El excanciller y excandidato presidencial por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, reapareció públicamente -no ha dado entrevistas desde su renuncia a la política a mediados de 2020- con un análisis desde Madrid, donde vive actualmente.

Talvi es investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano (Madrid) y allí publica análisis cada cierto tiempo. En este caso, lo centró en una situación particular que se da con la deuda uruguaya.

El análisis del economista -que coescribió con la gerente del equipo de Consultoría Económica de Grant Thornton Uruguay, Sofía Harguindeguy- se titula: “El enigma de la elevada deuda pública y el bajo riesgo crediticio de Uruguay: cuando ‘lo esencial es invisible a los ojos’”.

Allí Talvi y Harguindeguy plantean que Uruguay, pese a su tamaño, escasa población y estar entre dos gigantes como Argentina y Brasil, “aparece con frecuencia en la prensa internacional”.

“Estas apariciones periódicas suelen ser para destacar aspectos positivos, como la solidez de sus instituciones, sus credenciales democráticas, su estabilidad y previsibilidad económica, su red de protección social, y su política exterior, en la que Uruguay destaca como un buen vecino en la comunidad internacional”, afirman Talvi y Harguindeguy.

“La última aparición plantea un enigma que ha sorprendido a muchos analistas del mercado: Uruguay tiene uno de los niveles de deuda pública más altos de América Latina (está en el tercio superior con 66% del PIB, solo superado por Brasil, Bolivia, Argentina y El Salvador) y al mismo tiempo goza del menor riesgo crediticio -medido por los EMBI spreads- de la región” (con apenas 108 puntos básicos en el promedio de enero-abril), plantean.

Los economistas se preguntan ¿cómo se puede explicar este enigma? Y a continuación indican que “la respuesta breve es que la política fiscal de Uruguay ha sido de libro de texto”.

Recuerdan que durante la pandemia, “Uruguay creó un Fondo Covid para financiar gastos excepcionales, al tiempo que reducía el déficit presupuestario estructural en sus cuentas públicas ordinarias”.

“Con niveles de producción ligeramente por encima y de desempleo e inflación ligeramente por debajo de sus niveles previos al covid, el déficit fiscal estructural en 2022 fue de aproximadamente el 2,4% del PIB, o sea 2,2% del PIB por debajo de 2019, el año anterior a la pandemia. Además, según las proyecciones del FMI, se prevé que el déficit estructural alcance el nivel del 2% del PIB, que es el que estabiliza la ratio de deuda pública con respecto al PIB”, señalan Talvi y Harguindeguy.

“En segundo lugar, y en medio de la pandemia, Uruguay aprobó una ley que crea un nuevo marco institucional para la gestión de las finanzas públicas. Esta ley establece una regla fiscal que tiene como objetivo reforzar la responsabilidad y la solvencia fiscal y reducir el comportamiento procíclico y la discrecionalidad en el gasto”, recuerdan.

La regla fiscal establece objetivos indicativos y se apoya en tres pilares: (a) un tope para el balance fiscal estructural; (b) un tope para el incremento anual del gasto primario real en relación con el PIB potencial; y (c) un tope para el endeudamiento. “A pesar del contexto adverso desde la promulgación de la regla fiscal, el gobierno consiguió cumplir el objetivo de gasto”, agregan.

El tercer factor para que Uruguay tenga el menor riesgo crediticio de la región pese a su alto endeudamiento y el “más importante”, remarcan Talvi y Harguindeguy, es que se acaba de aprobar una reforma jubilatoria que, “más allá de que algunas de sus disposiciones son positivas y otras más cuestionables desde el punto de vista del diseño, los incentivos y la equidad del sistema, garantiza la credibilidad y la solvencia fiscal”.

Esta ley “es una señal de que el sistema político está dispuesto y es capaz de llegar a acuerdos para promulgar reformas que son políticamente costosas, complejas de negociar y que tienen un impacto que va más allá del gobierno de turno y abarca a muchos gobiernos”, aseguran.

“Además, al reducir el déficit anual del sistema de seguridad social, reduce la deuda implícita en las obligaciones no financiadas del sistema en alrededor 130% del PIB, el doble del nivel de deuda observado”, agregan.

“El reconocimiento del mercado a estas decisiones de política fiscal, junto con el hecho de que incluso con un cambio de gobierno no se prevé que se reviertan, es que Uruguay goza del menor riesgo crediticio de la región”, aseguran.

Talvi y Harguindeguy concluyen que “la moraleja de esta historia es que cuando las decisiones políticas tienen un impacto en el futuro, ‘lo esencial es invisible a los ojos’: en este caso, el déficit presupuestario estructural proyectado que estabiliza el crecimiento de la deuda pública en relación al PIB, y la reforma jubilatoria que reduce la deuda pública implícita, mientras que ambos dejan inalterada la deuda pública observada”.