Presentan recurso ante una corte federal

La separación de familias es “cruel e inconstitucional” dicen los fiscales.

Once estados presentaron ayer jueves una demanda ante una corte federal estadounidense contra la política del presidente Donald Trump de separar a familias indocumentadas en la frontera.

Bob Ferguson, fiscal general del estado de Washington, introdujo el recurso al que se adhirieron Massachusetts, California, Illinois, Maryland, Oregon, Nuevo México, Pensilvania, Iowa, Nueva Jersey y Minnesota. "Esta es una política deshonesta, cruel e inconstitucional y vamos a ponerle un alto", dijo Ferguson.

Trump firmó el miércoles un decreto para revertir su postura de "tolerancia cero" que generó desprecio nacional e internacional, y que había propiciado que más de 2.300 niños hayan sido separados de sus padres cuando intentaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Pero hasta el momento no ha quedado claro cómo se aplicará esa decisión y cuándo se permitirá la reunificación de las familias ahora separadas.

La demanda alega que el gobierno federal viola el debido proceso establecido en la Constitución y exhorta a corregir las "fallas" de la orden ejecutiva del miércoles, que "no hace nada para reunificar a las familias ya desgarradas por la política". Exigió además "detener inmediatamente la práctica de negarse a aceptar solicitudes de asilo".

Según la oficina de Ferguson, 200 inmigrantes están en cárceles de Washington, 174 de ellos son mujeres.

"Y más de un tercio de esas mujeres son madres obligadas a separarse de sus hijos, que van de niños de un año a adolescentes", señaló. "La mayoría no ha hablado con sus niños en semanas y el gobierno federal no ha ofrecido a las madres ninguna información sobre el paradero de sus hijos".

El presidente Trump —que llegó al poder con un severo discurso antiinmigrantes— ha sido demandando en la justicia por otras polémicas decisiones, como eliminar el programa DACA, que protege de la deportación a indocumentados llegados al país de niños, y el decreto que prohibía la entrada de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. Las ciudades santuario, que no cooperan con las autoridades federales en la captura de indocumentados, también han sido blanco de batallas judiciales.

En tanto, la Cámara de Representantes postergó hasta hoy viernes una votación crucial sobre una ley migratoria.

Un proyecto de ley considerado de "mano dura" con la migración resultó rechazado en la primera votación, y por ello la discusión de otro proyecto, más moderado, fue transferida a hoy viernes. El Congreso se encuentra bajo una enorme presión para definir una nueva ley migratoria, en medio del escándalo por la separación de más de 2.300 niños mientras sus padres son procesados por ingresar ilegalmente al país.

Desde la semana pasada el presidente Trump ha insistido en que la única forma de resolver esta situación es la aprobación en el Congreso de una nueva ley general de migración.

De acuerdo con números oficiales, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene ahora bajo sus cuidados unos 11.700 niños y menores de edad extranjeros, que en su absoluta mayoría ingresaron al país sin compañía de adultos.

Por su lado, el Departamento de Salud (HHS) solicitó al Pentágono que se prepare para albergar en sus bases militares a 20.000 niños inmigrantes que entraron a territorio estadounidense no acompañados por adultos.

La orden ejecutiva que firmó el miércoles Trump ya abría la puerta a que se detuviera a los inmigrantes en bases castrenses debido a que los centros habilitados para acoger a familias están cerca de su capacidad máxima, dijo una portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esos centros para familias, regentados por el ICE, tienen capacidad para 3.326 inmigrantes indocumentados y actualmente albergan a 2.623, que están repartidos en tres instalaciones: una en Berks (Pensilvania) y dos en Texas, una en la localidad de Dilley y otra en Karnes City.

Por otro lado, para evitar la saturación de los centros de detención, el Gobierno instruyó el miércoles por la noche a la Patrulla Fronteriza que deje de transportar a los padres inmigrantes a las cortes federales donde hasta ahora se les estaban imputando cargos criminales, reveló The Washington Post.

Al no enviar automáticamente a los progenitores a los tribunales federales, los jueces no pueden presentar formalmente cargos criminales contra ellos, lo que significa que permanecerán junto a sus hijos y que podrán ser liberados mientras continúa el proceso judicial. De esa forma, en la práctica, la decisión debilita la política de "tolerancia cero" del presidente Trump.

¿Te importa?

Melania Trump realizó una sorpresiva visita a un albergue de niños inmigrantes en la frontera con México, pero fue su vestuario lo que dejó a muchos boquiabiertos: una chaqueta con el mensaje: "Realmente no me importa, ¿a ti?".

La portavoz de Melania, Stephanie Grisham, dijo que "no había un mensaje oculto". "SheCares (A ella le importa) ItsJustAJacket (Es solo una chaqueta)", tuiteó Grisham más tarde, mientras crecía la especulación. Pero Donald Trump dio una versión decididamente diferente: "REALMENTE NO ME IMPORTA, ¿A TI? (...) se refiere a los medios de comunicación de noticias falsas", escribió.

La decisión de Donald Trump de dejar de separar familias de inmigrantes indocumentados mientras están detenidas afronta un duro obstáculo legal, el denominado acuerdo "Flores", que impide que los niños permanezcan encarcelados por largos períodos de tiempo.

Bajo este acuerdo judicial, que data de 1997, las autoridades no pueden retener a menores de edad inmigrantes por más de 20 días.

El pacto, por tanto, genera un dilema para la aplicación de la orden ejecutiva firmada el miércoles por Trump en la que acaba con la separación de familias.

"El presidente no puede ignorar el acuerdo", dijo Bill Hing, profesor de derecho de la Universidad de San Francisco y director de la Clínica de Defensa de Inmigración y Deportación de la escuela.

Es por ello que, ante la barrera legal, el Departamento de Justicia interpuso ayer jueves en una corte federal en Los Ángeles, California, un pedido para que se modifique este acuerdo de una manera que permita retener a los niños más allá del límite establecido.

"Este Tribunal tiene la autoridad y responsabilidad para resolver estas crecientes preocupaciones de inmediato, permitiendo la detención familiar", se lee en el texto presentado en la corte de California.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Nueva York, señaló ayer que seria "horrible" regresar a la época anterior del "acuerdo Flores", en la que los menores pasaban meses y meses detenidos por las autoridades migratorias.

Advirtió que el Gobierno de Trump expone el problema como un asunto de dos únicas vías ("separo los niños de sus padres o los mantengo detenido junto a ellos"), cuando la realidad "no es algo de solo dos soluciones". La Constitución permite que las autoridades liberen a las familias bajo supervisión, ello sin ir en contra de la ley y el acuerdo, explica Galernt.

"El 99% de las familias liberadas bajo supervisión responden a sus citas con las autoridades", amplió en la rueda de prensa Madhuri Grewal, consejera de ACLU.

En su petición, el Gobierno enfatiza en la crisis migratoria que atraviesa el país y para ello detalla números de detenciones de familias inmigrantes en la frontera.

Según cifras oficiales, en los primeros ocho meses del año fiscal de 2018, es decir desde octubre de 2017 y hasta mayo de este año, un total de 59.113 familias han sido arrestadas y las proyecciones apuntan a más de 88.000 al finalizar el año, es decir 75.000 familias más respecto al período fiscal de 2012, cuando se arrestaron 11.116 familias. EFE