El pasado 18 de abril se realizó la primera diligencia solicitada por la Fiscalía a la Justicia sobre el denominado caso Penadés. Se trató de una solicitud de “reserva de la investigación”. El pedido de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno fue dirigido a la Justicia en forma genérica porque no se había asignado aún un magistrado para esa causa.

En el escrito, la Fiscalía argumentaba que la reserva se solicitó porque el caso tiene víctimas que “son y fueron menores de edad” y que por ello reciben una protección especial en normas internaciones sobre los derechos del niño.

También agregaba que el Código del Niño y del Adolescente establece la reserva de sus identidades y su intimidad y una especial protección, en la que, decía, se viene “trabajando”.

La fiscal de Delitos Sexuales de 6° Turno, Alicia Ghione y sus adscriptas, María José Brisco y Mariela Betancor sostenían, en el escrito, que la explotación sexual de niños y adolescentes son delitos “muy difíciles de investigar” y, en este caso, “la complejidad y los riesgos para las víctimas y para la frustración de la investigación son aún mayores”.

Por eso, indicaban desde Fiscalía, es necesario y prioritario preservar la integridad de las víctimas y también evitar la frustración del proceso con la reserva de las declaraciones de los damnificados.

Ese mismo día, la jueza Marcela Vargas hizo lugar a la solicitud de la Fiscalía. Posteriormente, se repitieron las reservas de las identidades de las víctimas hasta el 29 de mayo pasado. Finalmente, la medida se prorrogó por 120 días más. Así se cerró una instancia clave para la Fiscalía que es cuestionada por las defensas del senador Gustavo Penadés, Javier Vega, y del profesor Sebastián Mauvezín, Juan Carlos Fernández Lecchini, quienes coinciden en que es imposible ejercer su rol al desconocer las identidades de las víctimas que los identifican como presun-tos responsables. (Ver nota aparte).

Un segundo foco de la investigación de Ghione y sus adscriptas apunta a probar los encuentros entre Penadés y las víctimas.

El 5 de mayo de este año, la Fiscalía solicitó a la jueza Vargas las cámaras de filmación del “Hotel Séptimo Cielo”.

En el expediente, la Fiscalía sostiene que las víctimas manifestaron que eran llevadas a ese motel en el auto de Penadés. “Si bien este tipo de hoteles trabaja con la ‘reserva de sus clientes’, es necesario acceder a las matrículas que entran para analizar el presunto ingreso del auto del imputado, conforme a las declaraciones obtenidas”, dice el escrito de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno dirigido a la Justicia. Y agrega que la Fiscalía está en conocimiento de que este hotel tiene cámaras que filman los vehículos que entran por razones de seguridad de al menos dos meses, pero que hasta el momento las filmaciones no han sido entregadas.

“Sin duda los derechos de los niños y adolescentes a proteger con el avance de la investigación están por encima de los derechos de otros adultos, como lo expresan las normas internacionales de derechos humanos y el CNA (Código de la Niñez y la Adolescencia)”, expresa el escrito.

La fiscal Ghione advierte que la Fiscalía solo seleccionará de esa evidencia la relacionada con la presente investigación y “le urge” obtenerla dado que el paso de los días se corre riesgo de que sea borrada la información que se puede guardar.

El mismo 5 de mayo, la jueza Vargas reconoce, en su fallo, que las filmaciones del motel registran datos sensibles que atañen a la identidad de las personas que ingresan al establecimiento “comprometiéndose” el derecho a la intimidad, los que tienen protección constitucional.

Sin embargo, expresa la magistrada, la “gravedad” de los hechos investigados están por encima del derecho que preserva el sigilo comercial de reserva de clientes. Por ello, la jueza ordenó al hotel que entregara el DVR y las filmaciones de las cámaras de seguridad.

En otro tramo del expediente, la Fiscalía solicitó a la jueza el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria para el profesor Sebastián Mauvezín.

Argumentó que viene investigando hechos relacionados a la “explotación de niños y adolescentes” por hombres mayores de edad.

En ese marco, expresa el escrito de la fiscal, se investiga también a Sebastián Mauvezín, quien “cumpliría el rol de ‘reclutador’ de adolescentes que los contacta con distintos hombres mayores de edad a fin de su explotación sexual y a cambio de dinero”.

“De esa labor de ‘reclutamiento’ de los menores de edad, Mauvezín recibe intercambio de dinero de parte de los presuntos explotadores”, agrega el escrito de la fiscal.

Y sostiene: “Por esa razón es necesario proceder al levantamiento urgente del secreto bancario y de la reserva tributaria del mismo con la finalidad de poder reunir las evidencias sobre los hechos denunciados por niños y adolescentes”. Asimismo, advierte la fiscal Ghione, “el seguimiento de la ruta del dinero’ es una de las técnicas de investigación recomendadas en este tipo de delitos; siendo urgente y necesario, previa autorización judicial, el envío de la solicitud a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero)” del Banco Central del Uruguay.

La jueza también hizo lugar a ese pedido de la Fiscalía.

El 12 de mayo la Fiscalía hizo otra solicitud a la Justicia: enviar un oficio a la empresa Meta Inc, Meta Platforms, Law Enforcement para que entregue informaciones sobre una cuenta de Instagram donde supuestamente Mauvezín acordó encuentros con menores de edad como intermediario de Penadés. Dicha cuenta fue dada de baja, según el informe enviado a la Fiscalía por el Departamento de Cibercrimen.

El mismo día el juez Marcelo Malvar envió un oficio a la dirección de Meta solicitando los IP de las computadoras donde se habrían creado cuentas a nombre de Mauvezín.