Hace exactamente 100 años, la ley N° 7.690, por la cual se creó el Registro Cívico Nacional (nómina de ciudadanos aptos para votar) y la Corte Electoral, fue considerada en su momento una norma “perfecta”. Y en cierta manera su vigencia, un siglo después, confirma esa sentencia. En aquel entonces los partidos políticos (que 20 años antes habían protagonizado la Revolución de 1904) decidían cambiar las armas por las urnas. Y apoyaban la creación de una institución independiente a los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), que hasta hoy sigue siendo garante de los actos electorales que se celebran en el país.

En la actualidad, la Corte Electoral maneja un padrón de 2.700.000 ciudadanos y algo más de 1.000 funcionarios, 260 de los cuales tienen más de 30 años en la institución y conforman el “núcleo duro” que, con su saber hacer, garantiza los procesos eleccionarios. “Han pasado 100 años que permitieron dejar en el pasado y superar el desgarrador enfrentamiento entre bandos y partidos en los campos de batalla del siglo XIX, durante los cuales se construyó -salvo paréntesis indeseables- un país modelo. Por encima de marchas y contramarchas, Uruguay fue pionero y sigue siendo faro en el continente y el mundo en materia del ejercicio democrático”, declaró el presidente de la Corte, Wilfredo Penco, al hacer uso de la palabra en una sesión solemne y pública realizada el pasado martes en el Cabildo de Montevideo, con motivo del centenario de la institución.

En el marco de esta conmemoración, uno de los siete ministros del cuerpo, José Garchitorena, publicó el libro La Corte Electoral, 100 años contribuyendo a la democracia en Uruguay (Banda Oriental). En él, el autor describe que en el Derecho comparado no es común que en materia electoral un solo organismo reúna las funciones jurisdiccional y administrativa. Y dice que su integración la hace única, al estar sus ministros obligados a expresar su filiación política y ser sugeridos por los partidos, que velan por un interés común anteponiéndolo a sus diferencias. “Reflejo de los acuerdos y los desacuerdos de los protagonistas del sistema democrático representativo nacional, los partidos políticos uruguayos, la Corte Electoral ha sido, durante cien años, un ámbito donde la rivalidad partidaria ha dejado lugar a la consecución de la verdad electoral a partir de la aplicación estricta y proba de la Constitución y de la ley”, destaca Garchitorena.

La llegada de la urna y el voto

El 9 de enero 1924, luego que una comisión integrada por 25 parlamentario y presidida por Andrés Martínez Trueba redactara las bases del actual sistema electoral uruguayo, se creó la Corte Electoral. Comenzó así una nueva era que supuso el abandono de las luchas de los partidos políticos con las armas, para pasar a las urnas y comenzar a reconocerse como legítimos representantes de la pluralidad del pensamiento en el país.

Desde la primera Constitución sancionada en 1830, Uruguay adoptó como base de su sistema institucional la forma de gobierno democrática republicana, el principio de soberanía nacional y el de separación de poderes. Sin embargo, según el abogado Carlos Urruty (quien ingresó como mensajero a la Corte con 15 años de edad en octubre de 1944 y llegó a ser su presidente durante 14 años), las exigencias emanadas de la necesidad de dotar al sistema institucional de mayores garantías fueron provocando la aparición de órganos de contralor que no quedaran incluidos en la órbita de competencia de ninguno de los tres poderes tradicionales. Eso fue lo que ocurrió con la Corte Electoral, parida por aquella ley de 1924.

“El motivo fundamental que lleva a la creación de la Corte Electoral es la necesidad de organizar un Registro Cívico permanente y de encomendar su conservación, custodia y depuración”, escribió Urruty (1929-2010) en una publicación de 1992. Y agregó: “A esta tarea se le suma inmediatamente, con la sanción de la Ley de Elecciones en 1925, la atribución de la competencia para conocer toda la actividad relacionada con la organización y desarrollo de acto eleccionario: elaboración del Padrón Electoral, aprobación de los planes circuitales, registro de candidaturas y designación de miembros de Comisiones Receptoras de Votos, escrutinio definitivo, adjudicación de cargos y proclamación de los electos”.

La Corte Electoral ejerce la superintendencia sobre las Juntas Electorales Departamentales y constituye un tribunal en materia eleccionaria, en todos aquellos casos en los cuales existan dudas sobre el resultado de comicios, sobre la elegibilidad de un ciudadano para un cargo, o sobre la procedencia de realizar o no un plebiscito.

Además, su competencia trasciende las elecciones nacionales y departamentales, dando garantías a los procesos electorales de otras instituciones como la Universidad de la República, la ANEP (en sus Asambleas Nacionales de Docentes) y el Banco de Previsión Social.

Uruguay, país pionero

El 3 de julio de 1927, Uruguay se convirtió en el primer país sudamericano en el que las mujeres pudieron votar. Se trató de un plebiscito local donde la ciudadanía decidió acerca de la integración del poblado Cerro Chato a los departamentos de Florida, Treinta y Tres o Durazno. Ganó el sector que quería anexar la localidad a Durazno, aunque las autoridades de la época no concretaron el mandato de las urnas.

La primera mujer que votó en esa ocasión fue Rita Rebeira, una afrodescendiente e inmigrante brasileña que tenía 90 años. Once años tuvieron que pasar para que se permitiera el voto femenino, en 1938, en las elecciones nacionales, algo que había sido consagrado en la Constitución de 1934.

Durante el período de facto

Durante la última dictadura (1973-1985) la Corte nunca cerró. En 1977 el gobierno cívico-militar decretó la intervención del organismo, nombrando un directorio de tres miembros presidido por Nicolás Storace Arrosa, quien se mantuvo como fiscalizador de la institución hasta la designación de sus nuevos titulares por el Parlamento democrático en 1985.

Durante el período dictatorial hubo dos instancias de consulta popular. Una fue el plebiscito de 1980 -se votaba por la aprobación, o no, de una reforma constitucional espuria propuesta por los militares- y la otra en 1982 sobre elecciones de los partidos políticos. En ambas instancias, el régimen sufrió una clara derrota, a la vez que la fortaleza del sistema electoral impidió que los resultados fueran violentados.

El ministro José Korzeniak destacó durante los festejos por el centenario el hecho de que “no solo los partidos políticos pierden elecciones”, sino también los gobiernos de facto.

“La Corte Electoral, aún intervenida, garantizó la fidelidad de los resultados a la voluntad popular. El proyecto de la dictadura fue derrotado por la ciudadanía. Esto es un ejemplo de que la institucionalidad democrática prevaleció frente a la acción de un régimen dictatorial que sintió la necesidad de legitimarse”, destacó Korzeniak.

Las elecciones nacionales para el período 1985-1990 se realizaron el domingo 25 de noviembre de 1984. Y tuvieron como ganador a Julio María Sanguinetti. Estos comicios marcaron un momento histórico: la finalización de la dictadura y el retorno de la democracia a Uruguay. Los años de plomo habían terminado.

En julio de 1985 fueron designados por el Parlamento democrático los nuevos integrantes de la Corte Electoral. El cuerpo fue presidido por el político y periodista maragato Renán Rodríguez Cabrera, quien se mantuvo en el cargo hasta su renuncia en 1990.