REACCIONES

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en los últimos días la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) se volvió un organismo de disputa a nivel político, con altos niveles de crispaciones que llegaron, incluso, a generar fricciones dentro de la coalición de gobierno.

El martes la Cámara de Diputados trató de urgencia un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo -a contrarreloj- para intentar emparchar una situación que podría costarle cientos de millones de dólares a las arcas públicas.

La Ley de Urgente Consideración (LUC) bajó de 20 a 10 años el tiempo de prescripción de una deuda. Y, en esa ley, dio un tiempo de dos años para que la ANV, el Ministerio de Vivienda (MVOT) y el Banco Hipotecario reinscribieran las deudas de sus últimos 10 años.

Eso no se llegó a completar -por las prórrogas que hubo durante la pandemia, según señalan desde el gobierno- y el Poder Ejecutivo pidió en la ley sancionada días atrás extender el plazo a cuatro años.

La situación fue calificada como de extrema gravedad en filas opositoras y los legisladores del Frente Amplio -que votaron el proyecto para evitar las consecuencias- pidieron la renuncia del presidente de la ANV, Klaus Mill von Metzen, y de su vicepresidente, el nacionalista Gustavo Borsari.

El jerarca de la ANV designado por el Partido Nacional explicó en rueda de prensa días atrás que el cambio normativo se dio para “evitar dejar a miles de familias en la calle” y descartó que fuera posible que se perdieran millones de dólares porque, en todo caso, la ANV “saldría a intimar” a quienes tenían deudas para no dejar de cobrarlas.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, salió en defensa de la actuación de la ANV y del MVOT -espacios conducidos por cabildantes- al afirmaque se busca “armar una especie de circo” para sacar “rédito” político, según dijo ayer en una entrevista con radio Montecarlo.

Sin embargo, la situación no conformó ni a la oposición ni a parte del oficialismo. El diputado colorado Ope Pasquet, por ejemplo, se hizo eco del pedido del Frente Amplio y solicitó las renuncias de Mill von Metzen y Borsari.

“El episodio fue demasiado grueso como para hacer de cuenta que no pasó nada. Los responsables deberían poner inmediatamente sus cargos a disposición del gobierno”, publicó ayer el legislador colorado en su cuenta Twitter.

El diputado cabildante Álvaro Perrone le contestó en la misma red social afirmando que “no hubo daño al Estado” y que “se encontró un problema y se solucionó”.

Desde el ala del sector Batllistas, también del Partido Colorado, se pidió “mesura” y esperar a que se realice la correspondiente investigación administrativa para saber qué ocurrió antes de reclamar medidas. En este sentido, el diputado Conrado Rodríguez afirmó a El País que “lo más prudente es poder conocer qué conocimiento tenía el directorio de la situación”, así como cuáles fueron los pasos que dieron los mandos medios de la ANV. “Con esa información sí se podrá evaluar si ameritan sanciones”, sostuvo.

Por su parte, el diputado por el Partido Independiente, Iván Posada, dijo a El País que “hubo una omisión grave” y que cobra mayor relevancia a partir de que “los servicios jurídicos hayan hecho la advertencia de lo que sucedería”.

El legislador sostuvo que el Poder Ejecutivo es quien debe decidir qué medidas se deben tomar con la conducción de la ANV, aunque agregó: “Debería hacer algo, mínimo una sanción, y como máximo llegar a pedirles la renuncia”.

En filas nacionalistas dan por hecho que el episodio quedó cerrado y dicen que no se aplicará ningún tipo de medida contra las autoridades de la ANV. Legisladores blancos consultados por El País reconocieron que “fue un error de magnitud”, pero que como se logró evitar a tiempo “el problema, todo quedó resuelto”. “Si no hubiera sido así no dudo que no seguirían en sus cargos”, afirmó un diputado nacionalista.

A medida que esto sucedía, la ANV quedaba en el ojo de la tormenta por una eventual situación irregular. Es que en diversos grupos de WhatsApp de dirigentes políticos y funcionarios del MVOT circuló, en las últimas horas, un mensaje donde se asegura que la asesora legal de la ministra Irene Moreira habría regularizado una deuda con la ANV de forma beneficiosa por el cargo que desempeña y sin respetar los procedimientos formales. Se indica que la asesora adquirió por sorteo una vivienda en 2008 y que durante 14 años no habría pagado la cuota. Y ahora, según lo que circuló, se habría firmado un contrato para regularizar su situación.

Fuentes de la ANV consultadas por El País descartaron de plano esta situación y aseguraron que “es imposible” que esto suceda y que pueden darse casos con “dos años sin pagar como máximo”.

Sin embargo, la circulación en redes generó la alarma de varios dirigentes de Cabildo Abierto. Es por ello que desde el entorno más cercano de la ministra Moreira transmitieron mediante un mensaje de WhatsApp su versión de los hechos para intentar llevar calma en filas cabildantes.

Allegados a la jerarca aseguraron que hicieron las consultas ante la ANV y que se trata de información “falsa”. La asesora legal, de acuerdo al entorno de la ministra, refinanció su deuda “en términos normales” y se encuentra al día con sus pagos.

Por último, se apuntó a quienes divulgaron la supuesta irregularidad, aunque sin explicitar a quienes se referían. “Se trata de una campaña más buscando ensuciar a esta administración”, transmitió la cabildante Moreira a través de su equipo más cercano.

Desde que asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou, la ANV le ha causado al gobierno dolores de cabeza debido a ciertas renuncias.

En marzo de 2020 el escribano Álvaro Garbarino -que formó parte de los equipos técnicos del Partido Nacional- ocupó la secretaría general del organismo. Apenas dos meses después renunció y su lugar fue ocupado por el coronel retirado Gustavo Fernández.

Semanas atrás la ministra de Vivienda decidió reacomodar fichas y Fernández debió dejar su cargo. En su lugar asumió Flavia Silva, también integrante de Cabildo Abierto, que ya trabajaba en la ANV como secretaria general del directorio.