LESA HUMANIDAD

Este fin de semana se conoció una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarando inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad —incluyendo la tortura— cometidos durante la dictadura.

Para esto la SCJ declaró inconstitucionales los arts. 2 y 3 de la ley 18.831 (Pretensión Punitiva del Estado / Restablecimiento para los Delitos Cometidos en Aplicación del Terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985).

Al respecto, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) expresó ayer su "profunda consternación" por los contenidos de tal sentencia, y recordó que fue dictada por una mayoría de tres de sus ministros. La institución dijo sentir "la obligación de llamar a la reflexión sobre los nefastos efectos que acarrea la opción tomada por la mayoría de la SCJ".

En una declaración difundida ayer en su sitio web, la Inddhh afirmó que "esta no es la primera vez que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país se ven defraudadas por la SCJ", y recordó que "desde 1988 cuando la corporación declaró (en fallo similarmente dividido) la constitucionalidad de la ley de Caducidad —entendiendo además que aquella norma no violaba la independencia judicial—, hasta el fallo que hoy motiva esta comunicación, varias sentencias han contribuido a consolidar un grado de impunidad sin parangón en la región".

La institución denuncia también que "el efecto acumulativo de tales decisiones agudiza el impacto de cada sentencia individual. Esto tiene devastadoras consecuencias para las víctimas, para la sociedad y para la posición de nuestro país en el concierto internacional".