DENUNCIA PENAL CONTRA OBRA DEL FA

La discusión sobre el costo final del estadio multipropósito Antel Arena, la legitimidad de la empresa estatal de telecomunicaciones de asumir una inversión de este tipo y la reserva decretada en toda la documentación sobre el emprendimiento por 10 años, terminará finalmente en el despacho de un fiscal que resolverá si hay mérito o no para iniciar una investigación penal.

El directorio de Antel comunicó ayer su decisión de elevar a la Fiscalía General de la Nación las conclusiones finales de la auditoría encargada a la firma independiente Ecovis, que determinó, entre otras cosas, que la obra finalmente tuvo un costo de US$ 120 millones, exactamente el triple el valor comunicado en un inicio por la entonces presidenta de Antel, la hoy intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

“Resumiendo, (el estadio) costó US$ 120 millones, debíamos US$ 47 millones (en junio de 2020) y vale US$ 34 millones”, dijo en conferencia de prensa el vicepresidente de la compañía estatal, Robert Bouvier.

Allí el jerarca también informó que la auditoría confirmó la “existencia de apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa”, y que el informe jurídico de Ecovis demostró que “se vulneraron los principios rectores que rigen las normas relativas a la buena administración, en cuanto al respeto estricto de los procedimientos de contratación y el deber de procurar la máxima eficiencia en la actuación”.

Por esto, además de presentar la denuncia ante el Ministerio Público, Antel también elevará los antecedentes de la auditoría a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

“Se realizó un análisis de la gestión del proyecto y se concluyó que tuvo muchas debilidades”, dijo Bouvier ante los periodistas. Y enumeró: hubo demora en la realización de un cronograma maestro de las obras y una “incompleta definición del alcance del proyecto”; los controles de los procesos brillaron por su ausencia; “faltó un plan de contrataciones detallado” y los auditores al menos no encontraron un “programa financiero” con el detalle de laproyección de todos los gastos.

Respecto a la forma de las contrataciones, la auditoría detectó que “Antel utilizó como regla para la selección de los contratantes la compra directa por excepción”, que de acuerdo a Tocaf ese es un mecanismo que, precisamente, no puede ser la regla, ya que se procuran procesos competitivos y transparentes, tal como consta en las conclusiones del informe, disponible en el sitio web de la empresa de telecomunicaciones.

“Casi US$ 98 millones de dólares fueron contratados mediante esta modalidad”, afirmó Bouvier en la presentación pública. “Esto representó una restricción a la competencia, discrecionalidad en los oferentes y falta de transparencia”.

En diciembre del año pasado, cuando la compañía presentó la primera parte de la auditoría de Ecovis, el informe ya había advertido que “el no realizar llamados públicos e invitar a cotizar a un grupo pequeño de proveedores no contribuye a la transparencia y buenas prácticas del proceso de compras”.

Ahora, también según las normas de la buena administración pública, el estudio final recordó que la declaración de reserva para todas las actuaciones en un proceso de este tipo debe ser una excepción, y con esta decisión la administración del Frente Amplio dejó de lado “el principio rector en materia de contratación administrativa que es la publicidad de la gestión administrativa”, según la auditoría.

El trabajo de Ecovis también informó que “el Tribunal de Cuentas (TCR) observó todas las compras y contrataciones realizadas por Antel en el marco de la construcción del Complejo”, y en otro pasaje consignó que el TCR también observó compras por realizarse “sin contar con disponibilidad presupuestal”, lo que viola la Ley de Empresas Públicas. “No estaba previsto el gasto ni existió una situación de excepción”, dijo Bouvier.

Las versiones de Cosse sobre el costo de la obra

En un principio, Carolina Cosse negó haberse equivocado en la proyección del costo del Antel Arena. El 22 de noviembre de 2018, al ser interpelada como ministra de Industria por el entonces senador Pablo Mieres, Cosse dijo que el proyecto había estado “ajustado a lo proyectado y presupuestado”, pese a haber anunciado que saldría US$ 40 millones. Pero luego, un año más tarde, en diálogo con el programa No Toquen Nada, y ya siendo precandidata a presidente por el Frente Amplio, cambió su respuesta. Dijo que cometió “un error” porque se había basado solamente en las estimaciones de “los arquitectos especialistas”.