La fiscal general interina de los Estados Unidos, Sally Yates, comunicó que el Departamento de Justicia no iba a defender ante los tribunales el decreto que prohíbe entrar al país a los nativos de siete naciones con mayoría musulmana.

La fiscal general interina de los Estados Unidos, Sally Yates, comunicó que el Departamento de Justicia no iba a defender ante los tribunales el decreto que prohíbe entrar al país a los nativos de siete naciones con mayoría musulmana.

Fulmíneo, Donald Trump la reemplazó por un genuflexo que, presto, impartió la orden contraria.

Siempre defendimos la libertad del dictaminante, no solo por respeto a su dignidad personal y funcional sino porque es obligación ético-jurídica de todos buscar sin cortapisas lo racional como razonable, valga la feliz expresión de Aarnio.

Y en cuanto a las fiscalías, siempre combatimos los intentos de remedar este sistema estadounidense por el cual el jefe impone a rajatabla sus instrucciones conceptuales.

Pero he aquí que la víctima de semejante método terminó siendo la propia jefa, interina sí, pero con 27 años en el servicio. Fue echada por plasmar lo siguiente:

“En los pleitos, los abogados del Departamento de Justicia están encargados de proveer argumentos legales razonables para sustentar un decreto ejecutivo. Pero mi papel como líder de esta institución es más amplio. Mi responsabilidad es asegurar que la posición del Departamento de Justicia no solo sea legalmente defendible, sino que además, después de tomar en consideración todos los hechos, esté conformada con nuestra mejor convicción sobre lo que la ley es”.

“Soy responsable de que las posiciones que adoptamos en los tribunales se mantengan coherentes con la solemne obligación de esta institución de siempre buscar justicia y situarse a favor de lo correcto. Al presente, no estoy convencida de que la defensa de este decreto ejecutivo sea congruente con esas responsabilidades ni de que el decreto sea legal. Por tanto, mientras esté en funciones como Fiscal General, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa del mismo”.

Conmueve que una jerarca sienta hoy la ambición y la angustia de mantener la coherencia de una institución que tiene a su cargo apenas transitoriamente.

Que la máxima fiscal estadounidense se haya jugado el puesto por servir al Derecho con esfuerzos máximos y no con la resignación “light” del burócrata, abre luz y siembra esperanzas por encima de su destitución.

A lo largo de los siglos, el Derecho siempre ha progresado desde las respuestas dialécticas que profiere la conciencia ante la injusticia.

Pero cualquiera sea el buen fruto a distancia, hoy indigna la futilidad con que Trump cambió a la jerarca para imponer su voluntad.

Dolorosamente, es la misma liviandad con que, para hacer comprar a fórceps un avión de 40 años atrás, se hizo jubilar al ministro del Tribunal de Cuentas que formaba mayoría para observar el gasto… y se lo reemplazó por un comedido que votó al revés.

Y más doloroso todavía es que el Presidente Vázquez haya salido a decir que “Si no hay observación del TCR no hay ninguna ilegalidad” y que “actuamos dentro de la ley y con absoluta transparencia”. Con lo cual, una jugada minorista la invocó el Presidente como sustento legal para su dislate.

Si releyera el texto de Derecho Usual de Baroffio, Grompone y Bonino para Medicina, recordaría que entre las fuentes del Derecho no figuran ni el ardid ni la manganeta.