OPINIÓN

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“Las consecuencias del crecimiento económico para el bienestar humano son tan estremecedoras que, una vez que uno empieza a pensar en eso, es difícil hacerlo en otra cosa” dijo Robert Lucas, unos años antes de ganar el Premio Nobel de Economía en 1995. Se trata de una gran verdad que debería actuar como uno de los principios rectores de la política económica de Uruguay.

Porque un crecimiento económico alto y sostenido es la condición necesaria para la expansión del empleo, el dinamismo de los salarios reales y la sustentabilidad de un financiamiento eficiente de las políticas sociales. Sin todo eso, no hay reducción estructural de la pobreza, ni mayor igualdad de oportunidades.

Durante los últimos años, Uruguay ha enfrentado un panorama complicado en todos esos planos e incluso crítico desde 2020 con la irrupción de la pandemia. La masa salarial se estancó primero y luego cayó el año pasado, mientras el déficit fiscal y la deuda pública mostraron grandes aumentos durante la última década. Esto amenazaba alzas adicionales de la carga tributaria y ajustes en prestaciones sociales, en un contexto de incipiente deterioro de los indicadores de pobreza y distribución del ingreso que la crisis del COVID-19 aceleró.

Todo eso ha llevado muchas veces a poner “la carreta delante de los bueyes” no solo en el debate político, sino también en el económico. El foco ha estado frecuentemente en buscar soluciones voluntaristas sobre las manifestaciones de la sombría evolución del PIB, más que en actuar sobre ella y sus causas. Así, suelen escucharse propuestas para subir artificialmente salarios, suspender despidos o crear empleos, en vez de enfocarse en el crecimiento económico, que es su determinante principal. De hecho, que la masa salarial se haya estancado entre 2015 y 2019 y haya caído en 2020 es, básicamente, la contracara primero del estancamiento del PIB y después de su contracción el año pasado.

Justamente, en el último sexenio, Uruguay ha enfrentado un doble problema de crecimiento.

Por un lado, se ha explicitado una baja expansión del PIB potencial. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas la estima en apenas 2,3%, cifra que podría ser incluso menor, considerando las nuevas Cuentas Nacionales.

Por otro lado, en el marco de ese bajo potencial, el crecimiento efectivo del PIB ha estado afectado por condiciones cíclicas adversas desde 2015, el impacto recesivo (transitorio) de la pandemia durante 2020 y la escasa capacidad de desarrollar políticas contracíclicas, tanto en materia fiscal como monetaria (cambiaria), por la acumulación de desequilibrios.

Así que, cuando en la actualidad emergen preocupaciones e impaciencias por la reactivación, en un contexto transversal de tiempos “más políticos” al cumplir un año el nuevo gobierno, el foco debe estar bien orientado hacia las condiciones estructurales para subir el crecimiento potencial, junto al uso adecuado de políticas macro y sociales temporales para sobrellevar la transición hacia “la nueva normalidad”.

Por lo tanto, ante el cúmulo de propuestas, los principales roles del equipo económico (y del presidente) pasan por escuchar y arbitrar, pero actuando en pro del interés general, en forma consistente y focalizada, con apoyos transitorios (adicionales) hacia los más vulnerables, sin descuidar nunca el largo plazo.

Para subir el crecimiento potencial —algo clave a la larga, pero impacto positivo a la corta— es esencial reimpulsar la inversión privada. Es cierto que la productividad y el capital humano son fundamentales, pero los resultados de acciones directas ahí no son inmediatos. Es más eficaz potenciar la inversión y por esa vía elevar indirectamente la contribución del resto de los factores. Mayor inversión trae más productividad y empleo. Es una política de oferta, que expande la capacidad productiva, por sobre una política de demanda.

Indudablemente que la inversión se irá recuperando por el entorno externo más favorable y las expectativas internas de “una nueva normalidad” más cercana, pero para acelerar el proceso y hacerlo sostenible se deben potenciar señales claras y creíbles, tanto en la macro como en la micro.

Es clave seguir reduciendo el déficit fiscal estructural y reforzar la institucionalidad para garantizar un mejor manejo de largo plazo y estar preparados por si se atraviesa otro cisne negro en el camino. Con eso, podrían atenuarse los riesgos de nuevos aumentos en la carga tributaria y de una baja en la calificación crediticia, además de atenuar la caída del Tipo de Cambio Real.

Pero también, urge avanzar en una mejor inserción externa, con mayor flexibilidad para Uruguay en el Mercosur, en paralelo con una agenda más ambiciosa en materia de competitividad y remoción de trabas a la inversión privada.

En el corto plazo, además de la consolidación fiscal y la consiguiente prolongación de la expansividad monetaria y crediticia, no habrá impulso económico más potente que una rápida vacunación de la población. Mientras tanto, es cierto que el adelanto de obras públicas y/o programas de infraestructura podrían ayudar, aunque sus efectos no necesariamente se verán en lo inmediato. Ni tampoco impactarán rápido en los sectores y segmentos más afectados, sobre los cuales debería haber políticas focalizadas y transitorias, en el marco de la institucionalidad vigente o con innovaciones temporales.

En definitiva, una condición necesaria para abordar bien las urgencias y hacer “buenas políticas sociales” y “buena política”, es hacer “buena política económica”, orientada siempre a un crecimiento alto y sostenido.