ESTAFA INFORMÁTICA

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

El analista de sistemas, Christian Martin, considerado uno de los estafadores informáticos más peligrosos del país, está preso en la Unidad 25. Esta cárcel fue creada a principios de este año en el predio del ex Comcar por orden del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y es donde se aloja a los reclusos bajo las máximas medidas de seguridad.

A los 12 presos que cumplen condena actualmente allí se les controla cada mínimo movimiento dentro de la cárcel y casi no tienen contacto entre sí. Es que, a los ojos de las autoridades, se trata de los privados de libertad más peligrosos del sistema.

“Ese delincuente (Christian Martin) puede hacer cualquier cosa con un celular. Hasta tener acceso a cuentas bancarias y realizar retiros sin autorización de los dueños del dinero”, dijo a El País una fuente policial.

No es la primera vez que Martin está alojado en la Unidad 25. Estuvo un par de meses en ese lugar y luego fue trasladado a una cárcel común. Sin embargo, guardias penitenciarios detectaron que otra vez tenía en su poder un celular y había vuelto a las andadas.

El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, ordenó su retorno a la Unidad 25 donde se encuentra alojado hoy. Ahí Martin no podrá usar celular. Es que en la Unidad 25 las reglas son muy estrictas. Cada recluso vive en una celda individual con patio para cada uno. Los presos pueden salir a ese espacio dos horas por día, pero en ese momento no puede mantener contacto entre sí. Dos veces a la semana les permiten realizar llamadas durante 30 minutos en una cabina telefónica de Antel (que es grabada y vigilada con cámaras) y una vez a la semana reciben visitas por un máximo de dos horas.

Martin ingresó al “radar” de la Policía en 2017 cuando fue procesado por una millonaria estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y al Banco de Previsión Social (BPS). Se estima que el desfalco rondó los US$ 4 millones.

El 1° de mayo de 2021, Martin simuló ser un fiscal y ordenó desde la cárcel actuaciones a seccionales policiales de Montevideo y en el interior utilizando un celular. Una de las actuaciones dispuestas por el ciberdelincuente como “fiscal” simulando ser un fiscal, ordenó a la Policía detener en averiguaciones a su expareja, la que se había negado a reanudar la relación con él, al padre de la joven y a otra familiar. La Policía dice que no se trató de una detención sino que se los llevó para levantarles actas.

Martin se identificó como el fiscal XX y pidió para hablar con una seccional dentro de la jurisdicción de la Zona III (Sayago, Casavalle y barrios aledaños). Se trató del fiscal que lo procesó por la maniobra al Fonasa. Durante la comunicación, el preso dio el nombre completo del fiscal, su cargo y turno. Y agregó que quería hablar con el segundo a cargo o con un oficial de la comisaría. Luego dio directivas a los policías relacionadas con citaciones o detenciones de personas.

En los días sucesivos, el preso llamó a comisarías de varios departamentos siguiendo el mismo modus operandi. En todos los casos dijo nombres de fiscales. No obstante, la Policía no llevó a cabo ninguna actuación ordenada por el falso fiscal porque los encargados de las seccionales descubrieron las irregularidades, ya fuera porque trabajaban con otro fiscal o porque decidieron no actuar al no tener un respaldo documental en el sistema informático.

En el momento no se identificó un motivo claro del delincuente, más que demostrar su capacidad y poder.

El 12 de mayo de 2021, Martin fue procesado por la Justi- cia por reiteradas estafas con cuentas bancarias por unos US$ 153.000.

Según el pedido de procesamiento de la fiscal Silvia Naupp presentado ante la jueza Blanca Rieiro, el recluso realizó maniobras con celulares desde su celda ubicada en el Penal de Libertad. Durante horas, el encarcelado llamaba a servicios estatales y empresas privadas, que no tenían conexión entre sí, para conocer datos claves de personas: nombres completos, direcciones, documentos de identidad y teléfonos.

Apuntaba a titulares de cuentas de un banco concreto de plaza. Ya en posesión de esos datos, el preso se contactaba por teléfono con sucursales del banco haciéndose pasar por estas personas.

Con los datos obtenidos, el estafador sorteaba las preguntas de seguridad, las que eran hechas por internet o por teléfono. Luego, el delincuente lograba cambiar los correos electrónicos asociados a las cuentas.

Usando esos e-mails el recluso accedía a las cuentas bancarias de las víctimas o obtenía las claves de ingreso a ellas. Ya con las contraseñas, el preso transfería el dinero a otras cuentas o enviaba a cinco cómplices de afuera de la cárcel a hacer retiros en el propio banco estafado.