No hay voluntad política para combatir la corrupción”: esta generalizadora y temeraria frase le pertenece -nada más ni nada menos que- al presidente saliente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Iribarne, quien desde 2017 estaba al frente el organismo.

A riesgo de ser un poco reduccionista, la cuestión se resume a que desde el MEC no le contestaron una carta que envió (y reiteró), y por eso renunció, con afirmaciones agraviantes, gratuitas e irresponsables sobre el compromiso del gobierno con el combate a la corrupción.

Si se hubiesen seguido los criterios que Gil propone para conformar el gobierno de la Jutep, él mismo jamás la hubiese presidido, ni tampoco hubiese estado a cargo de la Secretaría Antilavado. No fue elegido para esos cargos por su destacado currículum, su vasta experiencia o su probada experticia específica en el tema, sino por su vinculación política. ¡Es decir, exactamente lo que critica!

En estos años, la Jutep ha visto desdibujado su rol y eso quedó muy evidenciado en algunos dictámenes de alto impacto público. Especialmente el emitido con relación al la situación del chofer y consuegro del expresidente Tabaré Vázquez, en una resolución donde afirmó con todas las letras que “no existe ningún impedimento constitucional, legal o reglamentario” para la contratación del consuegro del entonces presidente. Pero, sin embargo, también dijo estimar conveniente despedirlo atendiendo a “la sensibilidad existente en la ciudadanía en estos temas y la conveniencia de que el compromiso con la transparencia del Sr. Presidente quede evidenciado sin ningún tipo de dudas”. Presidencia le hizo precio a la Jutep tratando al dictamen de “contradictorio”. ¿Cómo puede ser que si no se viola ninguna norma, igual recomienden echar al funcionario? La respuesta es sencilla, no pueden. La Jutep no es el juez moral de lo que está bien y lo que está mal, no puede autoinvestirse en medidor de la sensibilidad de la ciudadanía y mucho menos, arrogarse la potestad de calificar la transparencia del presidente, sin el más mínimo argumento objetivo.

Para combatir de verdad la corrupción debemos tener sólidos fundamentos jurídicos objetivos al juzgar cada caso para que después estos funden decisiones contundentes de quien correspondan. No podemos aplaudir que el jerarca de Jutep pretenda ganar popularidad con cierto sector de la sociedad, haciendo público en sus resoluciones lo que le gusta (y no le gusta) ver en la gestión de cada funcionario público.

Lo que dice la Jutep tiene peso porque lo dice la Jutep, y eso significa una enorme responsabilidad para quien la dirige; sus dictámenes deben ser basados en las normas y no en cuestiones arbitrarias.

Sencillamente, Gil no puede juzgar el compromiso del gobierno en el combate a la corrupción a dos meses de asumir porque no lo mantengan en el cargo hasta 2022, porque no le contesten una carta o porque no comparten sus criterios de conformación del directorio.

Al momento de conformarse el nuevo directorio de Jutep, la mejor señal que puede darse es apostar a la profesionalización del organismo, enfatizar en su compromiso por el cabal cumplimiento de las normas, maximizar su eficacia con las mayores garantías; y por sobre todo, desterrar incongruencias.