El rey reina pero no gobierna” dice la fórmula del monarquismo parlamentario.

Y cuando gobernaba, mientras no tenía la edad suficiente o algún desequilibrio se lo impedía, gobernaba un “regente”, aunque el título del rey era conservado por el niño o el convaleciente que ocupara el trono.

La situación del gobierno brasileño se parece a esas fórmulas de la monarquía, pero sin respaldo institucional. En los hechos, el general Braga Netto, jefe de Gabinete, ha tomado el mando, aunque Jair Bolsonaro conserva el título de presidente.

Para describir las funciones de Braga Netto se habla de “presidente operacional” y se explica que su autoridad se limita a la pandemia. Lo que nadie aclara es que la pandemia es la totalidad del accionar del gobierno, por tanto dirigir las acciones contra el coronavirus implica gobernar. Y lo que hace el gobernante de facto es permitir que el ministro de Salud diseñe las acciones que considera convenientes y pueda ejecutarlas. Entre ellas, la decisión de pactar con las bandas narcos para aplicar el distanciamiento social y el control sanitario en las favelas.

En otras palabras, el gobierno le desenchufó el tablero de mando al presidente. Como en un avión de entrenamiento, el comando que maneja Bolsonaro quedó desactivado y al control de la nave lo tomó otro funcionario. ¿Por qué? Porque el presidente estaba saboteando las medidas de distanciamiento social y mostrando irresponsabilidad y dificultad para entender lo que sucede.

La situación creada por la deriva del mandatario en la tempestad de la pandemia traspasó todos los límites. Los jueces supremos, los militares del Gabinete, los titulares de ambas cámaras del Congreso, los gobernadores de los Estados más afectados y el vicepresidente Hamilton Mourao están, de hecho, poniendo en cuarentena el poder de Bolsonaro. Algo sin precedentes.

La prueba que terminó de confirmar esta anomalía institucional, que se volvió necesaria por el sabotaje permanente de Bolsonaro a medidas indispensables contra el coronavirus, fue su fallido intento de echar al ministro de Salud.

Desde hace semanas, Luiz Henrique Mendetta criticaba públicamente planteos y actuaciones del presidente sobre la pandemia. Era visible también que el funcionario actuaba sin consultar ni responder al mandatario. Después fue Bolsonaro quien atacó al ministro y procuró echarlo del cargo. Pero cuando se dispuso a ejecutar la destitución, encontró que su tablero de mando estaba desactivado.

Los militares de su gobierno, el gobernador de San Pablo Joao Doria, el vicepresidente y los titulares del Congreso, con el apoyo de los jueces supremos, habrían acordado impedirle concretar ese despido.

A renglón seguido, el Superior Tribunal de Justicia anunció que anularía todas las acciones del presidente que contraríen las políticas sanitarias de los gobernadores y las recomendaciones de la OMS.

La anómala situación puede cambiar en cualquier momento, porque es difícil imaginar que Bolsonaro acepte ser un presidente sin poder. De hecho, es como si contra él se hubiera perpetrado un golpe pero con preservación del cargo. Conserva el título de presidente, pero no puede ejercerlo.

Si Brasil llegó a esta realidad desopilante es porque en las urnas se impuso un hombre sin condiciones para gobernar. Lo demostró saboteando los esfuerzos de gobernadores para contener los contagios.

Pavorosamente irresponsable y visiblemente desenfocado de la realidad, el presidente se volvió un peligro para la salud pública.

En plena guerra contra el coronavirus no hay condiciones para un impeachment que lo destituya. Pero no hizo falta porque hasta dentro de su propio gobierno la posición de Bolsonaro se volvió indefendible.

En sus posiciones y actuaciones sólo lo defiende el grupo extremista en el que están sus hijos.

Por eso, impulsado por el vicepresidente, hubo un amplio acuerdo para neutralizarlo.