Sin que hubiera ninguna comunicación oficial ni ninguna consulta con las autoridades de ANEP o con los sindicatos, la Ministra de Educación resolvió postergar el Congreso Nacional de la Educación que estaba previsto para octubre. Según reportes de prensa, la nueva fecha se ubicaría entre fines de 2017 y comienzos de 2018.

Sin que hubiera ninguna comunicación oficial ni ninguna consulta con las autoridades de ANEP o con los sindicatos, la Ministra de Educación resolvió postergar el Congreso Nacional de la Educación que estaba previsto para octubre. Según reportes de prensa, la nueva fecha se ubicaría entre fines de 2017 y comienzos de 2018.

El cambio de rumbo agrega una nueva promesa incumplida al currículum de la señora ministra, quien hace aproximadamente un año anunciaba que el Congreso se realizaría en 2016. También implica una violación de la Ley de Educación promulgada por el presidente Vázquez a principios de 2009, cuyo Artículo 45 obliga a convocar a ese Congreso, como mínimo, “en el primer año de cada período de gobierno”.

Así que el segundo gobierno del presidente Vázquez se apresta a violar la Ley General de Educación promovida y elaborada por el primer gobierno del presidente Vázquez. Y lo peor es que ni siquiera se trata de una novedad, porque esa ley ha sido repetidamente violada desde que se promulgó. La administración Mujica también violó el Artículo 45, porque recién convocó al Congreso en el año 2013. Y muchas otras disposiciones habían sido incumplidas antes y siguieron siéndolo después.

Por ejemplo, nunca se crearon los Consejos de Educación Media Básica y de Educación Media Superior previstos en los Artículos 54 y 62. Nunca se instaló la Comisión que debía elaborar antes del 30 de abril de 2010 una propuesta de diseño del Instituto Universitario de Educación, ni nunca se explicó por qué el Artículo 84, que mandaba crear ese Instituto, fue echado en el olvido para embarcarse en el intento de crear una Universidad de la Educación. Tampoco se ha cumplido hasta hoy con el Literal C del Artículo 120, que obligaba a enviar al Poder Legislativo, antes del 30 de agosto de 2010, un plan para asegurar la obligatoriedad de la educación media superior.

Todo eso confirma que la Ley General de Educación hoy vigente, de la cual es directamente responsable el presidente Vázquez, es una norma de pésima factura que viola los criterios más elementales de la buena técnica legislativa.

Pero en el caso del Congreso Nacional de Educación hay algo más, y es que la propia idea es indefendible, excepto si se la concibe como una vitrina para que las corporaciones de la enseñanza exhiban su poderío. Una asamblea multitudinaria de delegados al estilo soviético (es decir, delegados que presuntamente transmiten lo discutido en asambleas) nunca fue un mecanismo adecuado para recoger la diversidad de opiniones. Más bien al contrario, esa lógica piramidal conduce necesariamente a una simplificación de los mensajes que llegan de abajo, como condición para poder agregarlos. Esa simplificación atenta contra los intereses de quienes están en la base y solo beneficia a quienes controlan el proceso desde el punto de vista político. De modo que el Congreso Nacional de la Educación es un instrumento de falsa participación. Por eso, desde el punto de vista educativo (no desde el punto de vista legal) da lo mismo si se hace o no. Si las autoridades quieren real participación, que terminen con el centralismo pedagógico y administrativo, y permitan que los protagonistas de la vida educativa puedan tomar sus propias decisiones, sometidas a evaluación de resultados, en sus ámbitos de acción cotidiana. Pero eso es justo lo que no se animan a hacer.