Al reporte voluntario, gobierno sumará inspección, cruzamiento y análisis.

Creció la cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos recibidos el año pasado en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU). Además, ante los "escasos controles" y "reportes" en el pasado, el gobierno busca generar un "sistema de previsiones" para que los sujetos obligados del sector privado cumplan en informar, dijo ayer el secretario Antilavado, Carlos Díaz.

En la memoria anual de actividades de la UIAF se informó que durante el año pasado la oficina recibió 363 reportes de operaciones sospechosas, lo que representó un aumento de 27% frente al año anterior cuando habían sido 286.

Añadió que en 2015 la UIAF puso 13 casos en conocimiento de la justicia penal competente a efectos de continuar las investigaciones correspondientes. Esos 13 casos contenían la información proporcionada en 51 reportes de operaciones sospechosas presentados en el año por parte de los sujetos obligados a efectuarlas.

Además, la memoria expresó que la oficina adoptó 10 resoluciones de inmovilización previa de fondos por un plazo de 72 horas por un total de aproximadamente US$ 695.000. Las resoluciones se relacionaban con tres casos que fueron puestos en conocimiento de la justicia competente, quien posteriormente resolvió ampliar el plazo de la inmovilización de los fondos.

En el documento la UIAF resaltó el aumento de la participación de los sujetos obligados no financieros en el total de reportes recibidos.

En ese sentido, informó que se recibieron un total de 18 reportes de casinos, ocho de escribanos, cuatro de inmobiliarias, una de explotadores de zonas francas, una de rematadores y 30 de administradores de sociedades.

Por otra parte, el intercambio de información con unidades de inteligencia financiera del exterior creció y pasó de 75 pedidos en 2014 (58 recibidos y 17 enviados) a 82 en 2015 (64 recibidos y 18 enviados).

La ley de Presupuesto —aprobada el año pasado y que rige este año— creó la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Esa oficina sustituye a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos creada en 2009 y dispone de autonomía técnica, facultades de investigación y fiscalización y agrega a sus cometidos el control del sector no financiero, según el articulado de la ley.

Ayer, el secretario nacional Antilavado, Carlos Díaz, presentó los lineamientos de trabajo que marcarán el funcionamiento de la Senaclaft.

Explicó que la nueva dependencia mantiene algunas potestades de su antecesora, pero que fueron difíciles de implementar en el pasado y ahora se buscará su aplicación.

En ese sentido, informó que ningún organismo del Estado se podrá oponer a un pedido de la Senaclaft. Añadió que próximamente la oficina firmara convenios con la UIAF, el Ministerio del Interior, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para coordinar objetivos y acciones.

Díaz indicó que la característica de control tendrá una base fundamental en la informática. Agregó que se buscará generar un "sistema de previsiones en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y lograr el cumplimiento voluntario de los sujetos obligados. El cumplimiento voluntario implica una conducta y para eso se puede influir sobre la conducta futura, ya no sobre la pasada".

El jerarca explicó que la Senaclaft sabe cuál es el contexto. "Estuvimos con escasos controles y reportes en el pasado", señaló. Indicó que se están creando bases de datos. Un grupo de expertos semanalmente utilizarán esas bases para seleccionar a los que se vayan a controlar. La segunda etapa corresponde a la verificación donde habrá contactos con la empresa o el sujeto seleccionado.

"Si en esa etapa de verificación no se logra el resultado buscado, pasamos al control de campo para aplicar mecanismos de inspección, cruzamientos y también investigación, algo que pocos organismos tienen", dijo Díaz.

Los controles masivos, como los definió, comenzarán a partir del 1° de julio. Previo a eso se controlarán casos en curso en los juzgados de Crimen Organizado.

La Senaclaft también coordinará un comité de relacionamiento con los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos.

Díaz indicó que este comité ya estaba creado, pero "no funcionó al no existir un control permanente y entonces hubo problemas de motivación por parte de los sujetos obligados". Dentro de ese comité se trabajará en grupos y será liderado por un integrante de la secretaría en cada uno de los sectores.

Allí, entonces habrá grupos de vendedores de antigüedades y obras de arte, casinos, zonas francas, rematadores, administradores de sociedades y el sector inmobiliario (donde se incluyen promotores de inversión, empresas de construcción, inmobiliarias y escribanos). Todos esos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas serán convocados próximamente por la Senaclaft para establecer los procedimientos y definir los grupos de trabajo.

Según el informe de la UIAF, "la cantidad de reportes recibidos depende básicamente del cumplimiento de la obligación de reporte por parte de bancos y casas de cambio/empresas de servicios financieros, que originaron el 67,4 % de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) acumulados recibidos entre el 2011 y el 2015. De todas maneras, si se analizan los últimos años, las cifras muestran una tendencia moderada hacia la diversificación entre las distintas categorías de sujetos obligados del sector financiero". El informe agregó que "es de resaltar que ha aumentado la participación de los sujetos obligados no financieros en el total de reportes recibidos. En el 2014 representaron un 5% y en este año alcanzan el 17%".

CARLOS DÍAZ, CON LAS IDEAS CLARASMAXIMILIANO MONTAUTTI