Solo se trata de chicanear en el sentido que el diccionario de la RAE le da al término: aplicar artimaña, proceder de mala fe. La semana pasada nos desayunamos con que el Frente Amplio interpelará a los ministros de Salud, Daniel Salinas y de Economía, Azucena Arbeleche.

El interpelante será Daniel Olesker y el tema que motiva la convocatoria es la política sanitaria que ha llevado adelante el Gobierno en la pandemia. La interpelación está fijada para el próximo martes 6 de julio.

Ayer nos enteramos que el mismo FA convocó a Comisión al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El llamado podía tener su lógica si fuera para que Heber -que lleva apenas un mes en el cargo- explicar los lineamientos de su gestión, pese a que desde el mismo día que asumió sostuvo que habrá continuidad con las políticas establecidas por Jorge Larrañaga.

En este caso, el convocante es el senador Enrique Rubio, que el jueves pasado, en los informativos de televisión, explicó el motivo y la intención del llamado. “Hay un salpicón de situaciones anómalas que es preciso dialogar”, dijo a Telemundo.

Para el legislador de la Vertiente Artiguista en ese salpicón hay casos de corrupción policial, casos de abuso policial, casos de ataques a policías, protestas de vecinos y el tema del narcotráfico.

Resulta sorprendente que el Frente Amplio agite hoy la bandera de la seguridad ciudadana cuando en sus tres administraciones consecutivas hizo oídos sordos al clamor de la gente.

“Es sensación térmica”, sostenían desde el oficialismo de entonces. ¿Se acuerdan del ministro José Díaz, que ni bien asumió el cargo, en 2005, impulsó una ley que sacó a muchos delincuentes de las cárceles? Díaz, sostenía que los amnistiados eran víctimas de una sociedad injusta que los había obligado a robar y a matar. A Díaz le siguieron tres ministros más en el primer período de Tabaré Vázquez, entre ellos Daysi Tourné amante de la equitación y afecta a fotografiarse tomándose duchas en su casa de la playa.

En el período de José Mujica tomó la posta Eduardo Bonomi. Su gestión duró diez años consecutivos, el mandato de Mujica y el segundo período de Vázquez íntegro. Todas las estadísticas delictivas se dispararon hasta alcanzar cifras inimaginables. Montevideo se convirtió en la capital con más asesinatos per cápita de América del Sur. Supimos entonces de zonas liberadas en que la Policía no podía entrar, de barrios gobernados por narcotraficantes, de los ajustes de cuenta y de decenas de muertos por enfrentamientos entre bandas de narcos. En 2018 y parte de 2019, se dinamitaron más de una veintena de cajeros automáticos, curiosamente en tiempos en que algunos expertos en esos delitos necesitaban fondos para la campaña electoral. Los contenedores con decenas de toneladas de droga pasaban por el puerto de Montevideo y uno de los mayores narcotraficantes de Europa, el italiano Rocco Morabito se fugaba de la Cárcel Central. El papelón internacional fue mayúsculo.

No hablamos para no ser redundantes de otros delincuentes que ocuparon altos cargos de gobierno, condenados recientemente por la Justicia.

Tanto Olesker como Rubio están ejerciendo un derecho constitucional al convocar a los ministros al Parlamento. Es cierto, pero no menos cierto es que del ridículo no se vuelve.