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¿Cuánto dinero detectado “movió” el lavado activos en 2021 en Uruguay?

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NARCOTRÁFICO

En 2021, fueron cuatro personas condenadas por este delito, mientras que 252 lo fueron por asistencia al lavado de activos.

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Uruguay ya fue advertido por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) por su baja cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, pero ¿qué cantidad de dinero se constató que “movió” este delito en el país y se decomisó? ¿Cuántas investigaciones surgieron por delitos de narcotráfico, extorsión u otros?

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) dio a conocer el informe estadístico sobre el período transcurrido entre 2017 y 2021, que trata sobre el funcionamiento del sistema nacional de prevención y lucha contra estos delitos. De este, se destacan los montos incautados y decomisados por lavado, la cantidad de investigaciones surgidas por delitos precedentes, personas condenadas, entre otros.

Mientas que el decomiso es la privación con carácter definitivo de algún bien, producto, instrumento, fondo, activo, recurso o medio económico por decisión del tribunal penal competente como consecuencia jurídica accesoria de la actividad ilícita, la incautación es la privación del mismo con carácter provisorio y se adopta como medida cautelar.

El monto total decomisado por lavado de activos en 2021, según el informe, fue US$ 2,73 millones lo que vio un aumento frente a los dos años anteriores, US$ 1,83 millones en 2020 y US$ 1,77 millones en 2019, pero estuvo lejos de los US$ 8,45 millones del 2018. En 2017, el monto total decomisado por lavado había sido US$ 490.000.

Al separar por efectivo y bienes, el monto total en efectivo decomisado fue US$ 1,06 millones en 2021, mientras que el monto incautado en ese año fue US$ 1,22 millones.

El año de mayor decomiso e incautación en el quinquenio fue 2018 con US$ 4,20 millones y US$ 7,35 millones respectivamente. Luego, los montos vieron una caída en 2019 (US$ 754.000 decomisados y US$ 897.000 incautados), para luego seguir cayendo en 2020 (US$ 715.000 decomisados y US$ 760.000 incautados). El año con menores montos de efectivo decomisado e incautado fue 2017 con US$ 117.000 y US$ 214.000, respectivamente.

Las principales monedas incautadas durante el período fueron pesos uruguayos y dólares estadounidenses. En 2021 se registró un 90% de decomiso del total de los pesos uruguayos incautados y un 85% de los dólares.

En ese año, fueron decomisados casi $ 14 millones, US$ 729.834, 5.848 reales y 9.936 pesos argentinos. Este fue el único año del quinquenio en el que no se decomisaron -ni incautaron- euros en efectivo.

En tanto, el valor de los bienes decomisados o rematados en 2021 fue casi US$ 1,67 millones, en el cual los bienes que tuvieron mayor incidencia fueron los vehículos terrestres (US$ 1,45 millones).

En los años previos, tanto 2020 como 2019 superaron por poco el millón de dólares (US$ 1,11 millones y US$ 1,02 millones respectivamente), en valor de bienes decomisados o rematados, mientras que en 2018 el valor había sido US$ 4,25 millones. De este año, se destaca que es el único del quinquenio en el que los vehículos terrestres rondan casi la mitad del valor total (US$ 2,20 millones) y que el valor de los inmuebles toma una participación más significativa del total (US$ 691.000).

Sanciones aplicadas

La supervisión de las obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se separa en dos organismos, el sector financiero le corresponde a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central, mientras que el sector no financiero le corresponde a la Senaclaft.

En 2021, para los sujetos obligados del sector financiero hubo solo dos sanciones aplicadas, una para “Intermediarios de Valores” y otra para “Empresas De Servicios Financieros/Casas de Cambio”. En tanto, según destaca el informe, para aquellos sujetos obligados del no financiero hubo 11 sanciones, de las cuales 10 fueron para “Usuarios y Explotadores de Zonas Francas”, mientras que una fue para “Escribanos”.

Delitos

Para que haya lavado de activos el origen de los fondos operados debe ser ilícito. Por esto, dentro de las investigaciones iniciadas por el Ministerio del Interior se deben cumplir con determinadas condiciones para que el delito sea considerado precedente de lavado. Por ejemplo, en la rapiña y hurto, se deben dar en forma acumulativa que sean cometidos por un grupo criminal organizado y por un monto mayor a 100.000 Unidades Indexadas (UI), es decir $ 561.190 a hoy, o en el caso del homicidio debe ser motivado por promesa remuneratoria (sicariato).

En 2021, el ministerio llevó a cabo 5.528 investigaciones de las cuales 2.999 fueron por narcotráfico y delitos conexos y 432 por extorsión. Estos dos delitos precedentes fueron los únicos que vieron un aumento con respecto al 2020, en donde habían sido 2.593 y 308 respectivamente.

De los otros delitos precedentes, hubo 406 investigaciones por rapiña, 401 por lesiones graves y gravísimas, 348 por hurto, 333 por homicidio y 609 por el resto (los cuales integran defraudación tributaria, trata de personas, entre otros).

Hubo un aumento de 76% en la cantidad de investigaciones iniciadas del entorno (pasaron de 3.143 en 2017 a 5.528 en 2021), mientras que las personas indagadas por estos delitos aumentaron un 35% (8.131 en 2017 a 10.998 en 2021).

En 2021, los imputados por lavado fueron siete personas y cuatro fueron condenados. En el caso de los primeros, se toma el año en el que se inicia el proceso penal, mientras que en el segundo caso es cuando se dicta la sentencia condenatoria.

En tanto, en ese año, por asistencia al lavado -es decir que asiste para asegurar el beneficio o resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de la justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones- fueron 332 imputados y 252 condenados.

Según el informe, se observó un incremento sostenido en el quinquenio de los imputados y condenados por este delito. Además, el 2021 reflejó un aumento respecto al año anterior del 95% en personas imputadas y 79% en personas condenadas.

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