones internas.

“No tengo contadas las veces, pero muchas, se ha alineado con el Frente Amplio y eso genera un perjuicio a la hora de llevar adelante la gobernanza del Inisa”, aseguró. Este tema ya fue planteado por Cabildo “a diferentes niveles del Ejecutivo”, incluido al Ministerio de Desarrollo Social que decidió intervenir por medio de la subsecretaria Andrea Brugman.

Perrone dijo que para que esto se solucione, la directora nacionalista “debe entender que hay una presidenta al frente” y por lo tanto tiene que “acompañar”. “De lo contrario, bueno, hay que ver la posibilidad de un cambio, que el Poder Ejecutivo busque la forma para apoyar a la presidenta del Inisa que viene haciendo una gestión que nosotros destacamos”, subrayó. El diputado señaló que “el Frente Amplio encontró un hueco en el oficialismo para llevar adelante una bandera política de pedido de renuncia que es infundada”.

Consultada por El País sobre esta denuncia de Cabildo de que la presidenta está en minoría dentro del directorio, Etcheverry señaló: “Hubo coincidencias, quedamos dos a uno y hemos tenido diferencias las tres”.

En tanto, indicó que no comparte que exista un problema dentro de la coalición: “Por más que seamos de la coalición venimos de partidos diferentes, podemos tener visiones distintas y eso no quiere decir que no lleguemos a un consenso”. De esta manera marcó distancia de la apreciación de Perrone.

Etcheverry afirmó que la presidenta del Inisa no ha votado proyectos que ella presentó, pero destacó acuerdos en temas edilicio, de salud y en la creación de una comisión de género. Por lo que dijo: “no es tan alarmante la situación”.

Por su parte, la presidenta del Inisa no quiso referirse al fondo del asunto. “Estoy abocada a los jóvenes y a la gestión. Este es un tema político del que están en conocimiento las autoridades desde hace ya tiempo”, afirmó.

Si bien el Inisa en un servicio descentralizado, se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Mides. De las diferencias estaba en conocimiento el exministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, y cuando asumió Martín Lema dispuso un “seguimiento” del asunto.

Según supo El País, esto supuso la “visita periódica de la subsecretaria” y la realización de reuniones cada 15 días. Fuentes del Mides indicaron que “se evalúan escenarios diferentes en reserva”. Asimismo, fuentes del Poder Ejecutivo y políticas indicaron que posiblemente se disponga algún cambio a nivel del directorio, dado que no han cesado las diferencias internas.

A su vez, la intervención del Mides ya había sido reclamada desde hacía tiempo por el sindicato (Suinau) y la directora del Frente Amplio, Andrea Venosa, al entender como “ilegal” una resolución adoptada solo por la presidenta del Inisa de permitir el ingreso de la Guardia Republicana para dictar cursos de mediación a funcionarios. Lo que sucedió es que cuando se enteraron de esto tanto Etcheverry como la directora de la oposición, el curso “ya estaba resuelto”, dijeron. “En nuestro caso no estuvimos de acuerdo, pero no por el contenido, que no lo sabemos, sino por la forma en que fue resuelto sin tener la aprobación del directorio”, dijo Etcheverry.

La resolución se votó en contra por parte de las directoras Etcheverry y Venosa, de acuerdo al acta del 22 de julio, a la que tuvo acceso El País. Y Venosa cuestionó que la presidenta del Inisa “sigue ejecutando decisiones” que carecen de respaldo a la interna del Inisa.

Según dijo, esto va en contra de la ley de creación de Inisa, que establece el mecanismo de adoptar una resolución por fuera del directorio solo para “urgencias”. Al entender que fue “ilegal” la resolución, Venosa pidió que el acta de la sesión se trasladara al Mides.

En la opinión de Venosa, el contenido de los cursos “no se ajusta a lo que es la política de la institución”. “Tenemos que trabajar en el diálogo, y este tiene que ser entre funcionarios y adolescentes. La experiencia de la Republicana es con adultos”, opinó.

Consultada por El País, la presidenta del Inisa defendió su resolución, al entender que ya tuvo buenos resultados. “Es un curso de mediación y apunta a que por medio de la palabra se puedan resolver conflictos que son complicados”, señaló.

La jerarca señaló que los conceptos aprendidos fueron puestos en práctica en el último motín que tuvo lugar el 11 de agosto en el hogar Sarandí, el cual se prolongó por más de cinco horas.

“Se habló y no se tocó un chiquilín”, afirmó De Olivera en alusión a las técnicas aprendidas gracias a “que actuaron las personas que participaron en el curso que brindó la Guardia Republicana”.

De Olivera declaró que “en ningún momento” se imaginó que estos cursos pudieran despertar objeciones. “Es medio insólito que uno quiera capacitar a la gente y otros estén diciendo que esto no se haga”, concluyó.

Ahora, la presidenta del Inisa impulsa un proyecto para usar en el organismo un software que administra el Ministerio del Interior en cárceles, tema que también genera polémica porque los datos de menores deben mantenerse en estricta reserva.

“Es un software muy bueno que ha costado al Ministerio del Interior miles de dólares y que gentilmente le agradecemos al ministro Luis Alberto Heber por la generosidad”, afirmó. Según dijo, hoy los datos se manejan “uno a uno” y de “forma artesanal”, por lo que ahora se unificará toda la información desde que los menores ingresan hasta que egresan.

De Olivera dijo que los datos son necesarios para elaborar políticas y “profesionalizar” el sistema. Se está en la etapa de cerrar el acuerdo con el Ministerio del Interior y luego el tema pasará al directorio del Inisa para ser considerado.

Etcheverry dijo a El País que recién se hizo una primera presentación y espera conocer más del tema antes de tomar una resolución, ya que se trata de un asunto sensible porque implica el manejo de “datos de adolescentes”. “Hay que ser muy cuidadosos, por más que se diga que va a haber confidencialidad”, señaló.

Por su parte, Venosa opinó que por “mandato del Código de la Niñez y Adolescencia es el Inisa el guardián de toda la información de los adolescentes, porque los antecedentes se borran al cumplir 18, salvo que sean producto de delitos gravísimos”. En ese marco, expresó reparos a este nuevo sistema.

Consultada sobre el punto, De Olivera dijo que “el sistema tiene todas las garantías” y que se especificará en el acuerdo que “no hay acceso a la información del Inisa”. Afirmó que esto será así “para que nadie tenga dudas en ese sentido”.

José Lorenzo López, presidente del Suinau, dijo a El País que la situación dentro del Inisa es “preocupante” porque hay una “desorganización importante en el directorio”. “Esto se traduce en la gestión porque hay órdenes y contraórdenes. Las cosas se van ejecutando, pero después se da marcha atrás y eso genera muchas complejidades”, afirmó.

Según añadió, “hay falta de institucionalidad” cuando se toman resoluciones por parte de la presidenta Rosanna de Olivera “sin tener el aval de las otras dos directoras”, en alusión a Sandra Etcheverry y Andrea Venosa.

En ese marco, el sindicato está intercambiando información y en “permanente contacto” con integrantes del Poder Ejecutivo y legisladores (oficialistas y de la oposición), según el presidente del Suinau. López dijo que el tema está en conocimiento del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. “Todos demuestran mucha preocupación, pero aún no se han tomado medidas”, indicó.

Desde el Frente Amplio y el sindicato del Inisa manifestaron a El País la preocupación por la contratación de una asesora de la actual presidenta, la cual aseguran que “había sido desvinculada en la administración pasada por inasistencias”. Búsqueda informó que la asesora en seguridad se desempeñaba como tallerista de Gastronomía y fue cesada por faltas. Según la directora del Frente en el Inisa, se incumple la norma de contratación con el Estado, la cual establece que los funcionarios “no puedan tener antecedentes de desvinculación por faltas”.

Consultada sobre el asunto, la presidenta del Inisa negó que su asistente fuera destituida en base a información de la Oficina Nacional de Servicio Civil. “No hay ningún impedimento para la contratación, se desvinculó por un tema de salud porque se tenía que operar. La ley lo que dice es que no se puede contratar a una funcionaria destituida y este no es el caso”, concluyó.