No es la primera vez que vivimos un fin de ciclo de crecimiento económico de larga duración. El antecedente más notorio que todos guardamos en la memoria colectiva es el tiempo de Maracaná. Y los reflejos de ese país, que se cayó estrepitosamente, fueron acudir al Estado para que resolviera todos sus problemas.

No es la primera vez que vivimos un fin de ciclo de crecimiento económico de larga duración. El antecedente más notorio que todos guardamos en la memoria colectiva es el tiempo de Maracaná. Y los reflejos de ese país, que se cayó estrepitosamente, fueron acudir al Estado para que resolviera todos sus problemas.

La era progresista está enfrentando dificultades a las que responde con esa misma uruguayidad, que no es monopolio de partido político alguno, pero que por comodidad se la vincula estrechamente a su momento de paroxismo neobatllista. Más apoyos públicos a empresas llamadas a fundirse; más funcionarios por doquier; más intervención estatal; y más acomodo de una amplia dirigencia vinculada al partido de gobierno, ya sea en lo nacional, o ya sea que esté al frente de una de nuestras tantas intendencias clientelistas.

Las noticias se acumulan en este sentido. El invento del Fondes se ocupó de dar dinero a empresas amigas de la izquierda. “Velita prendida al socialismo” lo llamó Mujica, pero en realidad fueron más de 40 millones de dólares quitados al BROU y perdidos en malas inversiones. Y no termina aquí: queda el gran remanente del futuro fracaso de Alas-U. Además, a esta especie de versión frenteamplista de los desfalcos de la vieja Corporación Nacional para el Desarrollo se suma la presión izquierdista para que el Estado se transforme en protagonista en otros sectores productivos del país. Una nueva Fripur con capitales públicos es una especie de ILPE compañera; la creación de un nuevo ente constructor público solo logrará extender a otros horizontes las ya conocidas pérdidas del cemento de Ancap, por ejemplo, que se calcula alcanzarán en 2014-2015 más de US$ 50 millones.

También, asegurarse la estabilidad laboral ha sido el objetivo de nuestras golpeadas clases medias. Para nuestra cultura nacional, es sinónimo de entrar a trabajar en el Estado. Y el FA en el poder no defraudó. Entre 2005 y 2013 llevó la cifra de funcionarios públicos de 230.000 a 280.000. El último ejemplo más notorio es el del Ministerio de Desarrollo, que quiere transformar en funcionarios a 700 personas que ya trabajan en ONG sociales.

Con nuevo rostro avanza también el clientelismo para beneficio de la barra política cercana al poder. Es así que se plantean aumentos para asesores y jerarquías ministeriales; que cada frentista suplente de alcalde montevideano que ejerciera 5 meses su relevante función, cobrará un subsidio de $ 85.000 al mes por un año; y que, en general, ningún compañero queda a pie, porque nuestro Estado gordo está lleno de pliegues donde poder guarecerse a tomar mate en tiempos de dificultades. La academia en general criticó ferozmente esta práctica de los años 50 y 60. Ahora, extiende la palma de su mano derecha y disimula mirando para el costado.

Por mucho que este panorama se aleje del país de primera prometido, lo que hay que asumir es que esta era progresista se inscribe dentro de cierta continuidad histórica. Cuando se quiera entender el apoyo mayoritario que la izquierda conserva, hay que ser consciente de que todo este acomodo es sustancialmente aceptado, cuando no particularmente buscado, por los nuevos y viejos uruguayos, más allá de discursos circunstanciales y políticamente correctos que lo denostan.|