No cabe duda que el peor acontecimiento en la historia del Uruguay, por su forma y complejas consecuencias, fue la dictadura militar.

Nunca en nuestro pasado el desconocimiento de la dignidad del ser humano alcanzó mayor entidad. Una parte decisiva de la responsabilidad por ese hecho corresponde al golpismo militar. El ejército, sintiéndose salvador, desconoció la constitución, torturó y mató de una manera que jamás se había dado en el país, pese a los conflictos de nuestro pasado. La guerra ya había terminado cuando nuestros cuerpos armados, apoyados por algunos civiles, terminaron de derribar todos los principios cívico democráticos que distinguían al país. También es cierto que sin tupamaros y sin el clima de confrontación ideológica que gran parte de la izquierda levantó desde comienzos de la década del sesenta, muy probablemente la dictadura no habría sobrevenido. La democracia liberal es débil y le es imprescindible apoyo, confianza y respeto por parte de sus ciudadanos. Ese sustento faltó en el Uruguay, minado por el mito revolucionario. A este planteo se lo descalifica tildándolo de teoría de "los dos demonios". Pero los calificativos por más satánicos que parezcan no cambian la realidad. Como tampoco lo hace reescribir la historia.

Valga este preámbulo porque en él se inscriben las razones subyacentes, que llevaron a la sanción que se impuso al Comandante en Jefe del Ejército, por más que él, nada tenga que ver con ese pasado. La historia de un país forma parte de su ser y nada puede serle más grave que olvidar su pasado. Guido Manini Ríos seguramente tiene razón en las críticas al proyecto de modificación de la denominada Caja Militar. La finalidad de la ley es ahorrar dinero y eso de un modo u otro afectará a todos, oficiales y tropa. Parece un reflejo natural y lógico que el padre o el jefe, defienda a su familia. Pero esa crítica, aún certera, no puede disimular que mediante la refutación a Murro se efectúa un juicio público negativo contra un proyecto de ley a estudio del parlamento. Y eso está prohibido.

El vigente Reglamento del Ejército No. 21, aprobado por decreto 305 del 2003 establece inequívocamente que los militares no pueden "influir o intervenir…en cualquier tipo de decisiones a consideración de los poderes del estado". Hacerlo constituye una falta disciplinaria, que debe ser penada. El arresto a rigor es una de tales penas. Según el Ministro de Defensa, ambiguo y poco preciso (al punto que no se conoce el texto de la sanción), se sanciona a Manini por reiteradas faltas a este Reglamento. Todos, junto a los propios frentistas, pensamos que la mayor de tales infracciones es su declaración sobre la Caja Militar. De ser así, otro fundamento sería la violación del art. 77 de la Constitución. Norma, por otra parte, que al prohibir la política a los militares, da sustento al Reglamento 21. El contexto jurídico parece claro. Mucho más lo es el clima histórico-cultural que justifica el alerta que todos debemos mantener en la defensa de la Constitución y la ley. Para el Uruguay es imperativo defender con uñas y dientes y en todo momento, su civilidad democrática. Bien hace el gobierno en sancionar cualquier ataque a la misma, por leve que parezca. Lástima que sus omisiones históricas no hagan del Frente Amplio el mejor juez para ello.