La imputación del exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés por 22 delitos sexuales, entre los que se destaca el de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos, encendió las alarmas de todos, pero en especial de las personas que trabajan desde hace años en este tema. “Una persona tan pública pudo cometer todos estos delitos durante tantos años... ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se llegó a tanto?”, se pregunta Andrea Tuana, una trabajadora social que es directora de El Paso, organización de la sociedad civil referente en la actuación en casos de abuso sexual y de trata de personas.

Los especialistas consultados para este informe explican que el problema con la explotación sexual de menores es que es un delito donde la propia víctima no se identifica como tal. Y, al entender del abogado Juan Raúl Williman del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), este elemento es clave en la problemática: “Hace unos días nos llegó un caso. La madre vino a hacer la denuncia, pero la hija manifestó que estaba en pareja con el hombre que la supera en años, la chiquilina tiene 15. El tema es que técnicamente no puede consentir”.

En la explotación sexual la ley es clara. En el artículo 4 de la ley de Violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces (17.815) no se distinguen franjas de edad. Williman dice que la distinción está hecha sí para los casos de abuso sexual o de abuso sexual especialmente agravado. Pero cuando el delito es explotación sexual, en términos jurídicos es lo mismo si la víctima tiene 9 o 17 años .

La explotación sexual ocurre cuando un grupo de personas o una persona involucra a niñas, niños o adolescentes en actos sexuales para satisfacción propia o de otras personas a cambio de cualquier tipo de beneficio, dinero, especias, protección o regalos. Es una flagrante violación de derechos humanos. Es lo que antes se conocía como “prostitución infantil” o “corrupción de menores”. Y es distinto al delito de abuso sexual, porque siempre tiene que haber algo a cambio, sea dinero o cualquier otro tipo de retribución.

“En el caso de Varones Carnaval, por ejemplo, no había dinero a cambio, pero sí una ventaja de otra naturaleza, que sería salir en un lugar de esa comparsa o murga”, dice el abogado del consultorio jurídico de la Udelar. Allí siguen llegando casos, y tienen información de que hay más víctimas relacionadas al caso Penadés pero son personas que aún no han presentado la denuncia.

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Para el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, “estamos ante un cambio cultural que está comenzando a visualizar el problema”. Dice también que se trabaja fuertemente para que las situaciones de explotación sexual de menores no se concreten: “Hemos avanzado en esta materia, basta ver los nuevos dispositivos que hay en funcionamiento en el barrio Casavalle y en Ciudad de la Costa, pero siempre se puede hacer más”.

Tuana cree que aún falta mucho: “Estamos muy lejos, vamos muy lento, hay legislación aprobada en el año 2004, y todavía continúan los discursos que culpabilizan a las víctimas”. Según su experiencia hay un aumento de las denuncias, pero no necesariamente de los casos. En cambio, Abdala cree que los casos aumentan y que a la vez también lo hacen las denuncias: “Son dos procesos que se dan de manera conjunta”.

Los casos más públicos, como el del exsenador Penadés o la Operación Océano, son algo así como la punta del iceberg. Porque hay más casos que no son denunciados en forma pública; esta afirmación la comparten todos los consultados para este informe.

A lo largo y ancho de Uruguay los jueces condenan a adultos por el delito de explotación sexual de menores. Esto quiere decir que cada año niñas, niños y adolescentes son explotados y abusados sexualmente. “La diferencia que puede haber entre un niño que ha sido abusado sexualmente dentro de su hogar y alguien que esté en procesos de explotación es que muchas veces esos gurises, para llegar a los procesos de explotación, vivieron previamente un montón de situaciones que también generan trauma y daño”, explica Tuana.

Pero hay otro elemento. “El explotador sexual puede tratar con violencia física al niño o niña, no podemos decir que un daño es mayor que el otro, eso no se puede medir, pero en la explotación se pueden encontrar con cualquier tipo de persona. Hay otra exposición, hay un riesgo mucho mayor cuando hablamos de explotación sexual que de abuso. Siempre en términos relativos”, dice la integrante de El Paso.

La cantidad de casos van en aumento, de acuerdo a los datos del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapes). En 2019 hubo 240 casos, en 2020 aumentó a 410, en 2021 se reportaron 494 y 2022 cerró con un total de 529 casos. En cambio, durante 2007, 2008 y 2009 se registraron 20 casos en total.

En la mayoría de los casos las víctimas tienen entre 14 y 16 años, pero se registran casos de niños de tres años. El 90% de los episodios se registraron en el interior del país: esto se justifica porque en la capital hay más mecanismos para la detección, según se explica desde INAU.

Entre los 529 casos que se constataron en 2022 la mayoría son episodios individuales, que se dan en su entorno comunitario y familiar. Esto encajaría en una situación donde una chica de 16 años se va a vivir con un adulto, en esta situación de apariencia libre o de noviazgo, pero de fondo se detecta que a cambio de favores sexuales la menor está recibiendo “un techo”, comida o cualquier otro tipo de beneficio. Aunque también existen situaciones que están asociadas a una red de explotación.

¿Cómo llegan las denuncias al INAU? Muchas por la línea azul, es el teléfono 0800 5050. Abdala dice que algunas son anónimas, y que el INAU evalúa los entornos y constata la situación. Pero la mayoría “ingresan del propio territorio, es decir, de los distintos dispositivos, como pueden ser centros CAIF o Centros Juveniles. Desde luego también de las demás instituciones públicas y privadas, centros de estudio, policlínicas o centros de salud”.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

Lo clave para el presidente del INAU es que hay un trabajo interinstitucional que es razonablemente eficaz. Abdala se salta las banderas partidarias y dice: “El país viene dando pasos en los últimos 20 años fundamentalmente en cuanto a mejorar la respuesta y a establecer un sistema que permita o que contribuya a prevenir y a combatir el fenómeno”.

En San Carlos, Maldonado, funciona la primera fiscalía especializada en violencia de género y delitos sexuales del interior del país. La fiscal al frente, Fiorella Marzano, explica que las denuncias ingresan por muchas vías: “Se dan denuncias anónimas, llegan de INAU, de instituciones educativas, ONG y también hay denuncias en policía o directamente en la sede fiscal”.

En esta fiscalía la mayoría de los casos están vinculados con mujeres adolescentes, entre unos 13 o 14 años en adelante: “Los captadores en este tipo de situaciones muchas veces se vinculan con ellas a través de redes sociales, como por ejemplo Instagram, en donde tratan de tener una vinculación con estas adolescentes para luego concretar encuentros”. Marzano dice que en un inicio pueden ser solapados, como un encuentro de índole sexo afectivo, pero luego se plantea la situación de explotación, donde a cambio de dinero o de otro tipo de beneficio económico se piden servicios sexuales.

Para esta fiscal, que lleva adelante en su mayoría casos de violencia basada en género, “cada caso es único y especial”. Y dice que “si bien tenemos normativa internacional y está lo que establece el Código Penal en lo que refiere a los delitos sexuales y en específico la ley 17.815, trabajamos con guías de actuación”. Es que cuando se identifica el delito se tiene que actuar rápido, entender en qué escenario están y evaluar si el caso tiene que ser elevado a Interpol.

En su fiscalía han tenido casos por contribución a la explotación sexual, pero siempre se han vinculado con otros delitos. “Muchas veces han ingresado por abuso sexual especialmente agravado, porque ha sido mayor la evidencia. También hemos tenido formalizados por contacto con menores a través de medios tecnológicos que es lo que establece el artículo 277 bis del Código”, explica.

Foto: Estefania Leal

El fenómeno de la explotación sexual es complejo también desde el punto de vista fiscal, por eso los formalizados no están solamente por ese delito. “Tenemos muchos casos en trámite. Ayer ingresó uno nuevo, relacionado con otro que veníamos trabajando”.

-¿Cómo son los perfiles de estas víctimas?

-Si estamos ante una víctima que está atravesada por diferentes factores que la hacen más vulnerable, por ejemplo sin referentes familiares, sin escolarización, con problemas de discapacidad o de adicción, todo eso agudiza la situación de vulnerabilidad. La expone más a una situación de riesgo y es más fácil ser captada por personas que buscan consumir estos tipos de servicios. Pero a su vez también se puede vincular con el delito de trata, y acá ingresa otra normativa. Ahora tenemos en investigación a varias adolescentes mujeres vinculadas entre sí, en condiciones de mucha vulnerabilidad, que han sido captadas por redes sociales para luego ofrecer sus servicios sexuales a consumidores de páginas webs o directamente en domicilio. Pero son de muy difícil rastreo. Después también tenemos varones. Grupos de varones menores que estarían siendo explotados por adultos, pero el delito del cual tendríamos prueba sería la tenencia de estupefacientes con menores.

-¿Cómo es el proceso con las personas formalizadas?

-Una vez que tenemos analizada una situación de explotación sexual a las víctimas, y tenemos identificados a los posibles consumidores de los servicios sexuales de los menores, empieza todo el trabajo de localizarlos. En redes usan usuarios desconocidos. Esto implica muchas veces solicitar autorización judicial de la interceptación de comunicaciones. También rastreos de quiénes pueden ser los titulares de, por ejemplo, los teléfonos con los que se comunican con los menores. Son diligencias que en la mayoría se requiere autorización judicial, todo depende del caso concreto. Pero hacemos relevamientos de cámaras, de testigos, incautación de celulares y allanamientos. Cuando solicitamos una formalización siempre se pide la prisión preventiva de los imputados. No hemos llegado a un juicio oral, pero si a abreviados.

Una vez que todo llegó a la órbita judicial, la unidad de víctimas de fiscalía es la que trabaja con los menores. Y su tarea fundamental es garantizar los derechos que tendrán para declarar: eso se da con una serie de garantías especiales para las víctimas. Para poder hacer esto tienen que tener un acercamiento con la víctima, evaluar su situación particular. Se dan casos en los que no quieren declarar, pero según los registros de la unidad, la alta mayoría de las veces sí se realiza la declaración. “Que es fundamental para la investigación, muchas veces la víctima tiene datos muy precisos, como nombres y lugares, que hacen que finalmente se pueda hacer el procedimiento”, dice Mariela Solari, responsable de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Ariel Colmegna/Archivo El Pais

Pero para que esa víctima llegue al escenario de poder declarar, el equipo de fiscalía se encarga de que se den todas las garantías, que en este caso son muy especiales, ya que apuntan a no revictimizar y a crear un espacio lo más seguro posible. Por eso, y según lo dispone el nuevo Código del Proceso Penal, no son las partes las que hacen las preguntas. Esta es una de las grandes diferencias de una declaración convencional, ya que ni el juez, ni el fiscal, ni tampoco la defensa del indagado están físicamente en el lugar de la declaración. “Las partes acuerdan cuáles serán las preguntas, y es un funcionario judicial él que se las realiza a la víctima. Que además tiene derecho a estar en ese momento con una persona de apoyo emocional, que no va a hablar, pero va a estar ahí”, cuenta la directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía.

Hay distintos mecanismos por los cuales se puede tomar la declaración, porque se puede hacer de manera remota también. Esto siempre se acuerda entre las partes, en el entendido que se hará de una forma que no dañe aún más a ese niño o adolescente.

Cada caso, cuando es posible según los recursos que se tiene en cada sede, cuenta con dos profesionales referentes. Siempre los casos se supervisan y el equipo trabaja hasta que el caso tenga sentencia firme o se archive, pero de todos modos todos los integrantes de la unidad están al tanto de las situaciones, para responder ante emergencias. Se cuenta con un servicio de guardia a cargo de técnicos de la unidad que responden fuera del horario de oficina, cuando las víctimas o familiares requieren atención y contención.

Acá comienza el primer proceso de reparación a la víctima, que según cuenta Solari en muchos casos solamente quiere que la persona reconozca lo que pasó. Que asuma que cometió el delito. Las víctimas también denuncian, porque esa situación que vivieron no quieren que nadie más la pueda atravesar.

La Unidad de Víctimas de Fiscalía hace todo el acompañamiento durante el proceso, donde activan todos los mecanismos que esa persona puede necesitar. “Muchas veces pensamos que la solución es mandar a todo el mundo al psicólogo, y hay víctimas que nos dicen que no están preparadas para hablar con nadie más del tema”, dice Solari.

En el caso de que la víctima quiera recibir apoyo profesional, desde la unidad se busca hacer los nexos ya sea con organizaciones de la sociedad civil que estén en el tema, con INAU o una derivación a atención psicológica en la mutualista de la cual la persona es socia.

“No tenemos otros recursos desde la fiscalía, pero en muchos casos se extienden las atenciones psicológicas que brinda el sistema de salud”, explica Solari. Además trabajan con el consultorio de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, donde luego que el proceso judicial terminó, la persona puede ser atendida.

Pero no hay un solo camino para las víctimas. La integrante de la organización El Paso, Tuana, dice que la intervención en casos de explotación sexual tiene que ser multidisciplinaria, y que si bien hay casos donde puede haber una contención familiar, en la mayoría de las historias las víctimas están atravesadas por múltiples vulnerabilidades.

Un escenario es el de una adolescente que concurre al liceo, que tiene una familia que puede contener, donde la situación de explotación sexual fue por poco tiempo, en un marco puntual. Tuana dice que la reparación ahí es un poco más sencilla, pero este ejemplo no es la norma, son la menor cantidad de casos. La mayoría son de niños atravesados por todo tipo de violaciones a sus derechos. Menores uruguayos que fueron abusados y explotados sexualmente. “Es muy difícil trabajar ese daño, y también sacarlos de esa situación”, sentencia Tuana, “porque las marcas los van a acompañar toda la vida”.

Responsabilizar a las víctimas.

El concepto de la “mala víctima” en los delitos sexuales

La directora de la organización El Paso, Andrea Tuana, dice que en el caso del exsenador Gustavo Penadés, la opinión pública tuvo una reacción “muy tibia, y que quizás la gente se horrorizó más cuando se enteró que tenía 9 años una de las víctimas, pero si eran más grandes es como que el problema no era tan grave”. Este discurso tiene que ver con la idea de “la mala víctima”, tiene que haber una construcción en este casos de delitos, donde la persona que denuncia puede ser acusada de que sus comportamientos justifican el delito del que fue víctima. “Por eso escuchamos personas que dicen: ¿pero cómo no sabía qué iba a hacer en el motel? Siempre buscando responsabilizar a las víctimas. Incluso se las acusa de engañar, cuando en realidad tenemos que pensar que algunas cosas pueden saber, o se pueden imaginar, pero siguen teniendo la edad que tienen y no, no saben realmente lo que van a hacer y lo que eso implica”, dice Tuana.

A su entender aún no hay una sociedad que condene la explotación sexual y el abuso sexual, sobre todo cuando hablamos de adolescentes. “Si se trata de niños hay empatía, pero si son adolescentes está la sospecha. En realidad: ‘esas están de vivas. Pero si ellas quisieron’. Ahí hay un desconocimiento de lo que son las relaciones de abuso de poder, porque por más que quisiera, si la chiquilina tiene 14 y dice que es la novia del señor de 40, eso es abuso”. Tuana explica que la idea de “mala víctima” está relacionada con la forma en la que se organiza la sociedad, donde “todo gira alrededor de las personas adultas, sobre todo varones”.