DICTADURA

El pasado reciente es un tema recurrente en la agenda política uruguaya. El lunes 8, los escritores Mercedes Vigil y Eduardo Abenia, representantes del Foro de Montevideo, se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou y le entregaron una carta que solicitaba la liberación de los presos militares alojados en la cárcel de Domingo Arena.

Mientras se desarrollaba el encuentro en la Torre Ejecutiva, manifestantes de izquierda cuestionaban con pancartas el planteo de Vigil y de Abenia.

Ese mismo lunes, la Asociación de Presos Políticos (Crysol) emitió un comunicado que cuestionaba el pedido realizado por el Foro de Montevideo al primer mandatario.

El comunicado, titulado “Un foro para los crímenes de lesa humanidad”, dice que “es repudiable” que Vigil y Abenia pidan al primer mandatario una “amnistía para los condenados por las atroces violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”.

Al día siguiente de la reunión realizada en la Torre Ejecutiva, la jueza de San José, María José Camacho, citó a una audiencia a cuatro oficiales superiores que revistaban en el entonces Batallón de Infantería N° 6 entre 1975 y 1980.

La audiencia, que fue solicitada por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, era para formalizar la investigación a los militares por los delitos de abuso de autoridad contra detenidos, lesiones graves y privación de libertad.

Juan Carlos Fernández Lechini, defensor de tres de los cuatro militares imputados por el fiscal Perciballe, presentó en la audiencia un escrito solicitando que se delegara competencia a Montevideo porque allí se habían analizado ya aspectos del caso.

Fernández Lechini, quien es codefensor de los militares junto con el penalista Marcos Pacheco, también presentó ante la jueza Camacho una acción de inconstitucionalidad contra la ley 18.831, promulgada en 2011, que activa la pretensión punitiva del Estado contra delitos de lesa humanidad. La tercera medida que solicitó Fernández Lechini fue la prescripción de los delitos que la Fiscalía pretende imputar a los oficiales castrenses retirados. El abogado entiende que operó la prescripción de los supuestos ilícitos señalados, de acuerdo a lo que establece la doctrina nacional e internacional.

El penalista explicó a El País que la ley que estableció los delitos de lesa humanidad fue promulgada en 2006. “Si se toma el delito de abuso de autoridad contra los detenidos, este tiene una pena máxima de 10 años. Por eso creemos que esos delitos prescribieron”, reiteró el defensor.

En la audiencia de ayer, la jueza Camacho determinó que el expediente continuara en la sede de San José por entender los hechos denunciados y probados por la Fiscalía ocurrieron en el exbatallón maragato.

A principios de agosto de este año, Fernández Lechini y Pacheco se presentaron ante la jueza subrogante de 43er Turno, María Noel Odriozola, reclamando que el fiscal Perciballe les impedía el acceso a la carpeta investigativa sobre eventuales casos de tortura a presos políticos durante la dictadura en el excuartel de Infantería de San José.

En la audiencia, Perciballe alegó que tenía más de 20 investigados y advirtió que solo daría la carpeta investigativa a los defensores de las personas que realmente iban a ser imputadas. La jueza Odriozola se adhirió a la postura de la Fiscalía, según dijeron a El País fuentes del caso.

Tras esto, Fernández Lechini apeló el fallo de la magistrada. “Con el doctor Pacheco estuvimos esperando dos meses que la Fiscalía nos entregara la carpeta investigativa. El fiscal no puede decir que solo da la carpeta a los abogados de los imputados y no a las defensas de investigados. Es ir contra la ley, porque la carpeta investigativa es sagrada”, dijo Fernández Lechini.

En otro escrito, Pacheco advirtió que el indagado “tiene derecho” a saber su situación desde que es denunciado. “Y tiene derecho a participar en la investigación de la Fiscalía”, insistió. Agregó, además, que la defensa tiene el derecho de solicitar al juez que la Fiscalía le informe acerca de los hechos investigados y puede pedir al magistrado que fije un plazo a la investigación. “Hemos pedido inútilmente hasta ahora ver la investigación, la cual no está reservada”, señaló el escrito elevado al Tribunal de Apelaciones.

Ambos defensores de tres de los cuatro militares acusados por Perciballe también presentaron en dicho tribunal un recurso de nulidad de la investigación de la Fiscalía.

Otra es la visión jurídica del fiscal Perciballe. Recordó que este caso comenzó con más de 20 supuestas víctimas de tortura realizadas en el exbatallón de Infantería. Y recordó que las personas pasan de ser denunciadas a imputadas cuando “hay evidencias claras”, como testimonios y o documentación. “No es como dice la defensa de los tres militares. Cuando definimos quiénes pasaban a ser imputados, le ofrecimos la carpeta a los defensores. Pero la rechazaron porque estaba pendiente un recurso ante el Tribunal de Apelaciones”, dijo Perciballe.

Y agregó: “Nunca se le niega a nadie el acceso a la carpeta investigativa”.