SALIR A LA CALLE A EXIGIR JUSTICIA

Intendentes reclaman mayor despliegue policial en varios departamentos.

Claudia Ferreira Albornoz (45) cerró la caja de la estación de servicio Ancap de Pinamar a la hora 22.30 del martes. Se despidió de sus compañeros y salió caminando por la avenida Los Pinos, la arteria que divide Pinamar de Neptunia, rumbo a su casa para encontrarse con su marido y su hijo de un año y medio.

En el medio del camino, frente a un lugar donde venden leña, al menos dos personas que se desplazaban en moto intentaron rapiñarla y ella se resistió, según los primeros datos de la investigación policial. Uno de los delincuentes le aplicó una puñalada en el pecho.

Con sus últimos alientos, la mujer pidió socorro. Los primeros en llegar fueron los vecinos Matías y Washington.

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"Cuando llegué tenía poco pulso, apenas respiraba. Llamé cuatro veces al 911 y me respondió una grabación. Aparecieron seis patrulleros, pero lo que más me indigna es que la ambulancia demoró 35 minutos", contó Matías a El País.

Noelia, una de las compañeras de Claudia, aseguró a El País que en la zona las rapiñas son permanentes. Los empleados de la estación y de comercios cercanos han sufrido diversos ataques. Recordó a Claudia como una "excelente" trabajadora. "Siempre estaba alegre, con buena onda", contó.

Claudia y su marido trabajaban de sol a sol. Se turnaban para cuidar al niño. Estaban construyendo un local en su terreno para cumplir su sueño: instalar una panadería, según contaron a El País los vecinos de la pareja.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, propietario de una casa en la zona, se sumó al duelo vecinal. "Hoy es un día oscuro, triste. Una trabajadora de mi barrio fue asesinada en una rapiña. Confieso que me cuesta ser del todo racional en estos casos. La rabia y la impotencia me dominan. Algo tengo claro: Acá sí son ellos contra nosotros. La mala gente existe", escribió el jefe comunal en la red social Twitter.

El temprano comentario de Orsi recibió duras críticas desde filas de su propia agrupación política.

La indignación de Orsi se suma a la inquietud manifiesta de intendentes de otros departamentos por el clima de inseguridad en que viven muchos ciudadanos.

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Esta semana, el intendente de Salto, Andrés Lima, dijo que quería reunirse con el presidente Tabaré Vázquez para discutir posibles medidas de combate a la delincuencia en su ciudad. Lima tiene prevista para hoy una audiencia con el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo.

Antes, la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, había reclamado públicamente la presencia de militares para patrullar las calles de Minas, asediada por una guerra de clanes.

Canelones mismo ha vivido graves hechos de violencia, en particular en el balneario San Luis, donde ha habido rapiñas con toma de rehenes y un homicidio de un quinielero, en noviembre pasado, cuyos presuntos autores fueron puestos en libertad por la Justicia hace una semana.

La inseguridad en ese balneario motivó que el presidente Vázquez acudiera hace 10 días a San Luis, donde había realizado el primer acto en su campaña presidencial de 2014.

Por el despacho del director nacional de la Policía, Mario Layera, desfilan casi a diario intendentes que llegan a solicitar un incremento de efectivos pa-ra diversos puntos del país.

Por lo general, los jefes comunales responden al clamor de sus localidades ante situaciones puntuales de inseguridad, según explicó a El País una fuente cercana al jerarca. Como si fuera un latiguillo, los pedidos terminan en lo mismo: que desembarque en el interior la Guardia Republicana.

Se trata de la fuerza de elite, sus integrantes tienen armamento, infraestructura y entrenamiento superior al resto de la fuerza. Desde el año 2011 la repartición está facultada a desplazarse en todo el territorio.

En el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas, último de este período de gobierno, se incluirá un incremento en el número de vacantes destinadas a la Republicana. La idea es incrementar el número de componentes de 1.500 a 2.000 en un lapso de pocos meses.

Hasta el momento, el grueso de los efectivos de la fuerza opera en Montevideo y cuando es necesario realiza despliegues hacia otros departamentos.

Ahora, con este nuevo aporte, la repartición planea crear una regional, también definida como "base de reserva táctica" que se instalará al norte del Río Negro, que tendrá jurisdicción en toda la zona mediante un sistema de "despliegue rápido", según dijeron a El País fuentes de la Republicana.

43 homicidios en mayo, récord histórico en un mes

La muerte de Claudia Ferreira, que se suma a otras cuatro recientes —una mujer degollada en Maldonado, un hombre acribillado en Rocha, un recluso asesinado en Santiago Vázquez y un delincuente abatido por un policía ayer de tarde en Ruta 1— eleva a 43 los homicidios cometidos en mayo y a 190 los que registran las estadísticas preliminares en los primeros cinco meses del año (datos oficiales del Ministerio del Interior se conocerán en uno o dos meses).

La cifra supone un récord en la historia uruguaya. En 2005, cuando Tabaré Vázquez asumió su primera presidencia, se registraron 190 homicidios en todo el año.

Desde comienzos de 2018 hasta la fecha ha habido "una muerte violenta cada 20 horas", señaló Guillermo Maciel, de la organización Fundapro, del Partido Colorado.

En el mismo período de 2017 se registraron 111 homicidios, 79 menos que este año, que se ha caracterizado además por un aumento excepcional de asesinatos en algunas ciudades del interior, como San Carlos (Maldonado), Minas (Lavalleja), Chuy (Rocha) y Salto. En esta última ciudad, que el fin de semana se movilizó con cortes en la Ruta 3 para reclamar seguridad, ya se han producido siete homicidios, cinco más que en todo 2017 (dos comerciantes; una mujer amenazada por su expareja y el policía que la custodiaba en su vivienda; un delincuente abatido por un almacenero y dos jóvenes asesinados en la calle, en circunstancias que hacen presumir ajustes de cuentas).

"Yo estuve mirando los números de Salto, comparados con el año pasado y efectivamente hubo un aumento de delitos pero en un nivel menor de lo que ha pasado en el país", declaró el ministro Bonomi.

El tuit pasional del intendente Yamandú Orsi, publicado a la hora 4:41 de ayer, sacudió la interna del MPP, sector del ministro Eduardo Bonomi, y motivó un largo debate en las redes, entre centenares de usuarios.

A las 6:57 le respondió el diputado Alejandro Sánchez: "Lo irracional no contribuye a la Política, la degrada. En el dolor y en la rabia que causa un homicidio no hay pensamiento. Lo reactivo no aporta a la construcción de una sociedad mejor e integrada. Por el contrario, la fragmenta y continúa alimentando falsas dicotomías".

Dos minutos antes de la respuesta de Sánchez, a las 6:55, Orsi aclaró: "Hace tiempo que veo + presencia policial en la zona, sé que los cambios en el CPP son buenos. Hay respuestas, hay más eficiencia, de verdad es visible. La mayor coordinación en políticas sociales sirve. Pero cuando para algunos la vida no vale nada, cuesta ver el camino justo".

En respuesta al comentario de Orsi —"Acá son ellos contra nosotros"—, varios de los que participaron de la polémica en Twitter se preguntaron: "¿Quiénes son ellos y quiénes nosotros?".

Hubo una réplica contundente: "Ellos son los que te matan por una cartera, nosotros los que nos levantamos a las 6 am y laburamos todo el día para sacar una familia adelante".

Alcalde: "La mataron a dos cuadras de mi casa"

"El tema de la seguridad, como en todos lados, cada vez se está complicando más", dijo a El País el alcalde de Salinas, Óscar Montero.

"Yo conocía a la muchacha hace más de 4 años, compartía con ella cuando estaba embarazada hace dos años, y la veía dos o tres veces a la semana, trabajando. Vivo a una cuadra de la Ancap y a la pobre mujer la mataron a dos cuadras de mi casa", contó Montero, muy indignado.

"Se siente la misma bronca que tienen todos los vecinos. Yo soy uno de ellos; hace 50 años que vivo en la zona y esto ha cambiado horriblemente. Antes los chorros tenían códigos, y por acá nos conocíamos todos. Ahora hay mucha gente que ha venido de otros lados".

En el municipio de Salinas (que incluye a Neptunia y Pinamar) viven más de 30 mil personas y sus autoridades han ya articulado reuniones diversas por el tema de la inseguridad. Pero Montero, como alcalde, poco más puede hacer para enfrentar a la delincuencia.

"A mí me intentaron robar en la puerta de mi casa y robaron en el garaje en donde guardo el auto, pero de ahí a matar a una persona para rapiñarla... ahí cambia la cosa. Son tipos que no tienen escrúpulos. Hay una diferencia brutal entre la gente laburadora y la delincuencia", sostuvo el alcalde.