JUSTICIA Y COVID-19

Estar en un almacén y hablar con personas en el medio de la vereda ya era un delito. El hombre, que había viajado a Uruguay desde Argentina, había firmado una declaración jurada de que cumpliría con 14 días de cuarentena obligatoria. Pero el hecho de que el almacén quedara a 200 metros de la casa de su expareja implicaba otro ilícito.

El 8 de diciembre de 2018, y luego de cuatro años de relación, su pareja decidió presentar una denuncia por violencia doméstica. La mujer denunció varias situaciones violentas que tuvo que lidiar con el hombre. Contó que muchas veces, luego haber terminado la relación, su expareja iba a un monte cerca de su casa, desde donde la vigilaba, y cuando veía que ella estaba llegando la increpaba y la amenazaba diciéndole que le iba a pegar.

En una ocasión el hombre saltó el cerco de la casa de ella, la insultó, la tomó de la boca y le dijo que ella lo había dejado para estar con otra persona. Otra de las veces la amenazó con que iba a matar a sus perros y que luego iba a prender fuego la casa.

En esa vigilancia que el hombre realizaba en las inmediaciones de la casa de su expareja, el hombre golpeaba la puerta de la casa para que abriera y si no comenzaba a tirar piedras. En una oportunidad llegó a entrar a la vivienda y le robó una bicicleta. Más tarde, la devolvió rota.

Según relató el fiscal de San Carlos de 2° Turno, Jorge Vaz, durante una audiencia judicial a cuyo registro accedió El País, el 14 de agosto de 2019 sucedió un nuevo hecho violento.

Sobre la madrugada el hombre fue a la casa de la víctima y comenzó a gritar que necesitaba ayuda; entró a la casa y con un machete comenzó a amenazarla. Ese mismo día la Justicia de San Carlos impuso que el hombre no se podía acercar en un radio de 500 metros por 180 días. Además, como no se sabía dónde estaba él en ese momento, se le dispuso custodia policial a la mujer. Siete días más tarde, el hombre fue ubicado y se le colocó una tobillera electrónica. El 17 de marzo de este año la medida se extendió por un plazo de un año.

Como el hombre pensaba viajar a Argentina, la Justicia también dispuso que fuera monitoreado hasta la frontera para que hubiera certeza de que efectivamente iba a abandonar el país. El pasado viernes 13 de noviembre, su expareja lo vio caminando por el barrio La Bota (Maldonado) y decidió hacer la denuncia. Más tarde lo volvió a ver en un almacén a dos cuadras de su casa en el balneario Buenos Aires.

Había entrado a pie a Uruguay el 9 de noviembre. El fiscal Vaz solicitó el inicio de la investigación penal contra el hombre por ser presunto autor de un delito continuado de desacato agravado por violar la cuarentena, y un delito de desacato por violar las restricciones de violencia doméstica impuestas por la Justicia. Vaz solicitó que el hombre fuera a prisión preventiva por 90 días mientras continúa la investigación.

“La víctima tiene terror al imputado; (él) ha incumplido en reiteradas oportunidades las medidas impuestas”, dijo el fiscal. Concluyó que también es un riesgo para la sociedad por ser potencialmente un caso de COVID-19. “Incumplió largamente la cuarentena”, expresó. La Justicia dispuso la prisión preventiva por 60 días.