Interrumpiendo la breve tregua con la oposición, usual en las primeras semanas de cualquier nuevo mandato, el gobierno envió al Parlamento el proyecto de urgente consideración.

Su tratamiento exige analizar dos problemas previos. El primero relacionada con la constitucionalidad de un proyecto de urgencia que abarca muy diferentes temas en más de quinientos artículos. El otro con la oportunidad de esa remisión a la vista de la situación que atraviesa el país.

La alegada inconstitucionalidad se funda en que el Ejecutivo no puede enviar al Parlamento una ley de este tipo, mientras otra de ellas esté pendiente. Por lo que mandar un proyecto tan extenso y de tanta amplitud temática violaría dicha prohibición al someter a otro poder a una tarea imposible de cumplir cabalmente. Tal la posición del profesor emérito y ex catedrático de Derecho Administrativo Dr. Juan P. Cajarville, quien sostiene que de aprobarse la ley, esta sería formalmente inconstitucional por desviación o abuso de poder. Nuestra Constitución nada dice sobre el tamaño del proyecto y como sucede con cualquier asunto de naturaleza interpretativa, el parecer del respetado catedrático resulta opinable. En cuanto a la objeción de oportunidad a la vista de la pandemia, también parece discutible determinar si la misma limita o no la discusión legislativa. Por más que seguramente el Ejecutivo pudo hacer circular libremente la ley durante un lapso mayor que el que empleó, preanunciando su fecha de presentación al Parlamento. Hubiera sido un gesto condigno con el resto de su prudente desempeño de estos meses.

En cuanto a los contenidos de la misma, como se sabe, concitan el más cerrado repudio por parte de los frentistas. Aparentemente, según se ha hecho público, el tema que genera mayor rechazo y donde más se ha avanzado hasta ahora, es el referido a las normas sobre seguridad. Para la oposición y aún para alguno de los socios de la coalición de gobierno, en tanto el anteproyecto agrava penas, limita libertades, crea delitos, penaliza en demasía a adolescentes, facilita la represión policial y habilita el uso de armas a ex militares y policías, genera un clima donde los derechos y garantías de la población son puestos en cuestión. Frente a ello el gobierno alega que la oposición omite que la extrema inseguridad que desde lejos vive el país, exige respuestas radicales. Una cosa es el estatus normativo y el grado de represión de una sociedad donde el delito tiene escasa incidencia, que otra donde la inseguridad avanza alarmantemente. Especialmente si esta última condición se vio incrementada por la pasividad del Frente en combatirla.

Como sea, se trata de un viejo debate sin solución general. Salvo escasas excepciones, el aumento de la criminalidad urbana es creciente en el mundo. Como lo es la marginalidad y la aparición de estratos poblaciones con desarrollos culturales y normas de sociabilidad ajenos u opuestos a los comunes. Sobre el tema, lo más que se puede afirmar es que si bien las técnicas de represión necesitan asumir el fenómeno, no por ello se deben irrespetar las garantías que rodean los derechos humanos. Particularmente en lo referido al derecho penal. Un área donde las sociedades, que se apartan del equilibrio, exhiben su peor rostro. Aún cuando este justo medio resulte más fácil de postular que de resolver.