Los ministros y el Poder Ejecutivo se han sumado al proselitismo con poco pudor institucional.

Para ellos la corrupción es un tema inexistente, tanto que no existe una sola mención a lo afirmado por el candidato “amigo” Alberto Fernández que acusó al gobierno del Frente Amplio de recibir millones de dólares provenientes de la “corrupción venezolana”.

Los ministros del Interior y de Defensa no solo ignoran esa grave afirmación sino que continúan sin ofrecer soluciones a un flagelo que toca todos los aspectos de la vida de la nación. El Uruguay frontera, pradera y puerto como lo definiera el profesor Reyes Abadie está afectado en sus tres pilares y la inseguridad se extiende en todo el territorio al impulso de temibles y poderosas organizaciones delictivas.

Lamentablemente el narcotráfico y sus proyecciones se extienden de forma creciente. La porosidad de nuestras fronteras es alarmante y los instrumentos para controlarla son tan antiguos como insuficientes. Eso incluye a la plataforma continental, actualmente extendida a 350 millas por la Convención del Mar.

En estos días una avioneta aterrizó en Morato burlando los controles existentes para las aeronaves. No es un hecho casual ni el primero. El Poder Ejecutivo sabe que los radares de que disponen las Fuerzas Armadas no alcanzan a cubrir la totalidad del territorio nacional (¡176.000 km2!); sin embargo, nada han hecho los gobiernos del Frente Amplio durante los últimos quince años, al punto que la instalación del radar móvil no inquieta a ninguna de las bandas que operan en todo el país.

En la legislatura pasada la Comisión de Defensa del Senado envió una nota al Poder Ejecutivo insistiendo en la necesidad de disponer de recursos y de armamento moderno para patrullar y controlar el crimen organizado y los delitos que se cometen en la plataforma continental. El silencio y la inacción fueron las respuestas. Y hasta como trágica ironía, finalmente, en este período de gobierno se llegó a plantear la instalación de una terminal pesquera en Montevideo para una flota china de quinientos barcos que operaría sin control alguno en alta mar.

En cuanto a la frontera con nuestros dos vecinos la situación no puede ser más preocupante. El río Uruguay carece de controles razonables. Las denuncias y advertencias se vienen sucediendo desde hace años. El Poder Ejecutivo las ignoró y trató de dar una improvisada explicación cuando el periodista argentino Jorge Lanata ingresó a nuestro país por el puerto de Carmelo y expuso al ridículo a los supuestos controles existentes. Lo cierto es que la droga cruza el río sin mayores dificultades y el patrullaje a cargo de nuestras autoridades se realiza en contados gomones de la Prefectura Naval. Todavía se recuerda que la última caseta de control fue arrastrada por una tormenta incluida el desgraciado marinero que estaba de guardia.

Por otra parte, la frontera seca con Brasil es tierra de la delincuencia. Todo apunta al Primer Comando de la Capital (PCC), la temible organización criminal surgida en San Pablo, y que tiempo atrás movilizó unos 50 hombres fuertemente armados con vehículos pesados para hacerse de unos 40 millones de dólares en Ciudad del Este. Su rival es el Comando Vermelho (CV) de Río de Janeiro y la guerra entre estas dos bandas por el control del mercado de la droga en Brasil lleva decenas de muertes en motines carcelarios.

Los gobiernos de la región, el de Uruguay entre ellos, conocen sus planes de expansión hacia el Cono Sur. Actualmente el PCC cuenta con 20.000 miembros que perciben hasta una mensualidad y se rigen por un estatuto de la organización. Aquellos que mantienen deudas con el cártel, son obligados como contrapartida a matar a policías y miembros de bandas rivales. El cabecilla del PCC se ha empeñado en controlar el "Narcosur" mientras el Comando Vermelho (CV) pierde presencia en varios Estados brasileños y es desplazado de las principales rutas de drogas de Paraguay, Perú y Bolivia.

El PCC traficó cocaína por el puerto de Montevideo rumbo a África y de ahí a Europa. Su estrategia apunta a controlar el mercado de consumo de Montevideo y a desarrollar importantes inversiones en campos uruguayos para lavar dinero y operar con mayor facilidad.

Lamentablemente, el tema no es objeto de discusión a pocos días de las elecciones. La seguridad internacional y la seguridad interna requieren de cooperación entre las Fuerzas Armadas de varios países. Un desarrollo conjunto de la inteligencia militar es uno de los caminos que deben tomarse para aplicar políticas públicas incluidas la política exterior de cada Estado. El combate a la droga ya no es un tema aislado. La corrupción se extiende sin tener en cuenta la expresión ideológica de los gobiernos. Una política en ese sentido necesita de tecnología y de recursos humanos especializados. El gobierno no habla de esto y más allá de la complejidad de los problemas solo puede exhibir un rotundo fracaso en su gestión. La nueva Administración deberá adjudicarle la debida prioridad. Cuanto más se demore en encarar este flagelo más quedarán comprometidas las nuevas generaciones.