Redacción El País
En una casa en la Cruz de Carrasco vivían tres niños de nombres angelicales. La forma en que eligieron llamarlos tiene que ver con dios y la esperanza. Vivían ahí con su madre y su hermana de 17 años, que tenía un bebé de tres meses.

Circunstancialmente, el 13 de diciembre de 2023, también estaba ahí su tío y otro de sus hermanos, de 15 años. Cuando la madre y una de las niñas, de 7 años, estaban en su dormitorio, la mayor y su hija bebé se mantenían en el living y el adolescente de 15 años estaba en su cuarto, irrumpieron cuatro jóvenes –tres menores y un mayor– con una patada tirando abajo la puerta. Gritaron por él. Tenían armas largas, cortas y chalecos antibalas, lo persiguieron hasta el dormitorio de su madre y, frente a la niña de nombre esperanzador, lo mataron de cuatro tiros.

Entre fines de abril y mayo ocurrió el juicio oral en la Justicia de Adolescentes donde se condenó a uno de los menores agresores –los otros dos aceptaron acuerdos abreviados– y en la sentencia, a la que accedió El País, consta cómo este adolescente fue asesinado en un contexto de guerra de bandas en el barrio donde muchos participantes son menores de edad. En 2023, la seccional 14 –seccional que corresponde a ese barrio– tuvo 10 homicidios, siendo esta la cifra más alta de los últimos 10 años.

La víctima era el “protegido” de una banda cuyo líder había caído preso ese mismo día. La fiscal de Homicidios Mirta Morales –que a su vez lleva el caso del mayor imputado por el crimen– había imputado a este hombre que lo cuidaba por tentativa de homicidio. Que este hombre hubiera sido encarcelado, significó que el adolescente perdiera la protección y tuviera que volver a la casa de su madre, donde no vivía hacía tiempo.

El día que detuvieron a este mayor de edad, lo hicieron gracias a un allanamiento. A un “mega operativo”, en palabras de un policía que declaró en el caso. En el domicilio que allanaron estaba presente la víctima. Al ser menor de edad, fue trasladado a la Fiscalía junto a su madre y allí contó que hacía dos meses que vivía con este hombre porque estaba siendo amenazado por otro adolescente. Se trataba del adolescente que durante este juicio estuvo en el banquillo de los acusados, por haber colaborado para matarlo.

Que este adulto estuviera preso, significaba que este adolescente –de rol protagónico en la otra banda– tenía vía libre para hacerle lo que quisiera. Todos lo sabían. Otra allegada al adulto encarcelado lo advirtió: “Vos no podés ir a la Cruz y sabés por qué. Sabés que estos te quieren matar”, le dijo.

No era la primera vez. Meses antes, le había pegado dos tiros en las piernas, pero la víctima no quiso involucrar a las autoridades. Según recoge la sentencia, las dos bandas son facciones de una misma familia. De hecho, los dos líderes son parientes entre sí. Pero en esta guerra que parece no tener códigos, hay una máxima. La familia no se mata. “Se agarran con los de al lado”, dijo un testigo en el juicio.

Las dos bandas se conocen por los apellidos. Una de ellas lleva el apellido del adulto encarcelado por tentativa de homicidio. La otra, la del adolescente que quiso ir a juicio por el homicidio del menor de 15 años. El segundo es sobrino del primero.

Los policías declaraban que en la zona hubo un muerto por mes y que hay un pasaje –el de Oncativo– que se utiliza como lugar de fuga.

La guerra de clanes no se resumía a la fijación del adolescente enjuiciado por acabar con la víctima. La mujer del adulto encarcelado fue baleada el 29 de diciembre (dos semanas después del crimen del adolescente) y afirmó que el autor fue otro de los menores que participó del hecho.

Pero esta guerra se dilucidaba entre el barrio y la Justicia. El 13 de setiembre, el día después de que una mujer fuera asesinada en el mismo barrio, el adolescente de 15 años fue citado a declarar –concurrió junto a su madre– y vinculó a dos de sus asesinos al hecho.

Tampoco se terminó con la muerte del niño. Su familia denunció que familiares de los encarcelados amenazaron con “quemar todo” y “repartir tiros para todos lados”. Como todo lo que sucedió en la Cruz de Carrasco, esto no es una pelea de adultos. Vecinos les contaron a familiares de la víctima que una nena de “ocho o nueve años”, “prima o sobrina” de uno de los señalados por el crimen, dijo que el adolescente enjuiciado “mandó a agarrar a tiros” su casa.

En otro momento, otros parientes se acercaron para pedirle “si podía retirar la denuncia” porque “ellos sabían que él era inocente”.

Esto también tuvo impacto en el juicio. La Fiscalía debió renunciar a dos testigos que había citado al juicio porque fueron baleados. Una de ellas fue la pareja del adulto “protector” del menor y otro un pariente vinculado a un testigo de los hechos, quien perdió un riñón y parte del intestino. Este último testigo mencionado no pudo siquiera llegar a ser citado porque había desaparecido de sus lugares habituales, sin embargo, sin estar citado concurrió al juzgado, aunque finalmente se prescindió de su declaración.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Al adolescente lo mataron tarde en la noche. Pero desde hacía un buen rato los cuatro agresores se enteraron que él había vuelto a la casa de su madre y ahí fue a donde lo fueron a esperar. “Lo estuvieron esperando toda la noche. Se turnaban. Hacían turno”, contó un testigo.

Así, ellos ya habían sido alertados por otra persona de que eso estaba pasando. Cuando en el juicio les preguntaron quién era, contestaron que no lo querían “perjudicar”. Saben que decirlo podía tener consecuencias. La conversación a la interna de la familia era que si entraban a su casa, ya iban a tener bien claro quiénes eran.

En determinado momento tiraron la puerta de una patada y entraron gritando el nombre de su víctima. Llevaban armas largas, cortas y chalecos antibalas puestos. También, la cara cubierta hasta la nariz.

Los primeros en verlos fueron la hermana mayor (17 años), su hija bebé de tres meses y dos hermanos más chicos, que eran quienes estaban en el living. La víctima estaba en su dormitorio y corrió al de su madre, que solo estaba separado del living por una cortina.

“¡Ahora sí!, ¡ahora sí!”, le gritaban, mientras él logró arrinconarse en una esquina donde había un mueble. Fue en ese momento en el que uno de ellos arrancó a disparar, frente a los ojos de su madre, su sobrina y todos sus hermanos. Dos agresores entraron al cuarto y los otros dos, como no entraban por el tamaño, quedaron en el living, pero con la cortina levantada.

Una de las niñas, de 7 años, estaba acostada en la cama con su madre y “le había quemado algo cuando la bala… le quemó algo en la planta del pie”, recoge la sentencia.

El adolescente “ni se quejó ni nada. Lo miró, sé que lo miró bien a los ojos. Y ahí le disparó, le seguía disparando hasta que se vio que se movió y le dio en la cabeza”.

Pese a que algunos tenían la cara semi cubierta, los reconocieron a todos. Los conocían del barrio y algunos habían compartido con la hermana mayor de la víctima en la Escuela N 63, el Centro Estudiantil Juvenil Pascua y otros centros sociales.

Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Los tres menores de edad involucrados ya fueron condenados. Mientras que dos de ellos –entre los que estaba el que disparó– aceptaron un acuerdo abreviado, el presunto líder de la banda fue quien optó por el camino del juicio oral.

Con el acuerdo abreviado, el imputado asume su culpabilidad a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena. Según supo El País, uno de ellos obtuvo una condena de cuatro años de medidas socioeducativas privativas de libertad. Esto es, la internación en el INISA.

El menor que fue a juicio, y que sigue insistiendo en su inocencia, recibió una pena de seis años y medio de internación. La Fiscalía de Adolescentes de tercer turno –que lidera Carlos Reyes– había pedido ocho años y medio, siendo la pena máxima para adolescentes 10 años.

El juez Enrique Falco entendió que la solicitud de la Fiscalía era excesiva porque eso equivaldría a una pena de 25 años y seis meses para un adulto, cuando la pena máxima para este delito –considerando las atenuantes y agravantes computadas– sería de 24 años. Por eso definió la pena en seis años.

A su vez, hay un adulto (18 años) sometido a la Justicia penal común. Él está imputado y preso preventivamente mientras espera que avance la investigación. La Justicia de Adolescentes tiene plazos más cortos y por eso los casos se resuelven más rápido. En el caso de los adultos, la Fiscalía tiene un año desde que se los imputa para presentar la acusación e ir a juicio oral. En este caso, ese plazo se cumple el próximo diciembre.