OPINIÓN

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Este año es especial. Se inaugura una nueva administración de gobierno liderada por el Dr. Luis Alberto Lacalle Pou y que tendrá como copartícipes a miembros de su partido y de otras colectividades que se aliaron para derrotar al Frente Amplio en la segunda vuelta del 24 de noviembre. 

La coalición multicolor, como se la ha llamado, que agrupa al Partido Nacional con el tradicional adversario, el Partido Colorado, al recién surgido Cabildo Abierto, al Partido de la Gente y al Partido Independiente, deberá administrar en un contexto macroeconómico que no es bueno y que deberá mejorar. Con buena conducción de política económica será posible, como ya lo vimos en 2003-2004, con la gran salida macroeconómica de la crisis del 2002.

Hoy el escenario es el de una economía sin dinamismo -en recesión si se la mide respecto a su capacidad potencial de expansión-, con alto desempleo de trabajadores y con mucha capacidad instalada de infraestructura productiva ociosa; con inflación por encima de la meta oficial y, desde el punto de vista externo, con cuenta corriente de balanza de pagos insatisfactoria no obstante los todavía altos precios internacionales de los principales productos de exportación -carne, celulosa y soja-.

Es ese el diagnóstico de la situación macroeconómica en la que comenzará a gobernar la nueva administración y que, cabe señalar, es el resultado de los efectos que provocan distintos factores -mundiales, regionales, y políticos-, a los que se agrega la combinación de políticas macroeconómicas que se ha venido llevando. Se puede afirmar que hoy, la mayoría de esos factores estarán jugando en contra cuando asuma la nueva administración.

En la economía mundial, solo son favorables algunos pecios de commodities y el bajísimo nivel de las tasas de interés externas, en especial el de la de Estados Unidos, que es la variable central del mundo capitalista, que juegan a favor de nuestro país: bajo costo de endeudamiento externo y atracción de capitales financieros pero con la contrapartida de una tasa de cambio que no apoya a una buena competitividad de la producción transable, en realidad a la exportable.

Desde el punto de vista regional lo favorable es lo que viene ocurriendo en Brasil. Su muy buena conducción económica ajusta las finanzas públicas y mantiene baja la tasa de interés de intervención lo que devuelve confianza que se concreta en creciente expansión con desempleo aún alto pero en declinación, baja inflación y buen resultado externo que aprecia al real.

El contexto económico brasileño se ha vuelto más favorable para nuestro país y es muy distinto al que se configura en Argentina, en recesión, con alta inflación y devaluación, medidas restrictivas del comercio y otras por el estilo que son y serán por todo el año 2020 muy desfavorables para Uruguay.

Internamente este año se caracterizará por una oposición política aguda de la coalición de izquierda, a las medidas económicas que se vayan implementando, incluso a las que apunten a un nuevo modelo previsional. La coalición, heterogénea desde el punto de vista ideológico, tendrá problemas de unidad que se esconderán por la instancia electoral departamental de mayo. Y su aliada, la central sindical, no tendrá igual contemplación del nuevo gobierno a pesar de las medidas de lucha que anticipa que pueden ocurrir. Aumentar el salario real, cualquiera sea la forma, seguirá siendo su objetivo fundamental pero las circunstancias particulares de cada sector productivo serán las razones para un desenlace diverso al que lograra la central bajo administraciones anteriores.

Las políticas. La aplicación de una combinación de políticas macroeconómicas -fiscal, monetaria y cambiaria-, que logre instantáneamente un equilibrio satisfactorio no encuentra las condiciones dadas para su éxito. Se puede lograrlo sí, pero en cierto lapso. Será muy difícil a partir de marzo que se pueda emplear a la política fiscal sin restricciones tanto por el lado del gasto como por el de los tributos ya que el déficit que recibirá el nuevo gobierno será sumamente alto, mayor al 5% del PIB -y tal vez cercano al 6%-. Un déficit que amenaza una reducción de la calificación crediticia y al grado inversor de la deuda pública nacional, que requiere un ajuste que la conducción actual no ha enfrentado desde hace tiempo y cuya importante peligrosidad niega. Es inevitable una reducción del déficit que la nueva administración -sensatamente- ha asegurado que lo hará sin aumentar impuestos, bajando gastos innecesarios y con mayor eficiencia en la aplicación del resto.

Hay más espacio para un empleo menos complicado que el fiscal y más coherente que el actual, de la política monetaria. Asumiendo cierta postura cambiaria es posible alcanzar la autonomía absoluta del manejo monetario que hoy no tiene el Banco Central, contribuir a mejorar la actividad y el resultado inflacionario y lograr un abatimiento sensible del endeudamiento de la institución y su déficit por su costo, reduciendo ciertos activos de monto excesivo -las reservas internacionales-.

En marzo, se conocerán las medidas macroeconómicas que tomará la nueva administración de gobierno y se conocerá si son adecuadas para alcanzar sus objetivos: una actividad productiva creciente, una inflación menor y equilibrio o superávit en el sector externo de la economía. La combinación de la política fiscal, monetaria y cambiaria, deberá apuntar a ello. Algo que no se ha logrado desde hace tiempo por la volatilidad de las acciones de la administración que dejará el gobierno.