POLÉMICA

Un dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que criticó un aspecto de la gestión frenteamplista en Antel -la construcción del estadio multipropósito Antel Arena-, embretó a la coalición de izquierda, que prefirió dirigir las críticas hacia la empresa auditoria Ecovis, en lugar de apuntar contra la junta anticorrupción, en donde la oposición está representada por su vocal, Jorge Castro.

El fallo del organismo de contralor publicado este martes fue tan duro como el de la firma auditoria -divulgado a principios de junio-, cuyas conclusiones fueron su principal insumo. La Jutep destacó el sobrecosto de la obra, superior a US$ 63 millones -la construcción en total implicó US$ 120 millones-, y la constatación de reiteradas violaciones a principios de legalidad, transparencia y buena administración.

Pero el dictamen contó además con una característica que no pasó desapercibida, más bien fue resaltada tanto desde las actuales autoridades de Antel -conducido por Gabriel Gurméndez-, como por varios dirigentes de la coalición de gobierno y la propia presidenta del organismo, Susana Signorino: el fallo fue firmado por los tres integrantes del directorio de la junta anticorrupción. Es decir, con el aval de Castro, que pertenece al Partido Comunista.

Consultado por El País, la primera respuesta que dio el representante de la oposición fue una precisión técnica. “Este informe no se basa en ninguna investigación que haya hecho la Jutep, porque acá no hubo denuncia. Nosotros lo que analizamos fue una serie de consideraciones de una auditoría externa”, aseguró en referencia a Ecovis.

Por eso que las críticas directas que dirigió la actual intendenta Carolina Cosse -presidenta de Antel entre 2010 y 2014, y principal impulsora del Antel Arena- fueron para esta firma. En rueda de prensa, la jefa comunal dijo ayer que el insumo desde el que partió la Jutep fue una “pseudoauditoría”, elaborada por la empresa de un “militante herrerista”.

“Diría que este informe, básicamente, es el reporte del estudio de un militante herrerista, que es el dueño de la consultora que hizo la pseudoauditoría para Antel, y que no agrega en la información que está en esa pseudoauditoría ningún elemento nuevo”, agregó Cosse, lo que motivó una nueva respuesta de Antel.

Castro, por su parte, insistió en que “los elementos que suponen transgresiones a la ética y la transparencia se derivan de esa auditoría”, e incluso fue más allá y defendió el rol técnico del organismo que integra: “Independientemente de la fuerza política a la que pertenecemos, si en un informe se derivan hechos que contravienen normas éticas o de transparencia públicas, nosotros actuamos, sin tener en cuenta nuestro partido político”. Y en declaraciones a Canal 12 dijo que si existían “cuestionamientos” como los manifestados por Cosse, pueden presentarse “las acusaciones que (se) estimen pertinentes”.

Las declaraciones de Cosse fueron apoyadas expresamente por el senador comunista Óscar Andrade, que en su cuenta de Twitter escribió que la intendenta fue “muy clara” en sus descargos. Lo mismo hizo el diputado Gerardo Núñez, que aseguró a El País que compartía “totalmente lo planteado por Cosse”.

“Comparto y reafirmo sus declaraciones”, dijo el también legislador comunista. Sin embargo, no quiso hacer comentarios al ser preguntado por la labor de Castro en la Jutep.

De hecho, según indicaron fuentes del Frente Amplio, la actuación de Castro ha generado inquietud en la coalición de izquierda, y ya solicitaron que envíe un informe, que será analizado en la mesa política de mañana viernes.