Funcionarios

Penalizan por ley la riqueza ilícita

Con la novedad de que se invierte la carga de la prueba y se limita el número de funcionarios comprendidos en la normativa, el Senado aprobó un proyecto de ley por el que se tipifica como delito el enriquecimiento ilícito para funcionarios, legisladores y cargos de confianza en el gobierno.

Eurodiputados pidieron apurar acuerdo y los uruguayos explicaron por qué China es clave. Foto: G. Pérez
Foto: Gerardo Pérez

Este proyecto, originalmente presentado por el senador colorado Pedro Bordaberry fue reducido en su alcance en la negociación que se dio en la comisión de Constitución del Senado.

La iniciativa, que fue enviada a Diputados para su sanción, tiene lo que se denomina "inversión de la carga de la prueba", es decir que obliga al sujeto en cuestión a justificar sus bienes ante la justicia si se detectara un incremento significativo y sospechoso de su patrimonio.

Serán sujetos alcanzados por esta ley todos los titulares de cargos electivos y gerenciales a los cuales hoy se les exige la presentación de declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). También quedarán comprendidas las personas eventualmente consideradas como "testaferros".

La iniciativa considera "enriquecimiento ilícito" al incremento relevante y significativo del patrimonio que no se pueda justificar, durante el ejercicio de la función y hasta cinco años después de abandonado el cargo.

Las penas previstas para este nuevo delito irán de 18 meses de prisión a seis años de penitenciaría, multas de 50 ($ 54.750) a 15.000 ($ 16.425.000) Unidades Reajustables (UR) y la inhabilitación para función pública de entre dos a cinco años.

Si el delito fuera cometido por un cargo de particular confianza se considerará agravante. Las penas serán de dos a diez años de penitenciaría, las multas irán de 300 a 15.000 UR y la inhabilitación será hasta diez años.

El proyecto de ley sobre el delito de enriquecimiento ilícito podría no ser aprobado este año en Diputados, adonde hoy se considerarán otras normas contra la corrupción en el Estado.

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