El gobierno había accedido en diciembre a otorgar un 8% de incremento salarial

Fallo avala 26% para judiciales

Los funcionarios judiciales le ganaron al gobierno la primera batalla en el litigio por un aumento salarial del 26%. Un fallo de la jueza Josefina Tommasino Ferraro, en lo civil de 19° Turno, le dio la razón a los 3.800 judiciales que entablaron el pleito, aunque el gobierno todavía tiene la instancia de apelación. Si pierde, le significarán unos 50 millones de dólares.

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En 2014 distorsionaron el sistema judicial con una serie de medidas. Foto: Francisco Flores.

Desde 2011 los funcionarios judiciales reclaman el aumento salarial del 26%, en base a la ley de Presupuesto que entró en vigencia el 1° de enero de ese año. Este fallo es un golpe al Poder Ejecutivo frente al conflicto de los judiciales, que estalló el año pasado y que todavía tiene paralizada algunas áreas del sistema judicial.

"(La Justicia) ha determinado no solamente que teníamos razón sino también que hubo una irresponsabilidad del Poder Legislativo importante", dijo a El País Gustavo Signorele, secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación de Funcionarios Judiciales e integrante de la Mesa Representativa del Pit-Cnt.

Signorele opinó que esto es una respuesta a un conjunto de leyes "votadas de apuro y teledirigidas". "Ha quedado demostrado que los trabajadores tenían razón y que cuando plantearon esto no era una locura", agregó.

Seguidilla.

El reclamo de los funcionarios judiciales surgió porque la ley de Presupuesto vigente desde 2011 dispuso un aumento del 26% a los ministros de Estado, el que también incluía a los jueces, actuarios y defensores de oficio. Esa ley presupuestal estableció aumentos de salarios para los ministros del Poder Ejecutivo hasta igualar con los diputados y senadores, y debió hacerse extensivo a todos los funcionarios judiciales, dado que los aumentos de estos van "enganchados" con los de los jueces.

Sin embargo, el gobierno de José Mujica, a los pocos meses, dejó sin efecto el aumento a los funcionarios mediante una ley interpretativa que los "desengachaba". Esta fue declarada inconstitucional y al año siguiente el Poder Ejecutivo volvió a "desengancharlos" mediante una ley de Rendición de Cuentas, lo que también fue declarado inconstitucional.

La Suprema Corte, en tanto, entiende que el incremento que corresponde es del 21,6%, cifra que dista bastante del 8% dado por el gobierno y que se acerca al 26% solicitado por los funcionarios judiciales.

La Ley 19.310 que otorga a jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio el 8% de aumento (ver nota aparte) fue aprobada en diciembre de 2014 pero aún no fue reglamentada.

Inicialmente el Senado había aprobado el proyecto de ley tal como lo envió el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en Diputados fue modificado y se eliminó el "desenganche" que promovía el Frente Amplio, con lo que solamente los jueces mantendrían el beneficio de cobrar un porcentaje de lo que ganan los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Ese beneficio, que los gremios judiciales habían logrado durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez luego de años de reclamo, fue mantenido por Diputados y por eso el proyecto tuvo que volver al Senado que ratificó los cambios al texto solamente con los votos del Frente Amplio.

El conflicto, que se arrastra desde hace ya cuatro años, provocó diversas reacciones en el gobierno y la oposición.

El expresidente Mujica fustigó duramente a los sindicatos judiciales y registrales por rechazar el aumento del 8%, porque consideró que "hay cosas que pueden ser legales pero no son justas ni éticamente ni moralmente".

La oposición, en tanto, rechazó la aprobación de la Ley 19.310, argumentando que esta es "inconstitucional" en varias de sus disposiciones.

El fallo de la jueza Josefina Tommasino es retroactivo a la primera sentencia de inconstitucionalidad de la ley interpretativa del Presupuesto. No otorga totalmente lo solicitado por los judiciales, que pedían retroactividad desde 2011, por eso el cálculo de 56 millones de dólares inicial se verá parcialmente disminuido.

Condición.

Aunque según los funcionarios no sería "negocio" para el gobierno, el Poder Ejecutivo (Ministerio de Economía) y la Suprema Corte de Justicia podrán apelar la sentencia, por lo que el aumento de 26% no será inmediato. Además, éste se otorgará siempre y cuando la Ley 19.310, que otorga el 8%, no sea reglamentada.

Según explicó Signorele, el fallo de Tommasino indica que este aumento se otorgará íntegramente en el caso de que la Ley 19.310 no comience a aplicarse. En el caso que el Poder Ejecutivo la reglamente, aclaró, se deberá hacer un nuevo cálculo para definir qué aumento se fijará entre el 26% reclamado y el 8% otorgado por la Ley. "Es algo interpretativo", acotó Signorele.

"Esa ley (la 19.310) fue hecha para el caso que la Justicia nos diera un fallo favorable", opinó el funcionario. De esta manera se responsabiliza del aumento a la Suprema Corte y no al Poder Ejecutivo. "Pero no importa porque la sentencia de ayer condena directamente al Poder Ejecutivo a pagar", explicó.

Conflicto.

El actual conflicto judicial provocó reiterados retrasos en la actuación de la Justicia.

Los sindicatos mantienen negociaciones paralelas con el gobierno y definen, a su vez, paralizaciones que frenan el accionar.

La Asociación de Actuarios Judiciales es la que se mantiene más radical en el conflicto, lo que provoca severos retrasos.

Jaqueados por la falta de funcionarios y de actuarios debido al conflicto salarial, los jueces penales de turno de Montevideo se vieron obligados en diciembre a elegir los casos que llevaban a cabo, priorizando las situaciones graves y dejando de lado los delitos de menor entidad.

En este contexto de paralización prácticamente total del Poder Judicial, los cuatro jueces penales de cada turno en Montevideo, que atienden los casos que se generan en las 25 seccionales policiales de la capital, no podían desarrollar su tarea de manera normal y optaron por no instruir casos menores como hurtos y lesiones culposas por no tener capacidad para ello.

La paralización siguió en pie hasta el inicio de la Feria Mayor y se mantiene intermitente en función de las acciones de los diferentes sindicatos.

Al asumir como presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak afirmó que va a invitar a la Asociación de Funcionarios Judiciales, a la Asociación de Actuarios y a la Asociación de Magistrados para volver a convocar a la comisión intergremial que trabajó en el presupuesto del año 2005.

"Vamos a volver a transitar el camino del diálogo entre todos los gremios para las mejores soluciones para el presupuesto y superar este diferendo que se arrastra desde hace cuatro años", indicó el nuevo presidente de la Suprema de Justicia.

Magistradosesperan a Vázquez.

La Asociación de Magistrados del Uruguay se declaró en un cuarto intermedio permanente y anunció que, por el momento, no tomará ninguna medida de fuerza ni realizará paros. El gremio se reunió en asamblea el pasado fin de semana y decidió solicitar una reunión con el flamante presidente Tabaré Vázquez para intentar concluir el conflicto. Según informaron a El País, Vázquez aún no respondió este pedido pero esperan que lo haga en cualquier momento.

Funcionarios reclamarán inconstitucionalidad.

Los funcionarios judiciales realizarán hoy un nuevo paro por reclamos salariales. Los trabajadores realizarán una asamblea general y una marcha hacia la Suprema Corte de Justicia "a los efectos de la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19.310", según explican en un comunicado.

Gustavo Signorele, secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación de Funcionarios Judiciales, dijo a El País que en caso de que la Suprema Corte no acepte el recurso, se procederá por medio de los abogados del gremio.

Mediante esta ley, el Poder Ejecutivo estableció un aumento salarial del 8% para todos los funcionarios del Poder Judicial. Todos los gremios del Poder Judicial (jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio) se pronunciaron en contra de la ley aprobada y ya habían anunciado volver a tomar acciones, entre ellas un recurso de inconstitucionalidad.

Los funcionarios aspiran a que la Ley 19.310 nunca se reglamente o se implemente una marcha atrás por parte del Ejecutivo. De aprobarse, el fallo en favor de los judiciales deberá reverse, ya que la sentencia aclara que se expidió en función de lo que disponga esta norma.

Los trabajadores consideraron a la norma como un "atropello cometido por los poderes Ejecutivo y Legislativo (...) que busca de forma arbitraria la solución de un conflicto sin tener en consideración la voluntad de pago manifestada anteriormente por el Poder Ejecutivo".

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