ENFRENTAMIENTO

Colonización: 400 mil hectáreas para 7 mil colonos, ¿cómo los afectaría el plan del gobierno?

La propuesta de traspasar recursos del Instituto Nacional de Colonización para financiar la mejora de asentamientos generó cruces entre la coalición y entre sus directores. 

Cultivo. Foto: Archivo El País.
Cultivo. Foto: Archivo El País.

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El debate sobre cómo financiar la erradicación de los asentamientos generó rispideces dentro del oficialismo en torno a la visión de un órgano del Estado que tiene más de 70 años y que sigue siendo desconocido para gran parte de los uruguayos: el Instituto Nacional de Colonización (INC). Tiene su edificio en la calle Cerrito de Ciudad Vieja, pero en los hechos, está presente a lo largo y ancho del país, en unas 400 mil hectáreas donde unas 7 mil familias trabajan la tierra y viven de lo que producen.

A grandes rasgos, el INC está en la mira de los parlamentarios por dos artículos referidos a un fideicomiso para tratar la problemática de los asentamientos que el Poder Ejecutivo incluyó en esta Rendición de Cuentas. En ellos —el 208 y 209— se crea el “Fideicomiso Integración Social y Urbana” para la regularización y relocalización de asentamientos que se financia con el 100% de la recaudación de impuestos que se vuelcan hoy al INC. En otras palabras: se trasladarían recursos del INC para volcarlos en un plan para la mejora de los asentamientos.

Entre los principales opositores al plan está Cabildo Abierto, que propone utilizar fondos del Fondo Monetario Internacional para los asentamientos. Por otro lado, el senador nacionalista Sergio Botana propone recurrir al Banco Interamericano de Desarrollo antes que al INC. El presidente Luis Lacalle Pou es inflexible en su postura. “¿De dónde quieren sacar la plata?”, expresó en declaraciones en la Expo Prado. “Si se quiere un fideicomiso para solucionarle la vida a 200 mil uruguayos que viven en condiciones indignas, el dinero del fideicomiso está ahí (en el INC)”, dijo. Pero dentro de la coalición hay desde dudas hasta rechazo a la propuesta, incluso dentro del Partido Nacional. Se habla de tierras sin adjudicar, de desmantelamiento, de dinero que sobra, de dinero que falta. Pero para acercarse a la raíz del debate, es necesario empezar por lo más básico: ¿qué hace el INC?

Un poco de historia.

Hace 73 años, después de una larga y acalorada discusión en el Parlamento, una ley creó el instituto con un propósito: “promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”, dice el primer artículo. A través del instituto, se dotó al Estado de la potestad de comprar tierras para que sean explotadas por colonos, actores clave en el medio rural pero poco conocidos para los citadinos.

Como primer antecedente, el instituto tiene ni más ni menos que el Reglamento de Tierras de 1815 promovido por Artigas. En ese documento se estampó la célebre frase: “Los más infelices serán los más privilegiados”, que continuaba así: “En consecuencia los negros libres, los zambos de igual clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la Provincia”. Entre ese primer antecedente y la creación del INC hubo decenas de leyes y comisiones que tenían como fin el fraccionamiento de la tierra para adjudicarla a familias con determinado perfil socioeconómico, lo que en resumidas cuentas, es la tarea que cumple hoy el INC.

“Desde 1948 al año 2000, el INC funcionaba en adquisición de tierras con la voluntad política del directorio del momento. No existía más que la ley madre donde el colono aporta con sus rentas, y solo de esa manera, las rentas daban posibilidad al instituto de administrarlas, y con eso pagar su presupuesto”, dice su actual presidente Julio Cardozo. La administración del INC hasta el año 2000 derivó en una profunda crisis financiera, lo que motivó un grupo de trabajo en el Parlamento en 2002 —que Cardozo integró como diputado— donde se aprobaron postulados que rigen hasta hoy.

Sucesivas normas vinieron después. Hubo un proyecto sobre repoblamiento de la campaña, con la firma de Jorge Larrañaga y el senador Carlos Camy, que fue votado por unanimidad y contribuyó a la recapitalización del INC. Con el gobierno del Frente Amplio vinieron dos leyes: una “fortalece la compra de tierras con lo recaudado por impuestos”, explica Cardozo, y otra permite “el crecimiento, la organización y la inversión interna en las colonias”. “Son a partir de esas leyes que el gobierno nacional propone crear un fideicomiso para solucionar asentamientos”, dice el jerarca, quien no se opone al planteo del Ejecutivo pero reconoce que la modificación a esas dos leyes “afectan realmente (al instituto), porque habíamos hecho un presupuesto en base a ellas”, sostiene, aunque ahora están estudiando “otras posibilidades” de financiamiento para los planes que tenía el directorio en primera instancia.

En concreto, la ley que más impacto tendrá sobre los recursos del INC, en caso de modificarse, es la del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales sobre los Inmuebles Rurales, que dicta que la totalidad de la recaudación (de ese impuesto) “se deberá verter al INC”. Es a través de ese recurso que el Instituto efectúa las compras de tierra, que desde la nueva administración, están congeladas.

Julio Cardozo, presidente del Instituto Nacional de Colonización. Foto: Estefanía Leal.
Julio Cardozo, presidente del Instituto Nacional de Colonización. Foto: Estefanía Leal.

Ahora, volvamos al funcionamiento del INC. ¿Cómo se elige a los aspirantes a colonos y qué obligaciones tienen? El exsenador del Frente Amplio Andrés Berterreche, quien presidió el organismo desde 2010 hasta 2013, y es uno de los actuales directores, explica que “se dan dos procesos en simultáneo” para la adjudicación de tierras. Cuando el INC compra un predio, los técnicos hacen una planificación que depende de cómo esté el campo —si se puede dar a pastoreo mientras se eligen los colonos o si hay que hacer un trabajo agrícola antes, por ejemplo—, y luego se determina si se fraccionará el predio de manera individual para producción familiar o si se dará en modalidad de colonos asociados.

“Cuando se aprueba el plan se hace el llamado. En un mes, los aspirantes presentan su proyecto, condiciones e historia. Los equipos evalúan cuales están dentro de perfil claro para ingresar al campo según su característica productiva, capacidades económicas, su formación, su historia y sus condiciones sociofamiliares”, explica Berterreche. Es que hay requisitos estrictos: un colono, por ejemplo, no puede ser un profesional universitario. Cuando se le adjudica el predio al colono, se hace un contrato “a prueba” por dos años.

¿Cuántos se presentan y cuántos quedan afuera? “Es importante que se sepa”, dice Cardozo: “Hay alrededor de 1.300 familias que se anotan en los llamados. En cada fracción que ofrecemos, el promedio no baja de 30, 40 y hasta 60 familias postulantes. En algunos lugares, más de 100. El equipo hace un gran esfuerzo de entrevista a los aspirantes, y de esos 60 queda uno. Es decir, nos quedan 59 aspirantes esperando otra oportunidad”.

Estos dos procesos —planificación y adjudicación— pueden llevar un año, “por eso, no podés esperar a que se termine de entregar la tierra para comprar más, porque ese tiempo es el que va a estar de vacío sin que el instituto pueda entregar tierras”, opina Berterreche, quien se opone a la transferencia de recursos del INC para el fideicomiso y está en desacuerdo con la decisión de esta administración de detener la compra de tierras.

Una vez que se instalan, los colonos deben llevar a cabo el proyecto productivo que presentaron y pagar la renta de esa fracción, que “nada tiene que ver con la renta del mercado”, dice Rodrigo Herrero, director del INC en representación de las Agremiaciones Rurales. “Colonización cobra una renta que se calcula en base a la capacidad productiva de ese campo”, explica. Para visualizarlo en cifras, pone un ejemplo: “Si el colono produce carne y lana en 200 hectáreas, genera dinero de las ventas, de ahí saca algo para vivir y para reinvertir, y le queda un resto para pagar la renta pudiendo hacer todo lo anterior. Si pongo una renta de mercado en esos sistemas, y a un productor ganadero le cobro 100 dólares por hectárea en un establecimiento de 200, el hombre va a venir, pagar 100 dólares y no le va a quedar nada para vivir dignamente ni reinvertir”, explica Herrero. Entonces, la cifra que el INC le cobra a un colono sería de entre 40 y 60 dólares por hectárea frente a los 100 dólares que fija el mercado, dice Herrero, continuando con el ejemplo.

Según los directores, los colonos están al día con la renta en un 86%.

Tranqueras adentro.

El colono Miguel Castro atiende el teléfono desde Colonia Rubio, un lugar recóndito del departamento de Salto donde lo primero que se ve al llegar es una casona antigua que anuncia con letras pintadas: “Sociedad Fomento Col. Rubio”. En esa casona, como simulando un museo, se exhiben cuadros con fotos de más de 60 años que repasan la historia del lugar. Hay desde un recorte de diario con la crónica de un partido de fútbol del cuadro de Colonia Rubio hasta imágenes de la fundación de la escuela. Allí, a 515 kilómetros de Montevideo, Castro, que lleva 50 años viviendo en Colonia Rubio, pasa un buen rato de sus días. Tuvo tambo, hizo queso artesanal y ordeñó para la industria. Cuando se jubiló le pasó el campo a su hijo. “Ahora yo miro y lo critico”, bromea Castro. “Y mato el tiempo con la (sociedad) fomento. No hay secretos”.

La realidad de los colonos es variada, “pero vivir afuera no es fácil”, dice Castro, que enumera unas cuantas dificultades del campo en los últimos años. “Colonia Rubio fue lechera porque era rentable hasta que dejó de serlo y empezaron a cerrar los tambos. Ahora quedan tres o cuatro. La lechería se terminó, pero no es culpa de Colonización, es de los negocios que no sirven. Entraron capitales extranjeros, que tienen otras condiciones que no se le da al uruguayo. Al contrario, se le saca para aflojarle la mano a extranjeros”, dice.

Pero también tiene reparos con la administración de los recursos del INC. Desde hace años reclama que no se cobre renta los dos primeros años desde la adjudicación. “’El movimiento se demuestra andando’, como dice la canción. Cuando se le adjudica (una tierra) al colono deben cobrarle una renta menor para darle una manito; dejarlo que haga pie un año, dos, tres”. También dice que varios negocios “han fracasado” en la colonia porque “en las últimas tres o cuatros adjudicaciones (el INC) trajo gente de otro lado, que eligen ellos, y que no han podido pagar ni la renta. Hubo gente que no estaba en el rubro”, reclama.

Sociedad de Fomento Colonia Rubio, departamento de Salto. Foto: Archivo El País.
Sociedad de Fomento Colonia Rubio, departamento de Salto. Foto: Archivo El País.

Asimismo, Castro opina que sacar los recursos al INC es dar un paso en falso. “Hay que solucionar el tema de asentamientos, pero al sacarle a Colonización se le saca mucho al sector primario. Eso mismo forma los cinturones de pobreza de las ciudades. El sector primario no puede tener empleados porque es carísimo, entonces no das trabajo y las personas (del campo) terminan en pobreza, en cinturones de las ciudades”, dice.

En la misma línea se expresa el colono Gabriel Arrieta, quien tuvo su momento de fama cuando acusó a Tabaré Vázquez de “mentiroso” a la salida del Ministerio de Ganadería en 2018. “Es desvestir un santo para vestir a otro. Pero no se lo viste del todo: se le pone una alpargata”, opina respecto a la financiación del fideicomiso con recursos del INC. “Yo no sé cuál es el plan (para asentamientos). Me parece perfecto arreglarlos. Pero lo que se quita al instituto es la oportunidad de comprar tierras. La única trinchera que nos queda es el instituto. Y si esa herramienta la dejan de utilizar para la compra de tierra, va a haber mucho menos productores, desde ya digo que será así”, asegura Arrieta, que integra además la Mesa Nacional de Colonos. Como consecuencia, pronostica una pérdida de “la cultura de trabajo, de la producción familiar, que se está perdiendo y se va a perder”.

Pero no todos tienen la misma postura. Desde el departamento de San José, un colono que da su testimonio de forma anónima insiste en una premisa: “Los productores tenemos que saber crecer tranqueras para adentro”. Dice el colono: “Si elevamos un proyecto tenemos que tener la capacidad, la honorabilidad y las ganas de tener la fracción prolija, que me quede algo de dinero de la producción, alambrar, pagar la renta. No se trata de solo pedir”, opina. Para él, el INC tiene una base sólida como para traspasar los fondos para los asentamientos. “Algunos dicen que (el INC) se va a desfinanciar y desmantelar. No se desfinancia porque no es banco de los productores. El instituto administra tierras y recibe su renta de los colonos, paga empleados y los movimientos que tiene”. Por otro lado, sostiene que los directorios anteriores compraron tierras “en lugares estratégicos, por tres pesos, y que podría vender en 38”. De esa manera, ejemplifica, “se genera una fuente de dinero que se puede volcar a una parte de la sociedad que hay que ayudarla”.

El instituto hoy.

Julio Cardozo sostiene que al entrar en la presidencia había 40 mil hectáreas por entregar a colonos. “La compra de más tierras en esta administración estaban limitadas por presidencia porque había enorme cantidad comprada en últimos seis años”, dice. Desde 2020 hasta ahora, “llegamos a entregar prácticamente 17 mil hectáreas, nos quedan 11 mil para el resto del año y 8 mil para el año que viene”, dice.

Berterreche, en cambio, puntualiza que al día de hoy quedan menos de 20 mil hectáreas por entregar, y que esas 40 mil sin adjudicar al finalizar el período pasado se dio, en parte, “porque se preveía que iba a haber restricción de compras en el siguiente gobierno”, es decir el actual.

Cardozo niega que no se vayan a comprar más tierras para adjudicar en un futuro. Menciona otros métodos de financiación aparte del que se pretende quitar; por ejemplo, una ley de 1931 que les permitiría, a través de un fideicomiso, “hacer acuerdos con el Banco República, Afaps u otros fondos de reserva para tener la posibilidad de negociar con capital suficiente la adquisición de nuevas tierras o mejora de colonias”, dice.

Berterreche, que da esta entrevista al costado de la ruta en el interior, dice que cuando hay períodos de “cierta bonanza” —y enseguida aclara que bonanza “no es tirar manteca al techo”—, los colonos piden ampliar sus tierras. “Cuando salimos (al interior) la gente hace cola para pedir tierra. Las organizaciones de lecheros nos piden, las ganaderas también, productores familiares asociados también. Se nos pide que apliquemos un programa generado en 2011, el de estabilidad del lechero, y para eso necesitás comprar tierra”, asegura.

En el debate hay quienes creen que estos artículos en la Rendición de Cuentas “desmantelan” el INC. De fondo, opina Berterreche, hay una cuestión “ideológica”: a lo largo de la historia, dice, hay quienes estuvieron de acuerdo con la herramienta y quienes no. “Hay una visión recurrente de un sector ideológico de la sociedad uruguaya que lo que plantea es contrario al instituto”, dice el exsenador frenteamplista.

Por otro lado, están quienes creen que es momento de crecer “tranqueras para adentro”: gestionar mejor los recursos con los que ya se cuentan. “El Frente Amplio conceptualmente definió que para hacer colonización hay que comprar más tierras. Yo creo que se puede seguir haciendo colonización agudizando el ingenio con los recursos que tenemos y mejorando gestión de algunos campos. Tenemos que centrar nuestro eje de trabajo en la gente que ya tenemos en la tierra”, opina Rodrigo Herrero, el representante de las agremiaciones rurales en el INC.

A la espera de lo que decida el Senado, los directores del INC trillan el campo recogiendo reclamos. Por su parte, los colonos esperan la resolución de los parlamentarios sin dejar de ordeñar, plantar, cosechar: trabajar la tierra.

cabildo abierto

"Hay que retener al que explota la zona rural"

Dentro de la agenda del INC está la posibilidad de que técnicos agropecuarios, veterinarios y otros profesionales con un perfil de dedicación al campo puedan acceder a predios en algunas colonias, si bien “tiene más perfil de adjudicatario el hijo de productor pequeño que el técnico”, dice Cardozo. “Si hacemos pedidos será específicos para técnicos, y será limitado en algunas colonias donde se necesita ese apoyo técnico para el crecimiento de las mismas”, señala.

El senador cabildante Guillermo Domenech reclama esta medida. “Hay nuevas generaciones egresadas de escuelas agrarias, gente joven que quiere abrirse camino en el campo y se encuentra que acceder a ese bien de la tierra es imposible en este momento”, dice. “Reunir el dinero necesario para comprar una superficie de tierra que permita que la explotación sea mínimamente viable está fuera del alcance de cualquier persona que quiera. No tienen el respaldo”, señala. Domenech es firme en su postura contraria a transferir los recursos del INC para el fideicomiso para asentamientos, al igual que todo su partido. “El país tiene dos problemas: decenas de personas que quieren acceder a emprendimientos de carácter rural por un lado, y los asentamientos por otro. Pero no se trata de resolver un problema desatendiendo otro. Hay que retener este capital humano que conoce cómo explotar la zona rural”, dice. Frente a esta postura de varios de sus socios, Lacalle Pou lanzó días atrás: “No se puede estar en la procesión y en la misa”.

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