Editorial

El "Estadito paralelo" bajo la lupa

Inquieta cada vez más el entramado de sociedades anónimas y decenas de entidades que manejan dineros públicos sin mayor control, con funcionarios nombrados a dedo que gozan de un estatus privilegiado.

El llamado "Estadito paralelo", esa constelación de empresas e instituciones que administran dineros públicos pero que se manejan con las reglas del Derecho Privado, no para de crecer. Según datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil esas instituciones cuentan con casi 10.000 funcionarios que poseen un estatus especial que los distingue y privilegia dentro de la burocracia estatal. Esto ocurre en un ámbito en donde el clásico estatismo de la izquierda ha cedido a la tentación de privatizar.

Repetidamente se denuncia el abuso del Frente Amplio en la creación de estas entidades que en nombre de lograr una mayor agilidad en su gestión escapan a los controles establecidos para quienes administran fondos públicos. Decenas de sociedades anónimas, fideicomisos y fondos como el controvertido Fondes, se mueven libremente al nombrar, en general "a dedo", a empleados que en general ganan mejores sueldos sin las limitaciones e incompatibilidades de los funcionarios públicos.

Pese a los anuncios oficiales sobre nuevos marcos regulatorios para este entramado de sociedades su situación sigue en una nebulosa de la cual es preciso salir cuanto antes. Ante reiteradas denuncias de la oposición el año pasado se creó una "Comisión Especial para legislar, informar y asesorar en la gestión del patrimonio público bajo figuras asociativas de Derecho Privado". Se resaltó entonces la importancia de esa comisión que busca ordenar el entramado de estas entidades que escapan al control del Tribunal de Cuentas y del Parlamento tanto en materia de gastos como de recursos humanos.

Hace algunas semanas los integrantes del Tribunal de Cuentas comparecieron ante dicha comisión para insistir en la necesidad de contar con reglas que supervisen las acciones del "Estadito paralelo" que hoy se mueve por su cuenta y riesgo en esa franja gris existente entre lo privado y lo público. Declararon además su convencimiento de que las instituciones que manejan fondos públicos de cualquier tipo deben ser controladas, para lo cual ese Tribunal necesita mayores recursos tecnológicos y personal especializado.

Lo curioso del caso es que los gobernantes del Frente Amplio, en teoría tan estatistas y reacios a las privatizaciones, se sienten cada vez más a gusto con este sistema que les permite actuar por fuera del Estado, designando empleados de manera directa con mejores retribuciones que las habituales entre los funcionarios públicos. Esto fue notorio con Alcoholes del Uruguay, la deficitaria ALUR, subsidiaria de Ancap, cuyos responsables no supieron explicar en su momento cómo y bajo qué normas ingresó a la empresa la cuarta parte de sus trabajadores.

Conste que ALUR es una más entre las decenas de subsidiarias creadas por Ancap en los últimos años, algunas de las cuales están actualmente bajo investigación judicial. Conviene aclarar que el ente petrolero no ha sido el único en engendrar sociedades ya que otros entes, como Antel por ejemplo, han hecho lo propio. El problema de investigar las acciones de esas entidades se agrava si se considera que hay una "tercera generación" de sociedades, fondos y fideicomisos que son propiedades de esas subsidiarias. Para seguir con Ancap esa es la situación de la Distribuidora Uruguaya de Combustible (Ducsa) que posee inversiones en cinco sociedades anónimas y una sociedad de responsabilidad limitada, todas ellas activas en el plano comercial.

La citada comisión parlamentaria creada para ocuparse del tema tendrá mucho trabajo para desentrañar los tejes y manejes perpetrados en ese entramado que se multiplica a sí mismo. En reiteradas ocasiones las cámaras empresariales han denunciado situaciones poco claras y pedido más información sobre los movimientos de estas sociedades híbridas que se sostienen con los dineros que aportan los ciudadanos a través de los impuestos. En su oportunidad, las cámaras destacaron el volumen de recursos a cargo de estas entidades poniendo el ejemplo de la Corporación Vial del Uruguay S.A. que recauda bastante más que otras ventanillas del Estado sin que existan mecanismos de supervisión acordes a la magnitud de su gestión.

En conclusión, la izquierda gobernante ha ido desnaturalizando la idea que alentó la formación de estas empresas mixtas para eludir el corte de las normas de derecho administrativo que pueden ser asfixiantes para ciertos emprendimientos comerciales. Pero lo que pudo ser un instrumento eficaz concluyó generando una maraña de sociedades, muchas de ellas ineficientes y terreno fértil para perpetrar irregularidades y abusos de todo tipo.

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