Por Lucas Elmallián
En Estados Unidos, el colapso del Silicon Valley Bank (SVB) -junto a otras instituciones de similares características- generó que la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) interviniera el banco y garantizara los depósitos hasta US$ 250.000, pero como el 96% de los depósitos en la institución superaban esa cifra y no estaban garantizados, finalmente fueron garantizados por la Reserva Federal (FED, el banco central estadounidense). ¿Qué pasaría en Uruguay ante un caso similar? ¿Hasta qué monto están garantizados los depósitos en Uruguay?

La caída del SVB fue generada por una “tormenta perfecta” que comprende varias causas, dijo a El País el abogado especialista en derecho bancario de Ferrere, Federico Lemos. Entre ellas, la suba de tasas por parte de la FED como la más evidente (el banco tenía un 50% de sus depósitos invertidos en renta fija y esta perdió valor ante el accionar de la Fed) , pero otras que “no están tan a la vista y que seguramente sean iguales o más importantes”, como cambios que redujeron la carga regulatoria bancaria.

En cambio, Lemos señaló que en Uruguay “la historia es diferente ya que desde nuestra última gran crisis en el 2002, no hemos tenido períodos de desregulación, sino que la corriente ha sido la opuesta”. El país cuenta con diferentes “cortafuegos”, pero en caso que se “incendie” un banco hay un “bombero” que solamente se utilizó una vez (en 2005).

La Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab), desde 2008, es la institución que garantiza (hasta cierto monto) los depósitos bancarios en Uruguay y que sucedió a la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario (SPAB) que funcionaba en la órbita del Banco Central (BCU).

La Copab tiene a su cargo la gestión del Seguro de Depósitos Bancarios en el país, que se financia con el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, el cual cuenta con diferentes recursos, entre ellos: las primas que aportan los bancos y cooperativas de intermediación financiera -las cuales se regulan según el riesgo de la institución-; la rentabilidad de las colocaciones que se realicen; las recuperaciones de los pagos con subrogación de la garantía en oportunidad de una liquidación y otros.

Este fondo, según explicó el economista y exsuperintendente de la SPAB, José Licandro, serviría para evitar una corrida bancaria y cubrir a los depositantes.

Ante la crisis de un banco, el seguro da cobertura a los depositantes o le permite a la Copab implementar procedimientos de solución alternativos a la liquidación y el pago de la cobertura a los depositantes, con el fin de mantener líneas de negocio que puedan ser absorbidas por otra institución y así no afectar a los clientes del banco en crisis.

Según información de la Copab al cierre de 2022, el fondo cuenta con US$ 1.007,5 millones, lo que supera el 52% del tope previsto, que es US$ 1.913,18 millones. De esta forma, el organismo señala que el fondo está en una etapa de “construcción”.

No obstante, en diálogo con El País los ejecutivos de la Copab, Daniel Dominioni (presidente), Darío Abilleira (vicepresidente), Aurelio Suárez (director) y Gabriel Lemus (gerente general), afirmaron que el monto actual podría cubrir la caída de un banco “grande”.

Los depósitos garantizados por el fondo son aquellos que están constituidos por personas físicas o jurídicas del sector no financiero, excepto los del Gobierno Central y del Banco de Previsión Social (es decir, empresas y familias). A su vez, la garantía es por persona (física o jurídica) y no por cuenta. También el límite se diferencia por moneda: para el total de depósitos en moneda extranjera la garantía es de hasta US$ 10.000 y para el total de depósitos en moneda nacional es de hasta 250.000 unidades indexadas (UI, equivalen hoy a US$ 35.987).

En esta línea, las autoridades de la Copab explicaron que el 99% de las personas con depósitos en moneda local se encuentran cubiertas actualmente, mientras que en moneda extranjera es el 63% de los depositantes.

En tanto, los montos cubiertos alcanzan el 25,68% de los depósitos garantizados, en donde al separar la cobertura por moneda, la que es en moneda local alcanza el 50% de los depósitos garantizados, mientras que la cobertura en moneda extranjera alcanza el 17,88% de estos.

La diferencia de topes de cobertura entre una moneda y otra (más del triple en moneda nacional), colabora con la desdolarización de los depósitos, ya que a mayor cantidad de dólares, más es la fragilidad del sistema debido a que el BCU no emite la moneda estadounidense.

Ante la caída de un banco o posible crisis, la Copab tiene potestad de intervenir la institución para buscar alternativas que no sean su cierre y el pago del seguro. En caso de cierre, el liquidador será la corporación.

En este sentido, Licandro explicó que como métodos alternativos al cierre y pago de seguro, que implicaría que los depositantes pierdan dinero y que aquellos clientes que tomaban créditos ya no lo puedan hacer, se pueden reunir los depósitos con activos de buena calidad y con recursos del fondo completar el patrimonio, para que tenga valor de activo y sea absorbido por otro banco. Esto es siempre y cuando los recursos que deba utilizar el fondo sean menores o iguales al monto de las indemnizaciones de los depositantes garantizados.

“Por ejemplo, si hay un banco fundido, que le faltan US$ 300 millones de capital, y el seguro de depósito tendría que pagarle US$ 450 millones a los depositantes, es más barato agarrar este banco, los activos del banco, lo que valen todos los depósitos del banco y poniendo solo US$ 300 millones, armo un banco nuevo y se lo vendo a otro y sigue funcionando. Gasté menos y además el banco sigue funcionando”, explicó Licandro

Asimismo, ante la alarma de que un banco pueda entrar en crisis, la Copab puede intervenirlo previo a la suspensión de sus actividades. Según Dominioni, la intervención evitaría el caso del “helado derretido”: cuanto más se derrite menos vale.

El fondo de cobertura tuvo comienzo en el 2005, según explicó Licandro, porque tenía la “Espada de Damocles” del banco Cofac, caso en el que por única vez se usó el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios.

En la crisis del 2002, los cuatro bancos que quebraron, el Banco Comercial, el Banco de Crédito, el Banco de Montevideo y el Banco de la Caja Obrera, se resolvieron a través de leyes debido a que en ese momento no existía el seguro de depósito, recordó Licandro.

En cambio, a principios de 2006, funcionando ya el seguro de depósitos, ante los problemas de Cofac y su suspensión de actividades, en donde se buscaba un comprador - que luego sería el venezolano Bandes- se le adelantó efectivo a los depositantes a cuenta de su seguro, en donde el exsuperintendente de la SPAB recordó que tuvieron que hacer manualmente los cheques.

Una vez adquirido por el banco venezolano, habiendo absorbido su personal, agregó que los depósitos remanentes quedaron formando parte del banco, siendo ese el mecanismo de resolución teniendo que hacerse “una ley a la medida” para esto, ya que no estaba previsto.

Licandro destacó que los recursos utilizados para esa resolución de Cofac, no fueron puestos por el Estado, sino que se les pidió a los bancos que operaban en plaza en ese momento, el adelanto de las primas de un año, para financiar los depósitos. “Después que recuperamos del Bandes el dinero, se lo devolvimos inmediatamente a los bancos y hasta se lo devolvimos con intereses, para tampoco dañarlos”, explicó.

Fuera de la Copab, el sistema financiero cuenta con “cortafuegos” impuestos en la normativa vigente que buscan evitar la caída de un banco. Lemos dijo que la regulación bancaria uruguaya contiene varios mecanismos, contando en una “primera línea de defensa” el análisis de riesgo crediticio que analiza la capacidad de repago del deudor.

“Esto está íntimamente ligado con las llamadas previsiones contables, cuando se otorga un crédito sin garantías o con garantías que no son tan seguras, entonces el banco debe apartar una porción de fondos proporcional al monto prestado que estará destinada a repagar los depósitos” en caso de no poder cobrar ese crédito, explicó.

Otra línea de defensa, son los encajes bancarios. Esto es el porcentaje de los depósitos que los bancos deben inmovilizar en el Banco Central y no pueden destinar a crédito. La tasa del encaje varía según varios factores, entre ellos la moneda de los depósitos y el plazo.

Asimismo, Lemos explicó que los bancos en Uruguay tienen exigencias de capital mínimo, lo que “evita que el banco esté totalmente apalancado prestando fondos que le son enteramente ajenos”.

Más allá de los requerimientos, para “mantener la buena salud de los bancos”, agregó que la normativa también contiene requerimientos de liquidez que buscan asegurar que el banco tenga fondos disponibles para cumplir con una obligación en determinado momento.