EDITORIAL

El "desfasaje" de Ancap

Como de simple "desfasaje" calificó la ministra de Industria, Carolina Cosse la deuda que Ancap mantendría con la Dirección General Impositiva (DGI) por concepto de no pago del IVA correspondiente a importaciones de derivados del petróleo desde el año 2007.

La suma rondaría los 385 millones de dólares de acuerdo a la información de El País, porque las deudas originales se verían acrecidas por las habituales multas y recargos que se supone debería aplicar el organismo recaudador, de la misma manera que lo hace con los particulares. Para la ministra, esa suma es "exagerada" y solo serán unos US$ 115 millones

El término "desfasaje" que empleó la ministra para describir el no pago de una deuda suena bastante ininteligible, y las explicaciones que siguieron no contribuyen a esclarecer las cosas. Más bien que acentúan la confusión: "Ancap se presenta voluntariamente en la DGI para conversar sobre esos desfasajes en el pago, pero Ancap está al día con la DGI, eso quiero decirlo rotundamente". La lógica diría que si está al día "rotundamente", presenta los documentos "rotundamente", y no tiene nada que conversar "rotundamente". Pero en este Ancap "progresista" da la sensación de que la lógica va por un lado y las explicaciones oficiales por otro muy distinto.

La misma sorpresa o las mismas dudas deben haber surgido en el senador Álvaro Delgado, impulsor de la Comisión Investigadora Parlamentaria, cuando comentó que "Nunca pensamos que el desfasaje fuera tan grande y que Ancap no pagaba el IVA a la DGI", al tiempo que presentó un pedido de informes para saber "si existen importaciones de cualquier tipo realizadas por Ancap aún sin regularizar ante los organismos competentes desde el año 2005", y si la empresa mantiene deuda con la DGI y a cuánto asciende. Además pregunta si Ancap le debe a otros organismos producto de las importaciones realizadas desde 2005.

Lo primero a tener en cuenta es que —como dijo Delgado— el tema ya había estado presente en el seno de la Investigadora, que había recibido documentación de la Dirección de Aduanas sobre algunas importaciones de Ancap. El director de Aduanas, Enrique Canon, confirmó a la Comisión Investigadora que el ente ingresó reiteradamente mercadería al país sin cumplir con la tramitación de los correspondientes despachos de importación, lo que se empezó a hacer casi cinco años después de la importación.

Además de la dilatoria en la regularización de los documentos por varios años, existían atrasos con el IVA y las tasas aduaneras que deben abonarse por ambas importaciones. En esa situación —documentación y pagos que no existieron o "desfasados"— se encuentran entre otras, importaciones provenientes de Trinidad y Tobago (Geogas Trading, US$ 3 millones), Brasil (Petrobras, US$ 1,6 millones) y Yemen (Masila Petroleum, US$ 108 millones).

Lo segundo, es el desprecio del Frente por el manejo del dinero ajeno, ese que aportan los contribuyentes, que en el caso de Ancap está tremendamente exacerbado. La ministra habla de "desfasaje", pero reconoce una deuda de 115 millones de dólares: una fortuna en este Uruguay del "penúltimo" ajuste fiscal de Danilo Astori y en cualquier parte del mundo. Parecería que para el Frente los millones de dólares son iguales a caramelos y se reparten a diestra y siniestra (sobre todo a siniestra). Que da lo mismo Ancap, que Pluna, que el Fondes, que ASSE, que el Antel Arena o las certificaciones médicas del BPS: todas son cifras de nueve números. Y cuando la bonanza se termina y la plata no alcanza, ¡dale que va!, más impuestos, disfrazados ahora de "consolidación fiscal".

En el período 2011-2015 Ancap generó un agujero negro del orden de los 800 millones de dólares. En enero pasado, solo con los votos del Frente Amplio —y es bueno recordarlo— el Parlamento le votó una capitalización financiada con el dinero de los contribuyentes (le regaló) de 622 millones de dólares, más un préstamo de la Corporación Andina de Fomento por 250 millones de dólares que todos sabemos quiénes van a pagar.

Ahora tenemos que un ente público ingresa mercaderías a través de Aduana sin presentar documentos y sin pagar los gravámenes correspondientes, que después igual cobra religiosamente a los ciudadanos cuando se las vende. Pero no pasa nada porque eso es solo un "desfasaje". ¿Y si lo hace un privado? ¿Puede argumentar lo mismo cuando le caigan los inspectores o lo cite la Justicia? ¿Puede decir que cometió un "desfasaje" al ingresar mercadería no declarada y sin pagar los tributos establecidos por leyes o reglamentos especiales? ¿O sería delito?

Así vamos...

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