Los judiciales analizan medidas que afectarían vigencia.

Dos nubes se ciernen sobre la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. Por un lado, la Asociación de Magistrados Fiscales advirtió por carta al Fiscal de Corte, Jorge Díaz, que hay numerosas "dudas" sobre aspectos de su aplicación. Por otro, los funcionarios judiciales, que reclaman una actualización salarial, posiblemente decidan hoy en asamblea medidas que pueden afectar la entrada en vigencia del código (prevista para el 16 de julio).

La carta de la gremial, a la que accedió El País, indica que "se plantean dudas en el texto definitivo de la ley de implementación del nuevo Código, considerando que al momento actual ya han visto la luz al menos dos reformas y se sostiene con razón, incluso de su parte, que son urgentes nuevas modificaciones para ingresar claramente en un modelo realmente acusatorio". La misiva está firmada por la presidente de la asociación, Dora Domenech y el secretario José Iglesias.

"Integrantes de esta comisión y otros asociados, en forma individual han planteado numerosas dudas a quienes se abocan a la tarea de organización futura y sustantivamente no han encontrado respuestas concretas a las múltiples interrogantes", agrega. "A la espera de que se pueda mantener un diálogo sobre estas circunstancias que en este momento son significativas para toda la masa operativa de Fiscales, tanto de los que hacen sus apreciaciones respetuosas en voz alta, como la de aquellos que las callan por diversos motivos le enviamos la presente", concluye. Hasta ayer ese diálogo no se había abierto.

Por otro lado, el conflicto judicial, que comenzó hace seis años, sigue y sigue y el sindicato no quiere bajar la guardia aunque el propio presidente Tabaré Vázquez advirtió que la oferta que el Poder Ejecutivo hizo al gremio y que este rechazó iba a ser la última que haga su administración. El sindicato judicial parará hoy a partir de las 14 horas en Montevideo y durante todo el día en el interior del país en reclamo de la adecuación salarial del 15% que reclama y hará una asamblea. El origen del conflicto es la aprobación durante el anterior gobierno del "enganche" de las remuneraciones de los judiciales con las de los ministros de Estado y de la Suprema Corte de Justicia. El anterior gobierno adujo que nunca tuvo la intención de que hubiese un "enganche"

El sindicato realizará contactos con los partidos políticos para que se incluya alguna disposición en la Rendición de Cuentas para contemplar sus pretensiones, pero su secretario general, Eduardo Silveira, reconoció que hasta ahora el gremio no tiene ningún indicio en ese sentido. El gremio tiene a su favor una sentencia judicial firme, pero el gobierno sostiene que hoy no puede cumplirla.

El sindicato espera que en la asamblea de hoy pueda analizar una respuesta del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, al planteo que el gremio le realizó el mes pasado sobre el tema. Silveira insistió en que el aumento equivaldría a la finalización del conflicto porque el gremio está dispuesto a negociar los plazos en que los trabajadores podrían cobrar la deuda generada en los últimos años.

Hoy probablemente se decidan medidas que puedan afectar la puesta en marcha este año del nuevo Código de Proceso Penal. El sindicato había decidido que los funcionarios de los juzgados penales no concurrieran a ellos por los que la Suprema Corte los declaró obligatorios. Como el sindicato protestó, la corporación está ofreciendo tres días de licencia a quienes concurran. Los judiciales calculan que la deuda con ellos es de US$ 40 millones. El artículo 733 de la Rendición de Cuentas condicionó el pago de la sentencia a que el gobierno tenga fondos.

EL DESTINO DEL NUEVO CÓDIGO DEL PROCESO PENAL