ARGENTINA

El presidente argentino Alberto Fernández presentó ayer miércoles el proyecto de reforma judicial que unificará y duplicará los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema. La reforma aumenta además el número de integrantes de la Corte Suprema.

“Proponemos organizar mejor la justicia federal y superar la crisis que afecta su credibilidad y buen funcionamiento”, dijo desde la Casa Rosada. El jefe del Estado estuvo acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y legisladores nacionales invitados, algunos presentes con mascarillas y otros de manera remota.

“Es hora de poner en el escenario la cuestión judicial. Para tener un mejor Estado de Derecho, proponemos consolidar una Justicia independiente, regida por normas de transparencia y procesos con celeridad y eficiencia”, señaló el presidente.

“Buscamos superar el hecho de que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas, que tienen el poder de decidir en la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediáticas”, expresó. “Esto ha sido determinante para que este fuero se haya politizado como ha ocurrido”, agregó.

Y remarcó: “Ese nivel de concentración tampoco ha servido para que la administración de justicia se desarrollara de forma adecuada”.

La reforma, -que, todo indica, podría ser enviada esta semana por el Ejecutivo al Congreso para su análisis- tiene por principal objetivo mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicando su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros.

Once juristas, especializados en distintas ramas del Derecho, asesorarán al Presidente en aspectos claves del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros temas.

En su discurso, el presidente Fernández criticó la actuación de la justicia durante el anterior gobierno de Mauricio Macri, periodo en el que se abrieron varias causas contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner y varios de sus exfuncionarios.

Esos cuatro años “estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho”, aseguró Fernández.

En su discurso, el presidente apuntó que Macri suspendió por decreto la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal Federal, que había sido aprobado por el Parlamento durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015), y señaló que la Agencia Federal de Inteligencia quedó “bajo un manto de sospecha” porque se le permitió manejar fondos reservados, lo que su gobierno canceló.

“Con el devenir de los días se fue perdiendo la transparencia judicial”, dijo Fernández. “La arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso”, agregó y denostó la utilización del “encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas” vulnerando el principio de inocencia y defensa en juicio.

Sin nombrarlo, aludió a lo que Cristina Kirchner ha denunciado como una “persecución judicial”, con pedidos de prisión preventiva en su contra que no se aplicaron debido a sus fueros como senadora. “Digamos nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”, insistió Fernández.

La coalición opositora Juntos por el Cambio, liderada por Macri, anticipó su rechazo al proyecto.

Para avanzar en la reforma de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, órgano que juzga a los jueces, Fernández convocó a un consejo asesor de once juristas. La oposición rechazó que entre sus miembros esté Carlos Beraldi, reconocido jurista y uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner.