Si la empresa mixta se hubiera formado, los cálculos más avaros de esos años planteaban que el Estado hubiera recibido entre 500 y 600 millones de dólares por la venta a privados del 60% del paquete accionario. Antel hubiera sido clave para tomar el Ceibal.

El pasado lunes se realizó el Consejo de Ministros en Villa Cardal. Vázquez dijo allí: "Si Antel hubiera sido privatizada como se pretendió hacerlo en el gobierno del Partido Nacional, hoy el Plan Ceibal no existiría". Fue una gran mentira presidencial.

En diciembre de 1992 una gran mayoría de uruguayos votó por derogar varios artículos de la ley 16.211, dentro de los cuales estaba la posibilidad de abrir Antel a capitales privados. No se trataba de una privatización-venta del ente a capitales transnacionales. Por el contrario, la ley que fue parcialmente derogada fijaba que al menos el 40% de Antel debía seguir siendo de propiedad estatal; preveía también que el 8% fuera de propiedad de los funcionarios de Antel, y definía finalmente que al menos un 3% de los capitales asociados debían de ser de orígenes nacionales.

Si la empresa mixta se hubiera formado, los cálculos más avaros de esos años planteaban que el Estado hubiera recibido entre 500 y 600 millones de dólares por la venta a privados del 60% del paquete accionario. Se trataba de una inyección de dinero enorme que podría haber mejorado aún más la situación social del país. Porque importa recordar en este sentido, que en 1994 Uruguay presentó los guarismos más bajos de pobreza de todo el período que va desde 1986 hasta 2011. Pero además, la asociación hubiera también potenciado a Antel a nivel regional, para competir en un mercado que tenía por delante una fenomenal expansión en todo el continente.

Ocurre entonces que el gobierno del Partido Nacional no quiso pasar enteramente Antel a capitales privados. Y ocurre también que el objetivo de la ley, que terminó siendo parcialmente derogada a influjos sobre todo del Frente Amplio y del sanguinettismo del Partido Colorado, era potenciar a Antel para hacerla ganar más dinero, modernizarla rápidamente y que fuera una empresa estratégica en la que el Estado tuviera protagonismo dirigencial.

En este esquema de asociación con privados, mal puede imaginarse que Antel no hubiera sido una herramienta clave para el desarrollo del Ceibal. Incluso más: hay que recordar que este Plan Ceibal nunca formó parte de la propuesta política y electoral del Frente Amplio que llega al poder en 2005. Por el contrario, se trató de una iniciativa que provino de Estados Unidos con el proyecto "One Laptop Per Child" de Nicholas Negroponte, tomada luego por el gobierno.

Es difícil hacer ciencia ficción, pero ¿por qué suponer que el proyecto de Negroponte no hubiera llegado a Uruguay en 2007 con una Antel de capital mixto público-privado como lo preveía originalmente la ley 16.211? En realidad, no hay por qué suponerlo. Porque además, con una estructura de capitales mixtos, lo más probable es que las inversiones en infraestructura de Antel, útiles para el Ceibal, hubieran sido tan o más importantes que las que efectivamente se hicieron entre 1992 y 2007. Incluso más: seguramente una codirección eficiente público-privada hubiera evitado el despilfarro de la Torre de Antel definida por la segunda Administración Sanguinetti.

Pero Vázquez no solamente falta a la verdad cuando describe la voluntad del Partido Nacional con la ley 16.211. También omite con su comentario que mientras el Frente Amplio fue oposición entre 1985 y 2005, llevó adelante las campañas más infames en contra de cualquier posibilidad de apertura de empresas públicas a capitales privados. Pero cuando llegó al poder transformó radicalmente su prédica y su práctica, y privatizó de la peor manera varias tareas del Estado.

En efecto, bajo administraciones frenteamplistas no solamente Ancap o Alur han hecho los negocios más nefastos con privados y han definido asociaciones de hecho con empresas internacionales. También, en todos estos años fueron creadas al menos 38 personas públicas no estatales y al menos 22 sociedades anónimas con aportes de capitales estatales. Son sociedades que funcionan bajo el régimen de derecho privado y que emplean a más de 3.000 funcionarios. Y más importante aún, son sociedades que asumen la gestión de servicios públicos, como por ejemplo el agua potable, el saneamiento o la energía eléctrica. El Frente Amplio les ha dado esta forma jurídica para evitar cualquier control parlamentario sobre ellas y generar así una especie de "estadito paralelo" del que poco se conoce.

Esta es la verdad de lo que fue el objetivo de la ley 16.211 para Antel, del papel opositor del Frente Amplio de Vázquez y de las privatizaciones de Vázquez en el poder. Lo demás es viru-viru.

EDITORIAL