Decía un célebre contador aurinegro que en Uruguay no había ricos, sino riquitos. Y la frase puede perfectamente aplicarse al patrimonio de los políticos más relevantes del país.

El semanario Búsqueda informó a fines de 2020 acerca de varias de las declaraciones juradas de bienes que los principales jerarcas políticos están obligados a presentar a la junta de transparencia y ética pública. Si bien se podría ampliar la cantidad de declaraciones para tener una base representativa mayor, lo cierto es que se conocieron allí los montos de los patrimonios de buena parte de los senadores y diputados actuales, y de los ministros y los subsecretarios que conforman el Ejecutivo.

Si se considera una perspectiva internacional un poco exigente, que es aquella que de alguna forma puede asemejar nuestros ricos a los de otras partes del mundo, puede considerarse que para ser definido como tal se precisa, al menos, un patrimonio equivalente 10 millones de dólares. La cifra es un poco arbitraria sí, pero tiene la virtud de ser relativamente alta incluso a nivel internacional. Por encima de ese umbral entonces, en nuestro sistema político solo se encuentra el senador blanco Sartori.

Si lo que queremos es definir políticos riquitos, es decir dirigentes que efectivamente poseen bienes muy por encima del promedio del país pero que no alcanzan a las cifras exigentes del ámbito internacional, la cifra que se puede tomar es la de 1 millón de dólares de patrimonio. Aquí, la lista se agranda, sin llegar a ser enorme: Manini Ríos, Asiaín, Domenech y Viera entre los senadores; Goñi, Irrazábal y García (hoy intendente) entre los diputados; y Moreira, Uriarte, Castaingdebat e Irastorza en el Ejecutivo. Todos los demás, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, presentaron patrimonios valuados en menos de 1 millón de dólares.

Hay al menos dos conclusiones para sacar de estos datos. La primera, muy importante, refiere a la caracterización ciudadana de clases medias que forman nuestra democracia. Entiéndase bien: no se trata de relativizar el buen pasar de nuestros políticos riquitos, que sin duda forman parte de las élites de ingresos y de capital del país. Empero, no debe perderse de vista que la mediana de los patrimonios de senadores y diputados que se conocieron es menor a los 257.000 dólares. Esa cifra los sitúa ciertamente por encima de la media nacional (unos 36.000 dólares), pero no los aleja por ello de las clases medias (así sea que los ubique entre las más acomodadas).

La segunda conclusión se deriva de la primera. Hay una parafernalia discursiva, de origen mal que bien marxista, que siempre quiso hacer creer que nuestra representación política está consustanciada con las altas clases económicas que invaden el terreno de lo público-estatal para utilizarlo en beneficio propio. Para esa visión, los políticos estarían alejados de los intereses populares y serían, por sus patrimonios y sus orígenes sociales, poco representativos de las clases medias. Los datos que se hicieron públicos desmienten claramente esta teoría, y además dejan entrever cierta autonomía sistémica de un elenco político hecho de clases medias de orígenes diversos.

En Uruguay hay ricos, sin dudas. Pero ellos no están tan presentes en la vida política activa del país.